En el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres recordamos las medidas cautelares que nos ofrece la Ley Olimpia frente a la violencia digital.
Tal como lo había hecho con la Ley de Emergencia en Discapacidad y luego de que el Congreso haya rechazado ambos vetos y logrado la insistencia con dos tercios de ambas cámaras, el Ejecutivo dijo que no las implementará por el artículo 5° de la ley de ejecución de presupuesto.
Si bien el Senado dio media sanción, la Cámara de Diputados no aprobó el artículo para que los decretos se consideren válidos cuando ambas cámaras lo dispongan en el plazo de 90 días corridos desde su publicación, por lo que, vuelve el proyecto a la Cámara Alta.
Materia única, plazos de 90 días para su tratamiento y rechazo por una sola Cámara para derogarlo, entre las principales modificaciones de los seis proyectos que se tratarán este jueves en el recinto.
El proyecto presentado por la Diputada Silvia Lospenatto busca imponer multas que pueden ir hasta los 130 millones de pesos para quienes generen y/o difundan contenidos manipulados, hechos o declaraciones manifiestamente falsos o descontextualizados, con el fin de incidir en el resultado electoral.
Dentro de las Resoluciones publicadas se encuentran los rechazos a la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal y la transformación de diversos Institutos.
El Poder Ejecutivo Nacional desestimó el planteo de una empresa alimenticia que cuestionó la aplicación del Decreto 151/2022, reglamentario de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642 y reafirmó la validez del sistema de etiquetado.
Se publicó un decreto que establece los lineamientos y responsabilidades de cada jurisdicción y el Estado Nacional disminuye su actuar.
Con la reciente sanción de la Ley 15.520, la Provincia endurece las restricciones para quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria. La norma amplía el alcance del Registro de Deudores Alimentarios Morosos e impide que accedan a ciertos beneficios y cargos públicos.
El día 7 de abril del corriente el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció el inicio de la aplicación del nuevo sistema en la órbita federal.