La nueva normativa estableció las categorías de usuarios residenciales y no residenciales, como también, un esquema de segmentación en la facturación de la provisión.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, a través del decreto 3044/2024, estableció un nuevo sistema en la facturación del servicio público de agua potable y desagues cloacales con un esquema de segmentación de usuarios a los fines de cobro de tarifas diferenciales.
La nueva normativa representa un cambio del sistema tarifario del servicio que presta la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) que distingue entre dos categorías de usuarios, una novedad dado que antes de este cambio no se reconocian diferencias y el sistema tarifario era igual para todos.
Se establece, por un lado, los "residenciales" que "comprende a las unidades de facturación que se corresponden con inmuebles cuyo destino es el de vivienda para uso particular, en la que el agua es utilizada para usos ordinarios de bebida, higiene y elaboración doméstica de alimentos". Se trata, concretamente, de los hogares de la provincia.
De otra parte, la categoría "no residenciales" que está determinada como "las unidades de facturación que se corresponden con inmuebles en los que se desarrollan actividades comerciales o industriales, sean públicas o privadas, o donde se presten servicios de cualquier naturaleza y cuyo destino no esté contemplado en la categoría Residencial".
A partir de esa diferenciación se establece un sistema de tarifas diversas donde se prioriza los hogares por sobre los establecimientos comerciales o industriales, a los fines de la accesibilidad del servicio público de agua. Concretamente, se establece que el cobro del servicio para "no residenciales" surge de un cálculo del modulo de tarifa de residenciales multiplicada en un coeficiente de 1.3.
A su vez, dentro de la categoría "no residencial" también se discrimina en subcategorías de usuarios con el criterio de a mayor consumo tienen una tarifa más alta.
El decreto, suscripto por el gobernador Axel Kicillof, establece también la obligación de la empresa ABSA de notificar a los usuarios sobre esta modificación del sistema de factuación del servicio.
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