En agosto se realizarán en el Senado las audiencias públicas de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El 30 de septiembre finaliza la presidencia de Horacio Rosatti frente al Máximo Tribunal. Un repaso por las decisiones administrativas y judiciales dictadas durante su mandato.
Se aproximan meses de definiciones para la integración de la Corte Suprema de Justicia. El 21 y el 28 de agosto se celebrarán ante la Comisión de Acuerdos del Senado las audiencias públicas en las que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla podrán responder a las observaciones y consultas formuladas sobre sus candidaturas. El 30 de septiembre concluye el mandato de Horacio Rosatti como Presidente y de Carlos Rosenkrantz como Vicepresidente del Máximo Tribunal, por lo que los supremos deberán definir quiénes serán las autoridades para los próximos tres años. Además, el 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda alcanza los 75 años de edad y dejará su cargo.
El presidente Javier Milei propuso al juez federal Ariel Lijo para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en 2021 y al catedrático Manuel García Mansilla para el lugar que se producirá tras la salida de Maqueda. Esta decisión despertó cuestionamientos por parte de distintas asociaciones civiles y entidades académicas que reclamaron paridad de género en la composición de la Corte. Incluso, se iniciaron diversas acciones judiciales en ese sentido. Entre ellas se destaca el amparo colectivo promovido por la Red de Mujeres para la Justicia, Amnistía Internacional, entre otros, donde solicitaron que el Senado se abstenga de avanzar con la designación de los dos candidatos varones propuestos.
Luego de que se realicen las audiencias públicas, y tal como lo prevé la Constitución Nacional, Lijo y García Mansilla deberán contar con el acuerdo de dos tercios de los miembros presentes del Senado, en sesión pública convocada al efecto. Luego, el Poder Ejecutivo deberá firmar su decreto de designación.
Cumplidos esos requisitos, los nuevos supremos estarían en condiciones de integrarse al Máximo Tribunal, que tiene en sus estrados causas de impacto institucional, por ejemplo la inconstitucionalidad del “Mega DNU 70/2023” y los reclamos de diversos gobernadores por la distribución de los fondos coparticipables, entre otras.
En paralelo, también se esperan otras decisiones de relevancia en el cuarto piso de Talcahuano 550. Cabe recordar que el 23 de septiembre de 2021 se dictó la Acordada 18/2021 en la que se designó a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz como Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema “a partir del 1° de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2024”. El mecanismo para el nombramiento y la duración están previstos en el artículo 79 del Reglamento Nacional de la Justicia.
Hay que tener presente que, luego de que la Corte dictase sentencia en el caso “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, donde se declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080 que regulaba la composición del Consejo de la Magistratura y se exhortó al Congreso a que dicte una nueva ley que respete el equilibrio de los estamentos. Hasta que eso ocurra, y tal como lo establecía la normativa anterior, el Presidente del Máximo Tribunal preside el Consejo de la Magistratura de la Nación, por lo que desde abril de 2022 que Horacio Rosatti también encabeza este órgano constitucional.
En ese marco, se destaca que entre el 2023 y el 2024 el Plenario del Consejo de la Magistratura elevó 81 ternas (una cantidad superior en comparación a la totalidad de las ternas remitidas al Poder Ejecutivo en los cinco años anteriores). También, se aprobó la realización de concursos anticipados (Resolución 377/2023). Este procedimiento busca dotar de mayor celeridad la cobertura de vacantes y, si bien había sido incorporado en 2013 por la Ley 26.855, nunca se había reglamentado. En los primeros 7 concursos convocados a tal efecto hubo 1400 inscriptos.
A meses de que finalice el mandato referido, y de cara a la futura integración de la Corte, resulta de interés hacer un repaso por las medidas más relevantes dictadas en materia administrativa y judicial. A continuación, se propone una síntesis ilustrativa estructurada en 5 ejes:
1) HABILITACIÓN DE TRIBUNALES, INFRAESTRUCTURA, CONTRATACIONES Y TRANSPARENCIA
En materia de habilitaciones, se destaca que en el año 2022 la Corte Suprema habilitó los juzgados federales de Pehuajó, Concordia, San Fernando del Valle de Catamarca y Victoria. Asimismo, en el año 2023, se habilitó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Córdoba, se aprobó la creación de cargos y autorizó a la Cámara Federal de esa jurisdicción para que tome juramento a los jueces que lo integran (Acordada 31/2023). El Tribunal había sido creado en el año 2010 a través de la Ley 26.632.
También, cabe destacar que desde la Corte y el Consejo de la Magistratura se impulsó un plan de infraestructura donde la primera resolvió la asignación de personal para las intendencias de las Cámaras Federales de Bahía Blanca, Corrientes y Mar del Plata, Resistencia, Posadas y Paraná (resoluciones 1773/2023, 1779/2023, 1780/2023, 1993/2023, 1994/2023 y 2026/2023). Sobre este punto, se señala que hacía más de 20 años que no se creaban intendencias en las cámaras del país.
En materia de transparencia y Derecho Administrativo es preciso resaltar que a través de la Acordada 38/2023 la Corte aprobó un nuevo Régimen de Contrataciones que procura preservar los principios generales de la contratación administrativa y garantizar la economía y sencillez en los trámites. También, dispuso la obligatoriedad del uso del Expediente Electrónico Administrativo mediante el Sistema de Gestión de Expedientes Administrativos –SGEA–, para todos los expedientes administrativos que deban tramitarse en su ámbito interno (Acordadas 20/2022 y 4/2023).
En ese mismo sentido, se añade que el Consejo de la Magistratura estableció el “Sistema Electrónico de Contrataciones del Poder Judicial de la Nación - PJN COMPRA” para la gestión integral, electrónica y despapelizada de todas las modalidades de contrataciones previstas en la normativa del organismo (Resolución 201/2024).
Por otra parte, se han adoptado medidas para el avance del sistema acusatorio. La Corte y el Consejo de la Magistratura han trabajado de manera conjunta de cara a su implementación en las jurisdicciones de Rosario y de Mendoza. El Máximo Tribunal creó 16 cargos de funcionarios y de personal administrativo, técnico y de servicio en la dotación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, para su oficina judicial (Resolución 651/2024). A su vez, hizo lo propio para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (Resolución 1575/2024).
2) SUPERINTENDENCIA, REESTRUCTURACIÓN DE SECRETARÍAS Y RECURSOS HUMANOS
En materia de superintendencia también hubo modificaciones de relevancia. En primer lugar, se observa que se reestructuraron las secretarías en las que tramitaban esos asuntos: se jerarquizó la Secretaría Jurídica General y se la separó de la Secretaría General de Administración (Acordada 11/2023). Hasta ese momento, desde el año 2015 que la Dirección Jurídica General dependía de esta última secretaría. En ese marco, el Tribunal sustituyó al secretario general de administración Daniel Marchi, quien se desempeñaba en el cargo desde 2008, y designó al contador público nacional Gerardo Gabriel Prataviera como titular de la Secretaría General de Administración (Acordada 20/2024).
Otro punto interesante es que la Corte creó la Dirección de Asuntos Contenciosos y asumió, por sí misma, la defensa de sus intereses en sede judicial. Hasta entonces, por la aplicación de la ley 17.516 de 1967 y el decreto 411/80, el tribunal delegaba su defensa y representación judicial en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.
En el ámbito del Consejo de la Magistratura, también hubo una reestructuración de las áreas internas. Entre las modificaciones introducidas se destaca la designación del nuevo Administrador General del Poder Judicial de la Nación, Alexis Varady, contador público nacional.
En materia de recursos humanos resulta importante mencionar que, en cumplimiento de lo previsto en la ley 27.636 del 2021, la Corte Suprema creó un registro de aspirantes en el que podrán inscribirse personas travestis, transexuales y transgénero que se postulen para ingresar a trabajar al Máximo Tribunal (Acordada 23/2023).
En lo referido al área jurisdiccional, y con motivo del incremento en la cantidad de expedientes penales que ingresaban a la Secretaría Judicial N° 3 Penal de la Corte, el Máximo Tribunal creó la Secretaría Penal Especial. Allí se asignaron todas las causas referidas a juicios de lesa humanidad, competencia penal, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus (Acordada 18/2024).
3) LENGUAJE CLARO EN EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
En un contexto de expansión del lenguaje claro en el ámbito judicial, la Corte Suprema de Justicia aprobó los “Lineamientos generales de sentencias claras”. También, conformó un grupo de trabajo interno permanente con las funciones de monitorear los fallos dictados y elaborar propuestas para mejorar la redacción (Resolución 2640/2023). A su vez, la Corte se incorporó a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible de la Real Academia Española (Resolución 654/2024).
En ese mismo sentido, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó las “Pautas lingüísticas para la redacción de providencias, comunicaciones y despachos claros” y las “Pautas lingüísticas para la redacción de sentencias y resoluciones claras” (Resolución 204/2024). Además, estipuló un esquema de capacitación para el personal judicial en cabeza de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación.
4) SENTENCIAS RELEVANTES
A comienzos de este año, desde Palabras del Derecho se hizo una selección de los 10 fallos más importantes de la Corte Suprema dictados en el 2023. Entre ellos cabe mencionar los precedentes “Uñac” y “Manzur”, relativos a las impugnaciones a sus candidaturas como gobernadores, y “Masacre de Napalpí”, sentencia que había ordenado indemnizar a una asociación que decía representar a una comunidad Toba, como consecuencia de actos de violencia perpetrados en 1924.
Por otra parte, durante los años anteriores se destaca la sentencia dictada en “Etcheverry”, donde se le ordenó al Poder Ejecutivo que cese en su omisión inconstitucional y cumpla con su obligación de reglamentar la existencia de salas maternales y guarderías en las empresas. También, el fallo “Denegri”, donde el Máximo Tribunal rechazó la pretensión de Natalia Denegri de desvincular su nombre de Google. Consideró que tal acción constituye una restricción indebida a la libertad de expresión no amparada en el “derecho al olvido”.
Otro precedente de interés lo configura la sentencia “Patrono Santiago” y “Virgen del Carmen de Cuyo”, donde la Corte entendió que aquellas festividades se encontraban vinculadas a la historia y tradición cultural provincial.
En cuanto a los precedentes dictados en el 2024, en materia de Derecho Laboral se destaca el fallo “Oliva”, donde se dejó sin efecto una sentencia de la Cámara del Trabajo que, en un juicio laboral, aplicó el Acta 2764 que determinaba los intereses a aplicar. El Máximo Tribunal consideró que los intereses fijados por el acta derivaban en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo.
En el ámbito del Derecho Constitucional ha tenido impacto la reciente sentencia dictada en “Garay”, donde se rechazó una acción de amparo en la que se cuestionaba la constitucionalidad de la obligación del uso del cinturón de seguridad, por entender que no había una interferencia indebida a la autonomía personal.
5) CAMBIOS EN LA OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Luego de que se ordenada una auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) sobre el período 2008-2021 (Acordada 22/2021, del 07/10/2021), en el año 2022 se aprobó el nuevo estatuto de la obra social. Además, se modificó la composición de su directorio, conformado por cinco miembros, uno de los cuales es propuestos por el estamento de los trabajadores y otro por el de magistrados y funcionarios (Acordadas 1/22 y 28/2022). Como presidente del directorio se designó al médico Mariano Althabe.
Asimismo, el tribunal llevó adelante un concurso para seleccionar a los tres auditores –médico, abogado y contador– que, según el Estatuto de la Obra Social, deben conformar el órgano de control de dicha entidad (resoluciones 1983/2023 y 655/2024).
Conforme surge de su sitio web, la Obra Social recibió la certificación ISO 9001:2015 por la excelencia en los distintos procedimientos de calidad de gestión, digitalizó su cartilla y los carnets de sus afiliados, incorporó canales de atención digital y la receta electrónica, eliminó el bono en papel que debían presentar sus afiliados, entre otras medidas.