La comuna denegó los permisos por una supuesta deuda tributaria de la empresa. La cautelar de la justicia federal se funda en el carácter esencial de los servicios TIC y en la exención de la que gozaría la firma.
El juez federal Santiago José Martín, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por AMX Argentina S.A., y ordenó a la Municipalidad de General Pueyrredón otorgar los permisos para que la actora pueda realizar las obras de instalación de una red de fibra óptica que mejoraría la prestación del servicio de telecomunicaciones en la ciudad de Mar del Plata.
Las obras son parte de un proyecto de expansión de redes que la empresa está llevando a cabo, pero que estaría imposibilitada de concretar por la negativa del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) y del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) de la comuna, fundada en una deuda que tendría la firma en concepto de derechos por ocupación y uso del espacio público.
Para resolver favorablemente la cautelar requerida por AMX, el juez tuvo en particular consideración que la normativa vigente declara servicio público a las TICs y a las redes de telecomunicaciones, eximiendo además de todo gravamen al uso del suelo y del espacio aéreo del dominio público con destino a la prestación de tales servicios.
En particular, destacó que el desarrollo de tecnologías de la información posibilita el acceso de todos los usuarios de la ciudad de Mar del Plata a dichos servicios en condiciones sociales y geográficas equitativas, lo que resulta "de alto interés público".
Además, indico que no puede desconocerse que la situación de emergencia derivada del COVID-19 y la consecuente disminución de circulación de personas configuran una situación excepcional que "impone la necesidad de otorgar una inmediata y eficaz protección a los derechos derivados de la comunicación" por lo que el acceso a las TICS cobra incluso mayor relevancia.
La comuna tendrá 15 días para otorgar los permisos, mientras que la firma accionante deberá iniciar la demanda en un plazo de 10 días luego de trabada la medida. Caso contrario, esta última caducará y las autorizaciones quedarán sin efecto.