- miércoles 08 de octubre del 2025
Así lo estableció la justicia porteña ante un pedido de un abogado respecto a acciones tomadas por el Gobierno de la Ciudad en el marco de la pandemia.
La jueza María Alejandra Biotti rechazó la acción de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña contra el Consejo de la Magistratura.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña habían pedido que el Senado se abstenga de darle tratamiento a sus pliegos.
Hacemos un repaso por las principales normas sancionadas por el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año que pasó y de los proyectos más relevantes que se encuentran en trámite.
El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que dispone su reintegro a la Sala II. El magistrado había concursado para ese cargo y contó con acuerdo del Senado, pero en el 2018 solicitó su traslado a otro tribunal.
Entre ellos se encuentra el concurso N°461 destinado a cubrir dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña. El plazo de inscripción se extiende hasta el 8 de febrero.
La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ahora debe definir si decreta una cautelar.
El fallo ordena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires no computar las faltas y/o quita de vacantes a los alumnos que no asistan a clases presenciales durante los próximos quince días.
La medida ordena a la empresa a brindar un eficiente servicio de internet a raíz del amparo presentado por una mujer con discapacidad.
La justicia porteña suspendió el cobro del impuesto del 1,2 por ciento sobre las liquidaciones de las tarjetas de crédito dispuesto por el gobierno de la ciudad a fines del año pasado.
El fallo advierte además, que la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, podría ser multada en caso de no cumplir con la medida.
Una decisión del juez federal Lara Correa en la causa iniciada por los docentes nucleados en la CTERA y UTE Capital.
El dictamen firmado por el Procurador Casal sostiene que hasta tanto no se transfieran las competencias judiciales a la Ciudad, la Corte Suprema es la única legitimada para revisar sentencias de tribunales nacionales con asiento en la Ciudad.
Una decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en la causa de gremios docentes.
Se trata del predio de 72 hectáreas ubicado en la Costanera Sur. El juez ordenó suspender el tratamiento legislativo del proyecto hasta tanto se acompañe un estudio de impacto ambiental y se acredite la realización de una audiencia pública.
La medida establece la prohibición del acceso de ganado en pie a la Ciudad de Buenos Aires mientras avanzan las obras del Mercado Agroganadero en Cañuelas.
En segunda lectura, el cuerpo legislativo de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el cambio de normativa urbanística que le permitirá al club la construcción del estadio en Avenida La Plata.
El juez consideró que la audiencia pública es un requisito indispensable antes de avanzar con el proyecto en la ex ciudad deportiva de Boca, pero que ésta puede ser unificada con la audiencia que se exige entre la primera y la segunda lectura de la ley.
Será obligatorio para aquellos delitos con penas máximas en abstracto igual o superior a 20 años.
Así lo votó la Legislatura porteña, al modificar el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires.
Breves reflexiones de Guido Risso sobre la reciente aprobación de la ley que habilita al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional
Un análisis de Raúl Gustavo Ferreyra, a partir de la ley sancionada por la Legislatura porteña que habilita al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional.
El análisis de Andrés Gil Dominguez a raíz de aprobación de la ley que habilita al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional. ¿Qué propuso el Consejo Consultivo?
El análisis de Pedro A. Caminos en torno a la ley sancionada en la Legislatura porteña, que habilitó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad a revisar decisiones de la Justicia Nacional.
Votada en la Legislatura porteña el pasado 30 de septiembre, el Poder Ejecutivo porteño publicó la norma que modifica el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, el Gobierno de la Ciudad deberá publicar en su página web las vacantes disponibles en tiempo real.
La Cámara Nacional en lo Civil determinó que la ley 6.452 sancionada por la legislatura porteña resulta inconstitucional por vulnerar el principio de jerarquía normativa y entrometerse en facultades del Congreso de la Nación.
El fiscal Gilligan reiteró que la transferencia de competencias debe hacerse a través de un convenio entre el Gobierno Nacional y de la Ciudad, ratificado en el Congreso de la Nación.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires planteó la falta de legitimación procesal de la Asociación Civil Gente de Derecho, rechazándose por tal motivo la acción de amparo.
Se trata del acuerdo firmado entre la firma IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia porteña consideró que no se dio cumplimiento a la convocatoria a audiencia pública previo a la remisión del proyecto a la Legislatura porteña.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
Se da luego de que el Tribunal Superior de Justicia verificara el cumplimiento de la presentación de firmas del 1,5% del padrón electoral requerido para el tratamiento en la Legislatura.
Fue a través de una resolución del Ministerio de Educación, donde establece que la enseñanza y las comunicaciones oficiales deben evitar el uso de la @ o de las letras "es" y "xs".
Es la primera oportunidad que un proyecto llega a través de este mecanismo al recinto de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así lo decidió la Sala I de la Cámara Federal porteña. Un agente de la Procuración General de la Nación denunció que las autoridades del organismo previsional incurrieron en delitos de acción pública por negarle el beneficio jubilatorio en el marco de la Ley 24.018 (Régimen del Poder Judicial de la Nación).
El juez Santiago Carrillo dictó una medida cautelar por considerar que la legislatura porteña no podía modificar unilateralmente la transferencia de competencias y funciones, sino que éstas deben hacerse por medio de convenios con el Estado Nacional.
Se lo condenó a la pena de un año y cinco meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de daño agravado por impedir el libre ejercicio policial.
Se trata de un video hecho con inteligencia artificial que fue difundido por usuarios identificados con La Libertad Avanza, donde se veía al ex presidente anunciando la baja de la candidatura de Silvia Lospenatto. El Tribunal Electoral porteño consideró que ello puede inducir a cambiar el voto mediante engaños y remitió la causa al Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de un delito.
Así lo decidió la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Es en el marco de una acción promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
