- Friday 13 de November del 2026
El máximo tribunal estableció pautas para determinar el estado de salud de las personas privadas de la libertad y verificar si los establecimientos penitenciarios cuentan con los recursos necesarios para garantizar sus tratamientos médicos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Resolución N.º 2867/2026, aprobó un protocolo elaborado por el Cuerpo Médico Forense destinado a unificar los criterios técnicos y científicos utilizados para evaluar el estado de salud de las personas privadas de la libertad y las posibilidades de recibir tratamiento adecuado dentro de los establecimientos penitenciarios.
La decisión, suscripta por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, tiene como antecedente la Acordada 21/2026, mediante la cual el Tribunal había encomendado la elaboración de un instrumento que permitiera orientar las decisiones judiciales sobre la procedencia de la prisión domiciliaria por razones de salud.
El protocolo comprende los supuestos contemplados en el artículo 10, incisos a), b) y c), del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660, referidos a personas cuya permanencia en prisión impida su recuperación o tratamiento médico adecuado, que padezcan enfermedades incurables en período terminal o que presenten discapacidades incompatibles con las condiciones de alojamiento.
En esta primera versión, su ámbito de aplicación se circunscribe a personas mayores de 18 años, procesadas o condenadas, alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
El documento organiza el procedimiento de evaluación en dos ejes complementarios. El primero se concentra en el examen del estado de salud de la persona detenida, mediante informes médicos, psicológicos y, cuando corresponda, evaluaciones odontológicas, psiquiátricas y estudios complementarios.
Las pericias deberán identificar las patologías existentes, los tratamientos indicados, las necesidades asistenciales y los eventuales riesgos que la permanencia en prisión pueda generar para la salud de la persona.
El segundo eje exige verificar las condiciones concretas de detención y la capacidad real del establecimiento penitenciario para garantizar los tratamientos necesarios. Para ello, deberán examinarse, entre otros aspectos, la disponibilidad de profesionales de la salud, medicamentos, infraestructura sanitaria, atención de urgencias, posibilidades de traslado a hospitales y accesibilidad de las instalaciones.
Uno de los criterios centrales del protocolo establece que la existencia formal de un servicio médico no resulta suficiente para acreditar la posibilidad de brindar un tratamiento. En tal sentido, dispone que “la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”, por lo que deberá verificarse su funcionamiento efectivo en relación con las necesidades de cada persona.
Para ello, las autoridades penitenciarias deberán proporcionar información documentada sobre las prestaciones disponibles, la historia clínica del interno, la provisión de medicamentos y las interconsultas realizadas, entre otros antecedentes. Estos datos podrán contrastarse con informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos especializados.
El protocolo también establece un sistema de cinco categorías para uniformar las conclusiones de las evaluaciones médicas, según la posibilidad de garantizar los tratamientos necesarios:
Categoría A: el tratamiento puede realizarse en el establecimiento penitenciario.
Categoría B: el tratamiento resulta posible bajo determinadas condiciones que deberán cumplirse y verificarse.
Categoría C: el tratamiento no puede realizarse en la unidad donde se encuentra alojada la persona, pero existen alternativas dentro del sistema, como el traslado a otro establecimiento o la atención hospitalaria.
Categoría D: el tratamiento no resulta realizable en condiciones adecuadas dentro del ámbito penitenciario.
Categoría E: la información disponible resulta insuficiente para arribar a una conclusión pericial.
El documento aclara expresamente que estas categorías no determinan ni recomiendan por sí mismas la concesión o denegación de la prisión domiciliaria, ya que esa decisión corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional competente.
En ese sentido, el protocolo constituye una herramienta técnico-pericial destinada a proporcionar elementos objetivos para la valoración judicial, sin modificar las causales legales que regulan el instituto.
Entre otras medidas, el Cuerpo Médico Forense recomienda la conformación de un legajo de salud dentro del sistema de gestión judicial LEX100, destinado a concentrar la documentación sanitaria y los informes interdisciplinarios correspondientes a cada persona detenida.
Asimismo, prevé mecanismos de relevamiento de los servicios de salud penitenciarios y la actualización periódica de los criterios técnicos, con una primera revisión propuesta a los seis meses.
Finalmente, la Corte ordenó publicar el protocolo en su página web y en el Boletín Oficial, y disponer su comunicación a las cámaras con competencia penal, a los tribunales bajo su superintendencia y a las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo Nacional.
Accedé a la resolución y al protocolo completo
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Resolución N.º 2867/2026, expediente N.º 5034/2026, 12 de noviembre de 2026.
¿Te resultó útil lo que acabás de leer? Podés apoyarnos para que continuemos en esta tarea. Contribuí con tu suscripción para que nuestro contenido siga siendo abierto y podamos brindarte un servicio cada día mejor. Suscribirse.
.jpg)
