- Friday 13 de November del 2026
El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público de la Defensa provincial contra la sentencia que había revocado la declaración de inconstitucionalidad del artículo 26 del Decreto 2218/94. Consideró que no se había demostrado arbitrariedad en el pronunciamiento ni una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y la cuestión efectivamente debatida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja interpuesta por el Ministerio Público de la Defensa de La Pampa contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial, que había rechazado una acción de amparo dirigida a cuestionar la constitucionalidad del artículo 26 del Decreto 2218/94, reglamentario de la Ley provincial 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre.
El conflicto se había originado a partir de una acción promovida por la Defensora Civil Ana Carolina Díaz, en representación del Ministerio Público de la Defensa, con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo 26 del Decreto 2218/94, por considerar que la utilización de perros en la caza deportiva con jauría provoca sufrimiento animal y vulnera garantías constitucionales y disposiciones nacionales e internacionales de protección ambiental y de la fauna silvestre.
La norma cuestionada establece las condiciones para el traslado de los perros utilizados en esa modalidad de caza, disponiendo que deben transportarse en vehículos con caja cerrada en sus laterales y techo, o en jaulas que impidan su salida sin ayuda externa.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa había hecho lugar al amparo y declarado la inconstitucionalidad del artículo 26. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia provincial hizo lugar al recurso extraordinario local interpuesto por la Provincia y revocó esa decisión.
Para ello, consideró que el decreto constituía un reglamento de ejecución y que el Poder Ejecutivo no había excedido sus facultades, dado que la Ley 1194 no prohíbe expresamente la utilización de jaurías ni establece restricciones específicas respecto de los medios empleados en las modalidades de caza que autoriza. También entendió que la discusión sobre el estatus jurídico de los animales y la eventual modificación del régimen vigente correspondía al ámbito legislativo, como espacio institucional adecuado para abordar la cuestión de manera amplia e integral.
Contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación dio lugar a la queja finalmente desestimada por la Corte Suprema.
Entre sus agravios, sostuvo que la sentencia recurrida presentaba una fundamentación aparente, al no examinar adecuadamente el sufrimiento animal ni los planteos vinculados con la protección de la biodiversidad. También cuestionó que se remitiera la discusión al ámbito parlamentario, por entender que ello implicaba resignar el ejercicio de la función judicial de control de constitucionalidad.
Para resolver, el Tribunal remitió a los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuradora Fiscal, Laura Mercedes Monti, quien consideró que los agravios de la recurrente remitían al examen de cuestiones regidas por el derecho público local y que no se había configurado un supuesto de arbitrariedad de sentencia.
Señaló que la parte actora había cuestionado específicamente el artículo 26 del decreto reglamentario, que establece las condiciones para el traslado de los perros utilizados en la caza con jauría, pero no había impugnado concretamente las disposiciones de la Ley 1194 que autorizan las distintas modalidades de caza deportiva. En ese sentido, entendió que los argumentos relativos al sufrimiento animal y a la protección de la biodiversidad no alcanzaban a refutar los fundamentos de la sentencia provincial.
Asimismo, sostuvo que la invocación genérica de normas constitucionales, ambientales y de protección de la diversidad biológica no resultaba suficiente para habilitar la instancia extraordinaria federal. Recordó que, conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley 48 (recurso extraordinario federal), es necesario que exista una relación directa e inmediata entre la cuestión federal invocada y la materia efectivamente debatida en el proceso, circunstancia que consideró no acreditada en el caso.
Finalmente, la Corte Suprema, por remisión a los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuradora Fiscal, desestimó la queja. No obstante, agregó expresamente que lo resuelto no implicaba pronunciamiento alguno sobre la Ley provincial 1194, dado que dicha norma no había sido cuestionada por la actora en la demanda ni había sido materia de decisión en la causa.
¿Te resultó útil lo que acabás de leer? Podés apoyarnos para que continuemos en esta tarea. Contribuí con tu suscripción para que nuestro contenido siga siendo abierto y podamos brindarte un servicio cada día mejor. Suscribirse.
.jpg)
