- Friday 13 de November del 2026
Dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Entre Ríos, que había rechazado el amparo de una madre que reclamaba un proyecto pedagógico individual para su hija.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de una madre de la localidad entrerriana de Rosario del Tala que reclama educación inclusiva para su hija adolescente con discapacidad, que no está escolarizada. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había declarado inadmisible el amparo, y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento. Los jueces consideraron que la justicia provincial incurrió en un “exceso ritual manifiesto” y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva.
El fallo reafirma un criterio que la Corte ya había aplicado frente a la misma norma provincial. Según ese criterio, la admisibilidad del amparo no puede decidirse con un análisis meramente formal, porque esa vía existe para proteger derechos de manera efectiva y no para resguardar competencias. Además, la existencia de otros caminos que impidan su uso no puede evaluarse en abstracto, sino según las circunstancias concretas de cada caso.
La madre había promovido la acción contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos para que se elaborara un Proyecto Pedagógico Individual que garantizara la trayectoria educativa completa de su hija. El juez de primera instancia le dio la razón y ordenó elaborar ese proyecto en un plazo de 20 días. Al llegar el caso al Superior Tribunal provincial, se revocó esa decisión porque había un expediente administrativo en trámite sobre la misma cuestión, y entendió que la ley local impedía recurrir a ambas vías.
La Corte sostuvo que la sentencia provincial no explicó por qué el trámite administrativo era una alternativa idónea y efectiva, y que se limitó a mencionarlo sin analizar su utilidad. Señaló que las propias autoridades educativas habían dejado asentado en ese expediente que ya habían realizado todas las intervenciones y presentado a la madre todas las propuestas disponibles en la zona. Para el tribunal, eso indica que el procedimiento estaba concluido o, al menos, no servía para resolver el conflicto. Frente a esa situación, los jueces provinciales debían actuar con rapidez y no detenerse en formalismos que impidieran el acceso a la Justicia.
Por eso, afirmó que “los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que —atendiendo a los derechos involucrados— no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”.
Según el expediente, las autoridades educativas habían ofrecido un cambio a la modalidad de escuela integral, el cursado de solo cuatro materias (Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología) y luego una vacante en una escuela especial. La madre rechazó esas propuestas y la adolescente dejó de asistir a la secundaria.
En su voto propio, Lorenzetti recordó que el juez de primera instancia había considerado que el programa reducido dejaba afuera los ejes educativos principales y no cumplía el estándar mínimo de la normativa provincial. Agregó que el derecho a la educación “es operativo” y habilita a su titular a exigir su implementación, y pidió que la nueva sentencia se dicte con la urgencia que el caso requiere. El ministro sostuvo que “la claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración”. Por eso, concluyó que ese derecho es operativo, que habilita a su titular a exigir su implementación y que la nueva sentencia debe dictarse con la urgencia que el caso requiere.
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