- Thursday 12 de November del 2026
El tribunal internacional consideró que el juicio político realizado en 2003 vulneró la independencia judicial al disponer la remoción del magistrado por los criterios jurídicos expresados en sus sentencias. Además, ordenó al Estado regularizar su situación previsional y pagar indemnizaciones del fallecido ex magistrado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por la destitución de Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, quien fue removido de su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2003, mediante un juicio político llevado adelante por el Congreso Nacional.
En la sentencia del caso “Moliné O’Connor vs. Argentina”, notificada este jueves 12 de noviembre, el tribunal internacional concluyó que la destitución del magistrado, fundada en la causal de “mal desempeño”, se sustentó en los criterios jurídicos que había expresado al resolver causas judiciales, circunstancia que resultó incompatible con las garantías de independencia judicial.
El pronunciamiento tiene su origen en el juicio político desarrollado durante 2003 por la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, que culminó con la remoción del entonces integrante del máximo tribunal. La Corte IDH consideró que la utilización de las decisiones jurisdiccionales como fundamento de la destitución comprometió la independencia judicial, protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, el tribunal advirtió deficiencias en la fundamentación de distintas decisiones adoptadas durante el procedimiento de juicio político. A ello se sumó la ausencia de una respuesta judicial adecuada frente a los recursos promovidos por Moliné O’Connor para cuestionar su destitución, ya que las autoridades judiciales no abordaron debidamente los agravios planteados.
La Corte Interamericana también examinó las consecuencias patrimoniales y previsionales de la remoción. En particular, determinó que la revocación de la pensión vitalicia del exmagistrado, derivada de su destitución arbitraria, vulneró sus derechos. Además, constató que el proceso judicial iniciado para impugnar aquella decisión se prolongó injustificadamente durante más de una década.
En consecuencia, el tribunal declaró que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También consideró vulnerados los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, previstos en los artículos 23.1.c), 21 y 26 del mismo instrumento, todos ellos en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en su artículo 1.1.
El tribunal concluyó, además, que las violaciones constatadas ocasionaron una afectación al proyecto de vida de Moliné O’Connor.
En materia de reparaciones, la Corte IDH estableció que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado argentino regularizar el régimen de la pensión que correspondía al exmagistrado, publicar y difundir el pronunciamiento y abonar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como las costas y gastos determinados en la decisión.
Por último, el tribunal señaló que corresponde a las autoridades internas interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional, que regula las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de juicio político, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares desarrollados en su jurisprudencia
Organismo: Corte Interamericana de Derechos Humanos
Causa: “Moliné O’Connor vs. Argentina”, sentencia notificada el 12 de noviembre de 2026.
¿Te resultó útil lo que acabás de leer? Podés apoyarnos para que continuemos en esta tarea. Contribuí con tu suscripción para que nuestro contenido siga siendo abierto y podamos brindarte un servicio cada día mejor. Suscribirse.
.jpg)