La justicia federal le otorgó legitimación al Defensor del Pueblo municipal para tramitar un amparo colectivo
La Cámara Federal de Mar del Plata reconoció al Ombudsman de General Pueyrredón para accionar contra los recortes tarifarios. La resolución destacó el impacto local de las medidas y la anomia institucional provocada por la vacancia de 17 años en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó la resolución de primera instancia que había rechazado in limine la acción de amparo colectivo iniciada por el Defensor del Pueblo del Partido de General Pueyrredón, Marcelo Pablo Lacedonia, contra el Ministerio de Economía de la Nación. El juez de grado había desestimado el planteo tras considerar preliminarmente que el organismo municipal carecía de legitimación procesal activa para cuestionar normas emanadas de autoridades nacionales.
La demanda colectiva promovida impugna la norma nacional que derogó el criterio bioclimático de la Ley 25.565 —el cual asignaba bonificaciones al consumo de gas natural por redes a las áreas geográficas denominadas "zona fría"— reemplazándolo por el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que mantiene el régimen previo únicamente para la Patagonia, Malargüe y La Puna.
Según el planteo del Ombudsman local, la medida excluyó de los beneficios a los usuarios de Mar del Plata y del resto del partido, afectando de forma directa a grupos en situación de especial vulnerabilidad social, económica y de salud.
La anomia institucional por la vacancia del Ombudsman nacional
Al redactar el voto preopinante —al que adhirió el juez Alejandro O. Tazza—, el magistrado Eduardo P. Jiménez remarcó que la evaluación de la legitimación activa debe articularse con el contexto institucional que atraviesa el país. En esa línea, la resolución enfatizó la grave anomia provocada por la vacancia del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que permanece desocupado desde abril de 2009 tras la renuncia de su titular, Eduardo Mondino.
El tribunal señaló que los encargados interinos de la institución nacional carecen de las plenas facultades constitucionales otorgadas por los artículos 43 y 86 de la Ley Fundamental, estando impedidos de intervenir válidamente en juicio para la tutela de derechos colectivos.
En su voto concurrente, el juez Santiago J. Martín recordó que la vacancia de más de 17 años constituye una omisión irregular que ya fue advertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia exhortativa del caso "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad" (CEPIS). Por ende, obturar la actuación de los defensores locales generaría una desprotección ciudadana incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva.
Impacto local, vulnerabilidad y principio de no regresividad
A diferencia de los casos donde se impugnan políticas públicas de alcance nacional uniforme, la Alzada subrayó que el reclamo no controvierte facultades legislativas en abstracto, sino el impacto directo y localizado que la reforma produce sobre la población del Partido de General Pueyrredón. El fallo ponderó la alta vulnerabilidad del colectivo representado, integrado por usuarios de escasos recursos, adultos mayores, personas con patologías severas y sectores afectados por índices de desocupación local.
Asimismo, el tribunal encuadró la controversia en el principio pro actione y en la regla de no regresividad en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), tutelados por los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. A su vez, revalidó la atribución conferida al Defensor local por el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 26.185 para abogar por los derechos colectivos o difusos de la comunidad, en resguardo de la autonomía y el margen de apreciación municipal (art. 123 CN).
Revocación y trámite de la medida cautelar
En su parte dispositiva, la Cámara resolvió por unanimidad revocar la decisión atacada, otorgar al Defensor del Pueblo del Partido de General Pueyrredón legitimación suficiente para accionar en tutela constitucional urgente y eximir de costas de Alzada dada la falta de contraparte.
En consecuencia, ordenó la inmediata devolución de las actuaciones al Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata para que proceda al análisis de la medida cautelar solicitada y determine la sustanciación del trámite con carácter de proceso colectivo.
Accedé a la resolución judicial. Causa: “Lacedonia, Marcelo Pablo c/ Ministerio de Economía Estado Nacional y otro s/ Amparo colectivo” (Expte. FMP 27165/2026). Organismo: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
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