- Friday 31 de July del 2026
El Poder Ejecutivo sustituyó la normativa vigente desde 1991 para remover "exigencias obsoletas" que dificultaban la entrada de nuevos prestadores al servicio. La norma reafirma la inscripción sin límites numéricos, liberaliza el traslado de profesionales y faculta a la autoridad portuaria para fijar tarifas máximas.
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el dictado del Decreto 690/2026, aprobó un nuevo reglamento de servicios de practicaje y pilotaje para ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina, que deroga el régimen vigente desde 1991, bajo el argumento de que aquel contenía requisitos desproporcionados que, ante el avance tecnológico, se transformaron en barreras de entrada que encarecían la logística y afectaban la competencia.
Según los considerandos del decreto, la reforma se fundamenta en los principios de desregulación y simplificación administrativa de la Ley Bases N° 27.742.
En cuanto al acceso a la profesión, el reglamento ratifica que la Prefectura Naval Argentina debe inscribir en el registro a todo profesional que reúna las condiciones de idoneidad sin límite de número. No obstante, la nueva norma hace hincapié en la eliminación de regulaciones previas que el Ejecutivo calificó como inidóneas para la seguridad y distorsivas para el mercado. El decreto consagra además la libre contratación, permitiendo que los usuarios acuerden servicios con los prácticos en carácter de profesionales independientes.
Asimismo, se autoriza la libre contratación de servicios de transporte terrestres, acuáticos o aéreos para el traslado de los especialistas, y se permite que embarcaciones comerciales con certificación múltiple realicen el transporte de prácticos siempre que cumplan estándares de seguridad.
De acuerdo a la normativa, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) será la encargada de determinar tarifas máximas que incluyan todos los conceptos propios del servicio, prohibiendo el cobro de adicionales no autorizados por el organismo.
Por último, la reforma amplía las exenciones de uso de práctico para capitanes —argentinos o extranjeros con dominio de inglés— que acrediten experiencia regular en zonas específicas, buscando reducir los costos del flete internacional en áreas donde la seguridad de la navegación no se encuentra comprometida.
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