- sábado 14 de febrero del 2026
Reforma laboral, nuevo régimen penal juvenil, adecuación del régimen de preservación de los glaciares y Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, dentro de los temas que el Poder Ejecutivo busca impulsar antes del inicio del período ordinario.
El Congreso de la Nación inicia este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo y previsto hasta el 27 de febrero. El temario concentra iniciativas de alto impacto institucional, económico y social, que el oficialismo busca tratar antes del inicio del período ordinario el 1° de marzo.
La agenda legislativa incluye proyectos vinculados a la reforma del régimen laboral, el sistema penal juvenil, la protección ambiental de glaciares, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de algunas designaciones y eventuales iniciativas complementarias. La discusión se dará en un contexto de negociaciones intensas, dado que el Gobierno no cuenta con mayorías propias en ninguna de las cámaras.
El eje central del debate será la reforma laboral, presentada por el Ejecutivo como una “ley de modernización” orientada a reducir la litigiosidad, promover el empleo registrado y dotar de mayor previsibilidad al sistema. El proyecto propone modificaciones relevantes en materia de contratación y despido, con ajustes en el régimen indemnizatorio y la introducción de nuevos instrumentos de desvinculación laboral. Asimismo, se impulsa una redefinición del rol de la negociación colectiva, con mayor protagonismo de los convenios por actividad, y se prevén mecanismos para desalentar la judicialización de conflictos laborales. Otro punto sensible del proyecto es la reducción de cargas y aportes, lo que ha abierto un frente de negociación con las provincias por su impacto fiscal y coparticipable.
Junto con la reforma laboral, el temario incorpora la reforma del régimen penal juvenil, una iniciativa que busca reemplazar el sistema vigente desde 1980. El proyecto propone establecer un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes y habilita la reducción de la edad de imputabilidad —actualmente fijada en 16 años— para determinados delitos graves, con umbrales que oscilan entre los 13 y 14 años según las versiones en debate. La iniciativa contempla un sistema diferenciado, con sanciones específicas, medidas socioeducativas y dispositivos institucionales propios, aunque ha generado fuertes cuestionamientos desde sectores académicos y organismos de derechos humanos, que advierten sobre su compatibilidad con estándares internacionales y la ausencia de políticas integrales de prevención.
Otro de los proyectos incluidos es la modificación de la Ley de Glaciares y del régimen de protección del ambiente periglacial. La propuesta apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una función hídrica comprobada. Además, se refuerza el rol de las provincias en la delimitación y administración de esas áreas, con un registro nacional que actúe como marco de coordinación. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, especialmente en zonas cordilleranas, organizaciones ambientalistas advierten que podría implicar un retroceso en la tutela de recursos estratégicos.
El temario se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación legislativa resulta necesaria para su eventual entrada en vigor. El acuerdo prevé una liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios entre ambos bloques, con plazos diferenciados para sectores sensibles. Aunque el Ejecutivo lo presenta como una oportunidad estratégica de inserción internacional, su implementación enfrenta obstáculos adicionales, dado que el Parlamento Europeo aún debe concluir sus evaluaciones internas y existen cuestionamientos jurídicos pendientes en el ámbito comunitario.
Finalmente, las sesiones extraordinarias podrían incluir la consideración de designaciones diplomáticas y otras iniciativas puntuales, cuya incorporación dependerá de los consensos que se logren durante el desarrollo del período.
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