- jueves 02 de abril del 2026
Por Constanza Estepa (*) y Marcelo A. Maisonnave (**)
Invitados en Palabras del Derecho
El reciente Decreto 3218/25 del gobernador Maximiliano Pullaro, que propone a Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini para cubrir las tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, activa formalmente un mecanismo constitucional pero revela una profunda contradicción con los principios democráticos, constitucionales y convencionales. Aunque el procedimiento se ajusta relativamente a la letra de la reformada Constitución Provincial en tanto se confía la postulación al Poder Ejecutivo, su ejercicio ha sido el de una elección a puertas cerradas, sin espacios genuinos de participación ciudadana en la discusión y la selección de quienes integrarán el máximo tribunal de la provincia.
No se trata aquí de una crítica personal a los postulantes que atraviesan actualmente la etapa de escrutinio público, sino al método ejercido y a los criterios utilizados en la selección de Pullaro, quien nuevamente -al igual que en la reforma constitucional- muestra una tendencia a tomar decisiones de manera apresurada, sin procesos participativos y subordinando todo a los intereses coyunturales.
Este acto consolida una realidad que transforma el poder en nuestra provincia: en apenas dos años, el actual gobierno habrá designado a seis de los siete integrantes de la Corte. Ejercer una renovación tan amplia y acelerada, concentrada en una sola voluntad política, consideramos que es una oportunidad perdida para promover un consenso democrático basado en el diálogo con sectores de la sociedad civil y política. Lejos de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, esta práctica no acompaña a la construcción de confianza pública y desaprovecha la oportunidad de construir una Corte con amplio respaldo social y diversidad de miradas.
Organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles, sindicatos y ciertos sectores del ámbito académico fueron marginados de cualquier consulta significativa. Incluso dentro del marco vigente, el gobernador pudo –y debió– haber convocado audiencias públicas o conformado un consejo asesor plural para evaluar perfiles previamente a definir sus postulaciones. Optar por el hermetismo no solo es una opción política regresiva, sino que ignora que la justicia, para ser legítima, debe ser percibida como emanada del pueblo. Más aún teniendo en cuenta que en nuestro país el Poder Judicial sigue siendo una de las instituciones que más desconfianza genera en la población, en tanto un 86% tiene una imagen mala o regular del sistema judicial (encuesta realizada por Isonomía en 2021); de igual manera el Índice de Confianza en la Justicia elaborado por la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella es de 47,5 sobre 100 (relevamiento de noviembre de 2023).
Un aspecto especialmente grave de esta designación es su flagrante desdén por el principio de igualdad de género, recientemente elevado a mandato constitucional en la provincia. Como denunciaron la Red Mujeres para la Justicia y otros organismos, proponer dos varones y sólo una mujer –reproduciendo exactamente la fórmula utilizada en 2024– contradice el texto constitucional que ordena "procurar la paridad de género" (artículo 118). Esta postulación perpetuaría una Corte con cinco magistrados varones y sólo dos mujeres, ignorando que la paridad es un reparto igualitario de poder (50/50), no un mero cupo simbólico. Así lo establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, instrumentos jerarquizados en el art. 2 de la Constitución de Santa Fe recientemente reformada.
Vale decir que la reforma constitucional de 2025, si bien incorporó mejoras en líneas generales, dejó pasar la oportunidad de establecer un límite temporal para los mandatos de los magistrados en la Corte, una medida fundamental para garantizar renovaciones periódicas –por ejemplo cada 15 o 18 años– y prevenir el enquistamiento o la dependencia política de largo alcance. Tampoco se debatió seriamente, en el seno de la Convención, la incorporación de modelos de designación más participativos, como el implementado recientemente en México, donde la ciudadanía tiene una voz decisiva en la integración de los tribunales. Su ausencia en Santa Fe no es una fatalidad, sino una decisión política.
Frente a este escenario, corresponde a la Legislatura Provincial asumir su rol con la máxima responsabilidad. Senadores, diputados y diputadas deben realizar una evaluación exhaustiva, crítica e independiente de los candidatos, exigiendo idoneidad jurídica, compromiso probado con los derechos humanos, paridad de género y territorial. Deben abrir sus puertas a las voces de la sociedad civil, y si el resultado de dicho proceso marca diferencias sustanciales, tanto en la forma de designación como en las cualidades de los candidatos, el gobernador debe escuchar la voz de la ciudadanía y tener la humildad suficiente para introducir los cambios que correspondan.
La Corte Suprema de Santa Fe se encuentra en un punto de inflexión. La designación de la mayoría de sus integrantes en un período tan breve, mediante un proceso opaco y que menosprecia la paridad, plantea severos interrogantes, dado que al no haber límites temporales (más allá del tope de 75 años de edad) puede ser una Corte que perdure durante décadas. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que debe priorizar la Corte santafesina? A nuestro modo de ver, se vienen enormes desafíos en materia de derecho previsional, laboral, ambiental, tributario, derechos culturales, defensa del consumidor, función social de la propiedad, garantías penales y persecución al crimen organizado, derechos de las mujeres, libertad de expresión, derechos digitales y dimensión social de la comunicación, derecho a la educación y la salud, autonomía municipal, entre otras. ¿La Corte postulada por el gobernador Pullaro, garantiza la diversidad e idoneidad suficiente para avanzar en tales líneas? ¿Se tuvieron en cuenta estas necesidades?
Si el problema inicial para el titular del Poder Ejecutivo fue la búsqueda de una renovación judicial urgente, esta no puede llevarse a cabo reproduciendo los vicios y métodos de la vieja política. En un contexto nacional donde la vigencia del Estado de Derecho y del sistema republicano muestra claras señales de debilitamiento —una Corte Suprema de la Nación con gravísimas fisuras en su legitimidad y un Poder Ejecutivo que avanza por sobre el Congreso para eliminar protecciones y políticas públicas de promoción a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos—, Santa Fe no debe acoplarse a esta degradación de las instituciones. Por el contrario, más allá de formalismos, nuestra provincia tiene la responsabilidad de dar el ejemplo y defender activamente los principios que están siendo erosionados.
(*) Abogada, Magíster en Derechos Humanos y docente en la Facultad de Derecho UNR.
(**) Abogado, Magíster en Derechos Humanos y docente en la Facultad de Derecho UNR.
