Un grupo formado por miembros del Consejo Interuniversitario Federal, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales presentó el texto ante la Cámara de Diputados de la Nación. En 2024, la ley sancionada en el Congreso fue vetada por el presidente Javier Milei.
Un grupo de rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron la propuesta de una nueva Ley de Financiamiento Universitario ante la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Como la ley anterior fue vetada por Javier Milei, ahora proponen establecer una fuente de financiación sin crear impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado.
Oscar Alpa, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional expresó que la propuesta implica “una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional”. El texto fue laborado junto a representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
En los fundamentos del proyecto se menciona la motivación basada en el reconocimiento de la educación como un derecho humano universal y bien público y social, “en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática”.
Recordemos que la Constitución Nacional establece en su artículo 75 que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
El proyecto incluye mejoras en las becas estudiantiles, en el presupuesto asignado, en la obligatoriedad de la convocatoria a paritarias, la recomposición salarial, entre otras iniciativas. El propio CIN advirtió que la situación en tema de salarios no puede sostenerse debido a que más del 70% de trabajadores/as perciben ingresos “por debajo de la línea de pobreza”. Además el presupuesto otorgado a las universidades para este año representa solo el 50% de lo requerido para su funcionamiento, lo que derivó en reducción significativa de actividades académicas en cuanto a investigación y extensión.
El objetivo del proyecto es garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina. En su artículo 3 propone una recomposición salarial, encomendando al PEN convocar a paritarias para garantizar la recuperación del poder adquisitivo tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, el Consejo Interuniversitario Nacional invita al Gobierno a transferir mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdiccion 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”.
La “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, “sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece”.
El proyecto propone crear un Fondo para Carreras Estratégicas de manera anual de $10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país.
Sobre el final el texto propone incrementar progresivamente el presupuesto destinado a la educación universitaria hasta alcanzar en 2031, como mínimo, una participación del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año.
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