- lunes 24 de marzo del 2025
Por Juan Andrés Pisarello (*)
Inivtado en Palabras del Derecho
I- Democracia y reforma constitucional: la participación es un derecho, no una opción
Una reforma constitucional que no contemple la consulta y participación de la sociedad y los sindicatos responde únicamente a intereses coyunturales y a la consolidación de un poder sin contrapesos. La legitimidad de cualquier cambio en la Carta Magna depende de su construcción a partir de consensos amplios y no de mayorías circunstanciales.
Como se ha demostrado en experiencias comparadas, la deliberación abierta y plural es el único mecanismo que permite evitar reformas impuestas que generen crisis de legitimidad y desconfianza en las instituciones democráticas.
El Gobierno Provincial ha impulsado este proceso a través de mayorías legislativas automáticas, un mecanismo pocas veces visto en la historia institucional de la Provincia. Consideramos que cualquier modificación de la Constitución de la Provincia de Santa Fe debe estar vinculada a las necesidades reales del pueblo y de la clase trabajadora, basada en un debate amplio e inclusivo que involucre a todas las fuerzas políticas y actores sociales, en especial al movimiento obrero.
En virtud de las máximas de Trabajo Decente de OIT (que la Provincia de Santa Fe ha suscripto) se expone la falta de diálogo por parte del Gobierno Provincial. No se ha consultado a organizaciones sindicales representativas del movimiento sindical, lo que demuestra una preocupante falta de ética en el manejo de un tema de esta magnitud. La reforma de la Constitución no puede ser impuesta sin un verdadero pacto social que priorice el consenso sobre los intereses sectoriales.
La Constitución Provincial es el pilar de nuestra convivencia democrática. Modificarla sin un amplio acuerdo es un grave error. Aún más cuando el actual Gobierno ha recibido facultades legislativas excepcionales antes de plantear la necesidad de una reforma. Esto nos lleva a formular una pregunta legítima: ¿Cuál es la verdadera necesidad de este proceso? Si se busca un cambio estructural, debe hacerse con participación ciudadana y respeto a la institucionalidad.
Además, en la teoría democrática, la imparcialidad en la toma de decisiones solo se garantiza cuando los sectores afectados pueden intervenir activamente en la discusión y justificar sus posturas. Omitir esta instancia implica erosionar la relevancia moral del gobierno y reducir el proceso constitucional a una mera formalidad sin sustento democrático.
II- Una reforma con un único objetivo: la reelección
El Gobierno no ha abundado en fundamentos sólidos para justificar una reforma de esta envergadura. Las propuestas carecen de sustento en términos de derechos fundamentales o mejoras estructurales para la provincia. La única certeza es el intento de habilitar la reelección del Gobernador, lo que genera serios cuestionamientos políticos y éticos.
Si analizamos el tratamiento de la ley de necesidad de reforma (Ley Provincial N° 14.384), queda en evidencia que, en diciembre de 2024, el debate legislativo no incluyó una discusión real sobre los artículos a modificar. El proceso se ha basado en mayorías circunstanciales y responde más a intereses partidarios que al bienestar general.
La reelección indefinida debilita la alternancia democrática, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en recientes fallos sobre otras provincias. En las democracias modernas, un proceso de reforma constitucional debe incluir un debate abierto con la ciudadanía para identificar errores, mejoras y acuerdos fundamentales.
En el caso de Santa Fe, el Ejecutivo y su mayoría legislativa han omitido este paso clave, ignorando a las organizaciones sindicales y a otros actores de la sociedad civil.
Sin un proceso deliberativo genuino, cualquier reforma constitucional pierde legitimidad y se convierte en una imposición de las mayorías parlamentarias de turno.
III- Convencionales constituyentes: el diálogo está en cabeza de ustedes
La justificación de cualquier cambio constitucional debe partir de un proceso de discusión abierto, donde los argumentos sean contrastados y debatidos con total transparencia. Como se ha demostrado en diversas experiencias, la exclusión de voces críticas y la falta de deliberación generan modelos políticos que se alejan del ideal democrático e incrementan el poder de algunos grupos en detrimento de la voluntad popular. Al momento esto ha sucedido en la Provincia con la ley de necesidad de reforma constitucional: el impulso unilateral y la falta de discusión hacia la sociedad empobreció cualitativamente el proceso constituyente. Hay que fortalecerlo.
Reiteramos que una reforma de esta magnitud no puede avanzar sin un debate democrático amplio y sin la participación activa de todos los sectores. La Constitución no es un instrumento de conveniencia política, sino el pacto social que rige nuestra convivencia. Cualquier intento de modificarla sin el debido consenso es un retroceso para la democracia y para los derechos de los trabajadores.
Es fundamental entonces que el proceso constituyente que se impuso pueda refundarse: las y los convencionales constituyentes, están a tiempo de impulsar las consultas correspondientes con los sindicatos y los actores sociales. La corrección mutua de errores a partir del intercambio entre poderes públicos y la sociedad puede hacer de esta Constitución un instrumento legítimo. Estamos a tiempo.
(*) Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Miembro del Instituto de Derecho Constitucional del CASF.
