- sábado 07 de diciembre del 2024
Por Walter Martello (*)
Invitado en Palabras del Derecho
El pasado 14 de noviembre, Argentina se convirtió en el único país que votó en contra de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas destinada a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, en particular las vinculadas a los entornos digitales.
Este acto no solo resulta alarmante por su aislamiento del consenso global, sino que también representa un profundo retroceso en la histórica lucha por los derechos de las mujeres y niñas en nuestro país y en el mundo.
En un país donde la violencia de género es una de las problemáticas más urgentes, con un femicidio cada 32 horas y el 70% de las mujeres habiendo experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, esta decisión resulta incomprensible. Más aún, en un contexto donde instituciones y organismos internacionales, como ONU Mujeres y Amnistía Internacional, insisten en que la violencia de género constituye una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y devastadoras.
Argentina, que ha sido pionera en la región con leyes como la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, ahora parece retroceder en su compromiso con la protección de derechos humanos básicos. Este voto negativo, además de ser un acto político, transmite un mensaje equivocado a nivel internacional: un alejamiento de los estándares globales de derechos humanos y de los compromisos asumidos en instrumentos clave como la CEDAW y la Convención de Belem do Pará.
No debemos olvidar que detrás de estas cifras y tratados están las historias de mujeres y niñas que diariamente enfrentan violencia física, psicológica, económica y sexual. Según informes del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, una de cada tres mujeres sufrió algún tipo de violencia en 2023, una realidad que exige un compromiso político sin fisuras para protegerlas y apoyarlas.
Es inconcebible que, en lugar de redoblar esfuerzos para combatir esta crisis, Argentina elija desmarcarse de una resolución que busca promover soluciones y acciones coordinadas a nivel mundial. Este voto no solo socava nuestra credibilidad como país comprometido con los derechos humanos, sino que también pone en riesgo los avances logrados y la confianza de millones de mujeres que han depositado sus esperanzas en un sistema que las defienda.
Corresponde expresar un contundente repudio institucional y exigir que el Poder Ejecutivo revise esta posición de inmediato. No se trata solo de un gesto político; es una cuestión de vida o muerte para miles de mujeres.
Argentina no puede permitirse este retroceso. Necesitamos reforzar nuestras políticas públicas, cumplir con las recomendaciones internacionales y adoptar una postura firme en foros globales como la ONU. Es nuestra responsabilidad como sociedad y como Estado seguir avanzando hacia un país donde ninguna mujer tenga que temer por su vida, donde sus derechos sean plenamente garantizados y donde la igualdad de género sea una realidad tangible.
El compromiso no puede quedar en palabras vacías o en conquistas del pasado. El futuro exige acción, coherencia y valentía. Que esta lamentable decisión sirva como un llamado urgente a rectificar el rumbo y a consolidar el compromiso de Argentina con los derechos de las mujeres y niñas, dentro y fuera de nuestras fronteras.
(*) Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires
