- viernes 17 de enero del 2025
Lo hizo el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, ante la Justicia Criminal Federal de la Capital.
El presidente Alberto Fernández el pasado 1º de marzo anunció que se denunciaría penalmente a los funcionarios del gobierno de Macri por las presuntas irregularidades cometidas al tomar el préstamo con el FMI y ese aviso se concretó ayer con la presentación de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la jueza María Eugenia Capuchetti, donde ya existía una causa en trámite (la Nº 3561/2019) por esos mismos hechos.
La denuncia sostiene que Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos. Y, en ese marco, "ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, quien en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado".
Añadieron que "los imputados violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305), soslayando la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación (decreto 1344/07) y evitando la opinión previa del Banco Central de la República Argentina respecto del impacto de la operación en la balanza de pagos (art. 61 de la ley 24.156)".
"Se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad", concluyó la denuncia.
