- miércoles 29 de octubre del 2025
Conforme el decreto presidencial, desde el 9 de noviembre hasta esa fecha regirá la suspensión del curso de los mismos.
"El imputado tiene derecho a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal".
El máximo tribunal fue crítico con los "tiempos muertos" de los expedientes y la extensa duración en la tramitación de los recursos en el fuero penal de la provincia de Buenos Aires.
En una nota dirigida a la Suprema Corte bonaerense, recomendó medidas para cuidar al personal judicial y a las personas que asisten a los juzgados ante el crecimiento de casos de coronavirus.
La Acordada va en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, con el objetivo de disminuir la atención presencial y la concurrencia de profesionales en los tribunales.
El máximo tribunal de la provincia se expresó en dos decisiones importantes acerca de la prescripción de la acción penal por el juzgamiento en un plazo irrazonable y afectaciones al non bis in idem y el debido proceso.
Según el máximo tribunal, las legislaturas provinciales no son competentes para prever nuevas causales de prescripción de la acción penal, en tanto esta es una facultad reservada al Congreso de la Nación.
De esta manera reafirmó los criterios adoptados en fallos precedentes que fijaron una línea clara sobre la materia.
La medida alcanza a los contribuyentes afectados por la bajante del río Paraná
La medida también alcanza al régimen de Bienes Personales
La adhesión a la moratoria podrá realizarse hasta el 29 de abril.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
Así lo dispuso al revocar una decisión que declaró extemporáneo el recurso de casación, por contar el plazo de notificación desde la lectura del fallo y no desde la notificación personal al condenado en prisión.
La Corte Suprema consideró irrazonable la duración un proceso penal contra una persona que –siendo menor- robó cuarenta pesos en el año 2003 y por el que todavía no se había realizado un juicio. Criticó la alusión de la Cámara que descartó la configuración de un perjuicio concreto por el hecho de haber transitado el proceso en libertad.
Reducción de tres a dos años en el plazo mínimo de los contratos, posibilidad de actualizaciones cuatrimestrales y cambios en los índices para ajustar el precio, entre los principales cambios.
Contratos en pesos, con duración mínima de 3 años y posibilidad de actualizaciones cada 6 meses por índice salarial. Ahora Diputados deberá votar si insiste con su proyecto o acepta las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
Contratos en pesos, con duración mínima de 3 años y posibilidad de actualizaciones cada 6 meses por índice salarial, algunos de las nuevas previsiones que modifican la ley 27.551.
"El imputado tiene derecho a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal".
Un nuevo aniversario del precedente que significó un avance con la aplicación de la garantía convencional del “plazo razonable” en un procedimiento administrativo que demoró más de veinte años en ser resuelto.
A través del decreto 730/2024, se reglamentaron aspectos que aceleran el ingreso de dichas sociedades al Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.
Las fechas para incorporarse al Régimen de Regularización de Activos, medida impuesta por la Ley de Medidas Fiscales y Paliativas N ° 27.743, abarcan del 31 de octubre de 2024 al 31 de abril de 2025.
El Máximo Tribunal entendió que la prolongación del proceso por casi 20 años vulneró la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y dispuso la extinción de la acción penal por prescripción.
La suspensión dispuesta por la Suprema Corte bonaerense, rige para el 19 de mayo en todos los organismos de ese Departamento Judicial.
En la causa “Ledesma” la Suprema Corte bonaerense modificó su doctrina legal, aplicando el plazo establecido en el art. 4027 inc. 3 del Código Civil, por tratarse de una obligación periódica.
La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inexigibles los cargos reclamados por la DGA en el marco de una importación temporaria, al considerar que el trámite —que se extendió por 25 años— vulneró la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable.
