- miércoles 29 de octubre del 2025
La jueza María Alejandra Biotti rechazó la acción de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña contra el Consejo de la Magistratura.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña habían pedido que el Senado se abstenga de darle tratamiento a sus pliegos.
Se trata de tres magistrados que fueron asignados a nuevos tribunales sin el acuerdo del Senado, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
También, sancionó la prórroga de las sesiones remotas, la modificación de la Ley de Pesca y la creación del Fondo Nacional de la Defensa.
El Decreto dictado por el Presidente Alberto Fernández se da luego de que en el día de ayer, el Senado rechazara prestar acuerdo para sus traslados, por lo que los mismos deberán volver a sus tribunales de origen.
Señal del máximo tribunal penal del país de que dichos funcionarios deberán volver a sus cargos de origen
Un análisis constitucional sobre los traslados de magistrados, las acordadas de la Corte Suprema de Justicia y las resoluciones del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Los magistrados le habían requerido la licencia extraordinaria hasta que se resuelva su situación funcional con respecto a sus cargos.
En su escrito, ratificó que los traslados de los magistrados se hicieron en violación al artículo 99 inc. 4° de la Constitución Nacional y que la pretensión debía haberse entablado contra el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación.
De esta forma, Castelli permanecerá provisoriamente a cargo del TOF N°7 hasta tanto se resuelva el fondo de la causa por la que inició el amparo.
Así lo decidió la jueza federal Macarena Marra Giménez. En la sentencia retomó los argumentos del fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en la causa de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El magistrado se desempeñaba en la Sala II, cargo para el que concursó y contó con acuerdo del Senado. Sin embargo, en el 2018 pidió ser trasladado a otro tribunal y actualmente presta funciones en el TOCF N°2 de San Martín.
El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que dispone su reintegro a la Sala II. El magistrado había concursado para ese cargo y contó con acuerdo del Senado, pero en el 2018 solicitó su traslado a otro tribunal.
Los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens consideraron que las actividades llevadas a cabo por la AFI se encontraban justificadas por tener como "único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interiors".
Así lo decidió la Sala I de la Cámara Federal porteña. Un agente de la Procuración General de la Nación denunció que las autoridades del organismo previsional incurrieron en delitos de acción pública por negarle el beneficio jubilatorio en el marco de la Ley 24.018 (Régimen del Poder Judicial de la Nación).
El actual juez de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correcional Federal había demandado al expresidente por sus opiniones acerca de que ocupaba un lugar de forma contraria a la Constitución, ello por haber sido trasladado.
Se trata de la causa donde se la acusa de incitación a la discriminación por publicaciones en la red social X donde comparaba el Estado de Israel con el régimen nazi. También se confirmó la traba del embargo por 10 millones de pesos.
