Así lo dispuso el Ministerio de Justicia este viernes mediante la resolución 247/2026.
Este viernes el Gobierno Nacional autorizó a posponer la implementación del Código Procesal Penal Federal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba para el 8 de marzo de 2027. Se tiene en consideración que aún restan tareas de adecuación edilicia, espacios para la oficina judicial y completar la infraestructura necesaria para desarrollar las audiencias.
La medida se oficializó mediante la resolución 247/2026 registrada en la última edición del Boletín Oficial de la República Argentina y cuenta con la firma del ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques.
Esta política de Estado ya se instauró en 9 distritos federales, abarcando las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también en regiones de la Provincia de Buenos Aires a través de las jurisdicciones de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Los distritos restantes a aplicar el nuevo sistema son las provincias de Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, así como en sectores de la Provincia de Buenos Aires a través de las jurisdicciones de La Plata y San Martín, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tal como indicó el Gobierno, en Córdoba y La Rioja se presenta una estructura compleja por lo que resulta necesario realizar evaluaciones específicas de las condiciones organizacionales, operativas, de infraestructura, tecnología y recursos humanos.
Teniendo en cuenta la extensión del distrito cordobés, la centralidad logística y vial así como la relevancia estratégica de sus corredores nacionales e internacionales, “generan un flujo constante de investigaciones vinculadas a delitos complejos —entre ellos narcotráfico, criminalidad económica, contrabando y otros delitos de competencia federal—”. Como aún no finalizaron las implementaciones, decidieron posponer la fecha de implementación.
El diferimiento de la entrada en vigencia fue solicitada mediante la Acordada N° 34/2026 del 19 de febrero de 2026 por la Cámara de Apelaciones de Córdoba. En el artículo 2° de la resolución publicada este viernes, se comunica la decisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional.
¿Te resultó útil lo que acabás de leer? Podés apoyarnos para que continuemos en esta tarea. Contribuí con tu suscripción para que nuestro contenido siga siendo abierto y podamos brindarte un servicio cada día mejor. Suscribirse.