- sábado 04 de abril del 2026
Claves para entender la reforma de la magistratura y el debate sobre la separación de las carreras entre fiscales y jueces. En Italia se votará el 22 y 23 de marzo, mientras que los ciudadanos residentes en el exterior podrán hacerlo por correo hasta el jueves 19.
Por Mateo Schettino*
Los días 22 y 23 de marzo de 2026 Italia celebrará un referéndum constitucional que podría modificar de manera significativa la organización de su Poder Judicial. La consulta popular se convoca para confirmar o rechazar una reforma aprobada por el Parlamento en 2025 que introduce cambios estructurales en el ordenamiento judicial, particularmente en la relación entre jueces y fiscales.
Se trata de un referéndum confirmatorio, mecanismo previsto en el artículo 138 de la Constitución italiana para aquellas reformas constitucionales que, si bien fueron aprobadas por el Parlamento, no alcanzaron la mayoría calificada necesaria para entrar automáticamente en vigor. En esos casos, la decisión final puede ser sometida al voto popular.
El texto sometido a consulta —aprobado definitivamente por el Parlamento el 30 de octubre de 2025— modifica diversos aspectos de la organización de la magistratura italiana y constituye una de las reformas institucionales más relevantes en ese país en los últimos años.
Para comprender el alcance del debate resulta necesario partir de una particularidad histórica del sistema italiano: jueces y fiscales pertenecen a una misma magistratura. En el modelo vigente, ambos ingresan a través de un único concurso público y forman parte de una carrera común. Esto implica que, en determinados momentos de la trayectoria profesional, un magistrado puede pasar de ejercer funciones como juez a desempeñarse como fiscal o viceversa.
Este diseño institucional fue consolidado en la Constitución republicana de 1948 con el objetivo de reforzar la independencia del Ministerio Público frente al poder político. A diferencia de otros sistemas —donde los fiscales dependen del Ejecutivo—, en Italia el Ministerio Público forma parte del mismo orden judicial que los jueces.
La reforma sometida a referéndum propone modificar varios aspectos centrales de este esquema. El punto más discutido es la separación de las carreras entre magistrados requirentes (fiscales) y magistrados juzgadores (jueces), aspectos que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos internacionales funcionan con órganos de selección y control separados.
En el nuevo modelo, quienes ingresen a la magistratura deberán optar desde el inicio por una de las dos trayectorias profesionales, sin posibilidad de pasar posteriormente de una función a otra.
La reforma también prevé cambios en el sistema de gobierno de la magistratura. Actualmente, ese rol corresponde al Consiglio Superiore della Magistratura, institución constitucional encargada, entre otras funciones, de los nombramientos, ascensos y disciplina de los magistrados. El nuevo diseño propone dividir ese órgano en dos consejos distintos, uno para jueces y otro para fiscales.
Además, el proyecto contempla la creación de una Alta Corte disciplinaria encargada de juzgar las faltas de los magistrados y un sistema de selección de algunos miembros mediante sorteo, con el objetivo declarado de reducir el peso de las corrientes internas dentro de la magistratura.
La reforma ha generado un intenso debate político y académico en Italia. Quienes la impulsan sostienen que la separación de carreras permitiría reforzar la imparcialidad del sistema judicial y acercar el modelo italiano al de otros países europeos, donde jueces y fiscales suelen integrar estructuras institucionales diferenciadas.
Los críticos, en cambio, advierten que el modelo actual fue concebido precisamente para garantizar la autonomía del Ministerio Público frente a eventuales presiones políticas, por lo que una reorganización del sistema podría alterar el equilibrio institucional establecido en la Constitución republicana.
En este contexto, el referéndum aparece como un mecanismo de legitimación democrática de una reforma que toca uno de los núcleos más sensibles del constitucionalismo italiano: la independencia de la magistratura y su sistema de autogobierno.
Un voto que también involucra a la diáspora
Un rasgo distintivo del sistema electoral italiano es la participación de los ciudadanos residentes en el exterior. Desde comienzos de este siglo, Italia reconoce el derecho al voto por correspondencia a los ciudadanos inscritos en el registro de residentes en el extranjero.
Esto implica que miles de italianos que viven fuera del país —especialmente en América Latina— podrán participar en la consulta constitucional.
En países como Argentina, donde reside una de las comunidades italianas más numerosas del mundo, ese electorado podría tener un peso significativo en el resultado final del referéndum.
(*) Abogado. Fundador de Ciudadanias Italianas MS - @ciudadaniasitalianas.ms en Instagram
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