• miércoles 18 de febrero del 2026
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El Senado tratará los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Declaración de Emergencia Pediátrica

Este jueves a partir de las 10 hs la cámara alta definirá si insiste con la sanción de las leyes aprobadas por el Congreso y vetadas por el Poder Ejecutivo; ambos vetos ya fueron rechazados en Diputados.

El Senado de la Nación tratará este jueves los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. La sesión comenzará a las 10 hs, y allí se definirá si se insiste con la sanción de las leyes aprobadas por el Congreso y vetadas por el Poder Ejecutivo. La votación de hoy se dará luego de que la Cámara de Diputados, el 18 de septiembre, insistiera con los proyectos, rechazando el voto del Presidente.

Las últimas votaciones en la cámara alta fueron, entre otras iniciativas, para insistir sobre el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y sobre la ley de emergencia en discapacidad, promulgada pero suspendida por el Ejecutivo.

En dichas votaciones se necesitó reunir dos tercios de la cámara para aprobar e insistir con las leyes, es decir 47 y 48 votos afirmativos (según los presentes al momento de la votación). Con la insistencia de los ATN, la oposición reunió 59 afirmativos frente a 9 negativos, 3 abstenciones y 1 ausente. Respecto de la votación de la ley de emergencia en discapacidad finalizó en 63 afirmativos, 7 negativos y 2 ausentes, el equivalente a nueve veces más votos positivos que negativos.

La sesión de este jueves comenzará a las 10hs para el tratamiento de los proyectos de Ley sobre Financiamiento Universitario N°27.795 y la Declaración de Emergencia Pediátrica en todo el territorio argentino bajo el número 27.796

Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la norma tiene como objetivo asegurar los recursos de las universidades públicas nacionales y la educación superior, “garantizando el derecho a la educación consagrado en nuestro ordenamiento jurídico”.

Entre los fundamentos del proyecto se expone que el Estado argentino invertía alrededor del 0,8% del PBI para garantizar una educación superior pública y de calidad; esta cifra se redujo al 0,4% en 2024. Los recursos asignados para las universidades son "la mitad de lo necesario, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”.

La ley estipula la actualización desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo año y de forma bimestral el monto necesario para cubrir gastos de funcionamiento de las universidades nacionales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de los años 2023 y 2024.

Además el Poder Ejecutivo deberá recomponer los haberes docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional “a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de la sanción de la presente ley”, teniendo en cuenta la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC, y realizando la actualización salarial de manera mensual hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por el lado de la Ley N° 27.796 de Declaración de Emergencia Pediátrica en todo el territorio argentino, se impulsó ante la “grave y sostenida degradación de las condiciones asistenciales y laborales de todo el personas y de sus residentes en salud”, así como también lo estructural en los hospitales públicos. 

El proyecto puntualiza en la situación actual del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, y lo menciona particularmente como centro de referencia nacional y regional de alta complejidad para niños, niñas y adolescentes.

Dentro de la norma se remarca y se fundamenta en la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Allí se afirma expresamente el derecho a la salud integral garantizado por el Estado Nacional en condiciones de igualdad, continuidad, gratuidad y accesibilidad. Para ello se necesita personal capacitado, infraestructura adecuada, provisión de medicamentos y contar con aparatos y tecnología necesaria para dar respuesta a las problemáticas de las niñeces, tal como sostiene la ley.


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