- jueves 02 de abril del 2026
En el marco de una audiencia convocada por el organismo expusieron representantes de la sociedad civil sobre los excesos en la aplicación del instituto mientras el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aseguró que el 66% de la población carcelaria ya cuenta con sentencia.
En el marco del 193° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo la audiencia solicitada por la asociación civil Pro Homine a raíz de lo que consideran un uso excesivo de las prisiones preventivas en la provincia de Córdoba. La misma se desarrolló en forma virtual y contó con la presencia de representantes de la CIDH, del Estado nacional, del Ministerio de Justicia de Córdoba, del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) -además de los representantes de la asociación civil-, duró más de una hora y se suscitaron fuertes contrapuntos.
La audiencia ante la CIDH
Representantes de la asociación civil Pro Homine comenzaron con el uso de la palabra, el abogado Jorge Cardozo afirmó que en Córdoba “el principio de inocencia no solo se ha revertido en principio de culpabilidad sino que los imputados tienen que elegir entre declararse culpables en juicios abreviados o enfrentar juicios abiertos con amenaza a mayores condenas”. Denunció la aplicación discrecional de la prisión preventiva afirmando que más del 60% de los detenidos no fueron condenados y que están personas son víctimas de tortura por hacinamiento.
Otro de los planteos de Cardozo fue que el Poder Judicial entrega al Ministerio Público Fiscal, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo vehículos de alta gama secuestrados para uso de funcionarios antes de ser decomisados, afirmando que “es común ver funcionarios del MPF desplazarse en vehículos de sus imputados”.
Su colega, Francisco Lavisse, profundizó respecto a la utilización de la figura penal de asociación ilícita como justificativo de la privación de la libertad (tema que puso en la mira al Fiscal General Adjunto Alejandro Pérez Moreno), utilizando como ejemplo un caso de corrupción en que se condenó a siete policías mediante dicho tipo penal, denunciando que los imputados “fueron coaccionados” para acceder al juicio abreviado y a quienes les fue denegada la excarcelación luego de ocho meses de prisión preventiva.
Lavisse destacó además que la prisión preventiva es impuesta sin considerar alternativas, y que incluso “las prisiones se extienden durante años sin que se dicte sentencia”, lo que violaría garantías del debido proceso.
Ambos acusaron al TSJ por postergar la aplicación del Código Procesal reformado en el año 2017 que establece en cabeza de los jueces y no de los fiscales la resolución de los pedidos de prisión preventiva en audiencias públicas, así como la tendencia de los jueces a confirmar las prisiones preventivas para salvaguardar al Estado de eventuales indemnizaciones por la adopción de detenciones arbitrarias.
La respuesta institucional
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, refirió que “sin renunciar a sus obligaciones como defensa del Estado nacional” en cabeza del Ministerio de Justicia y en particular, de la Subsecretaría a su cargo, serían los funcionarios cordobeses los que lleven adelante la exposición de los argumentos en defensa del Estado.
El TSJ presentó su informe a través del abogado Wilfredo Pérez a cargo de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia. Pérez, en contrario a lo expuesto por los representantes de la asociación Pro Homine, afirmó que “el 66% de las personas detenidas en la provincia ya cuenta con una condena firme” al 30 de junio de 2025 -tomando como punto de partida el ingreso en el año 2023- desmintiendo que la mayoría de las personas privadas de su libertad no cuenten con condena. También indicó que el Poder Judicial ha avanzado en capacitación a magistrados y fiscales sobre estándares interamericanos de derechos humanos en la materia y que se encuentran en plena etapa de implementación de las disposiciones previstas en la nueva normativa procesal. Asimismo, Pérez destacó que no hay recurso de revisión en trámite ante el TSJ, que es la vía prevista por la ley para cuestionar la falta de libertad en el consentimiento prestado en el juicio abreviado inicial o en el debate.
Betina Croppi, Fiscal General Adjunta de Córdoba, rechazó las acusaciones y aseguró que “la prisión preventiva en Córdoba no se dicta automáticamente ni se impone por la mera imputación”. Subrayó que se valora caso por caso y que las medidas se dictan cuando hay riesgo procesal concreto, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Croppi también negó que la figura de asociación ilícita se utilice como herramienta de presión, asegurando que “no existe una política del MPF orientada a sostener detenciones arbitrarias”.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
Cabe destacar que Córdoba es una de las seis provincias argentinas que aún no han creado ni designado un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, cuestión que ha sido abordada en el Informe de Seguimiento a la Provincia de Córdoba de junio del 2024 elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Allí se recomendó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cerrar y poner en funcionamiento sin más dilaciones un Mecanismo Local, cumplimentando los requisitos previstos en la ley 26.827 y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT). También se recordó al Poder Ejecutivo que las organizaciones no gubernamentales interesadas en el cumplimiento de los objetivos del OPCAT poseen la facultad de realizar visitas a los lugares de detención y garantizar que no existan obstáculos para su efectivo cumplimiento.
De esta forma, Kevin Nielsen, representante del CNPT, reiteró argumentos expuestos en el informe citado en el párrafo precedente, reiterando los cuestionamientos sobre la cantidad de personas detenidas sin sentencia firme en la provincia de Córdoba, contando con la tasa más alta del país (375.3 cada 100 habitantes, muy por encima de la media nacional que es de 242.9).
Conclusiones, perspectivas e interrogantes de los Comisionados
La audiencia expuso un claro contrapunto entre los abogados de la asociación civil Pro Homine, que acusan una tendencia estructural al uso excesivo de la prisión preventiva mediante la utilización de la figura de asociación ilícita, y las autoridades provinciales, que aseguran respetar los estándares internacionales en la materia y argumentan con estadísticas oficiales como respaldo a su postura.
La CIDH, por su parte, calificó la situación como parte de una problemática regional, vinculada a “la prolongación indebida de la prisión preventiva, la precariedad en las condiciones de detención y el uso de figuras penales genéricas como herramienta de encierro”. Participaron los funcionarios Arif Bulkan, Edgar Stuardo Ralón Orellana y Roberta Clarke.
Se plantearon como interrogantes cuál es la tasa de hacinamiento en las cárceles de Córdoba, que el Estado informe si existe algún obstáculo jurídico o práctico para el empleo de medidas alternativas y qué medidas alternativas a la prisión preventiva se implementan.
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