Por Matías Morón*
El pasado 20 de enero -el día de su asunción- el flamante Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald J. Trump, firmó sus primeros decretos poniéndo en marcha lo que resulta su segundo mandato a cargo del Poder Ejecutivo de ese país.
Entre estas disposiciones adoptadas, el republicano suscribió una orden ejecutiva titulada por el portal oficial de la Casa Blanca como una medida “En defensa de la mujer contra la ideología de género extremista y hacia la restauración de la verdad biológica en la administración pública federal” 1.
Esta se da en consonancia con lo anunciado por el presidente en su discurso de asunción en el que sostuvo que a partir de ese día “la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino”. En esa línea, prometió que pondría “fin a la política gubernamental de intentar diseñar la raza y el género en cada aspecto de la vida pública y privada”.
A tales fines, esa misma noche, se publicó la órden ejecutiva mencionada constituída por ocho secciones en las que se trazaron los objetivos propuestos, se establecieron definiciones y dispusieron cambios en la administración pública federal.
Portada extraída del portal web oficial de la Casa Blanca U.S.A.
El decreto parte de la base de que, para el flamante gobierno, las políticas “coercitivas” de género adoptadas por la última administración provocaron una invasión en espacios destinados a las mujeres y las perjudicaron severamente a partir de quitarles espacios asignados natural y exclusivamente para ellas -desde refugios para mujeres víctimas de abuso doméstico hasta la exclusividad de las duchas en los lugares de trabajo-.
Afirma que los esfuerzos por erradicar la realidad biológica -”certificada incontestablemente por la ciencia”- como política de estado tanto en la administración pública como en el lenguaje, no solo perjudica al colectivo femenino sino que atenta contra la seguridad pública, la moral y la confianza en el propio gobierno estadounidense.
Sostiene que la ideología de género “permite la falsa afirmación” de que los hombres pueden identificarse como mujeres y, por tanto, convertirse en éstas y viceversa; así como que exige que todas las instituciones de la sociedad “consideren esta falsa afirmación como verdadera”. Asimismo, que promueve la “falsa premisa” de que existen un amplio espectro de géneros que pueden estar desconectados del sexo de una persona y que disminuye al “sexo” (en referencia al femenino y masculino) como categoría identificable o útil, pero, sin embargo, “permite que una persona nazca en un cuerpo con un sexo equivocado”.
Asimismo, en la sección segunda del decreto se establece que la política a adoptar por los EEUU es reconocer dos sexos - masculino y femenino- y que éstos “no son modificables y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible”.
En consonancia con ello, efectúa definiciones que regirán para interpretar y aplicar las leyes federales y la política administrativa.
En tal sentido, establece que “sexo” se refiere a la clasificación biológica inmutable de un individuo como masculino o femenino.
En orden a estas definiciones y conceptos, el decreto ordena -entre otras- las siguientes medidas:
Conclusiones
Sentado lo expuesto, este decreto pone de manifiesto -por un lado- como la disputa por el lenguaje no es algo estéril o meramente ideológico, sino que tiene un impacto en la vida de las personas, así como en la afectación de sus derechos.
En esa dirección, si tomamos como ejemplo nuestro país se evidencia que un cambio del estilo podría afectar derechos conquistados por un colectivo significativo de la población al poder modificarse la Ley n° 26.743 de Identidad de Género (de 9 de mayo de 2012), la Ley n° Ley n° 27.412 de Paridad de Género en ámbitos de Representación Política (de 22 de noviembre de 2017), la Ley n° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero -conocida como “ley de cupo laboral trans” (de 24 de junio de 2021) y la Ley n° 27.635 de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación (de 8 de julio de 2021), entre otras leyes, decretos y reglamentaciones de los distintos poderes del estado.
Por otro lado, demuestra que el lenguaje es algo dinámico, que se halla en constante construcción y que su apropiación -o el intento de ésta, a través de definiciones como las que observamos en el decreto- tienen una implicancia fundamental en la vida de las personas, que trasciende las meras discusiones ideológicas. En otras palabras, contrariamente a lo que muchas veces se sostiene, la lucha por el lenguaje no es algo para nada intrascendente o infantil. Otorga y quita derechos4.
Esta medida, si bien es ajena a nuestro país, podría sentar un mal precedente debido a la estrecha relación entre el actual gobierno argentino y Trump; así como por la admiración que el titular del poder ejecutivo nacional guarda hacia su par norteamericano.
Otro mal augurio resultan las inminentes declaraciones efectuadas el 23 de enero en el foro de Davos, Suiza, donde el Presidente argentino cargó contra lo que denomina agenda “woke” y sostuvo: “desde estos foros de promueve la agenda LGBT queriendo imponernos que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres, sólo si así se auto perciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo. O cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años… en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.
Se suma a lo expuesto la ya mencionada eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades del que dependían políticas públicas a favor de las mujeres y la población LGBT+.
Sin perjuicio de ello, adoptar un cambio en la misma dirección que el gobierno estadounidense no sería coherente con la ideología que dice promulgar el actual Poder Ejecutivo Nacional argentino. En efecto, el liberalismo se direcciona, justamente, en contra de la intromisión del Estado en la esfera privada de las personas y en sus asuntos personales -tales como la autopercepción de género o su identidad-.
También, sería contradictorio fijar una postura y establecer definiciones acerca de género, identidad y sexo que puedan interferir en la vida de los ciudadanos y ciudadanas, quienes -según la corriente que dice pregonar el Poder Ejecutivo- pueden actuar y autopercibirse libremente siempre y cuando ello no genere una lesión en un derecho ajeno (circunstancia que, según quien suscribe la presente, no ocurre en la actualidad).
El tiempo dirá si el Poder Ejecutivo Nacional argentino actúa de acuerdo a las ideas con las que se identifica o el alineamiento con países extranjeros provoca que obre de manera contraria a las banderas que enarbola.
* Abogado, docente e investigador UNLP-UBA.
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