- domingo 18 de enero del 2026
Comentario al fallo “City of Grants Pass v. Johnson”, donde la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió a favor de la constitucionalidad de una ordenanza que prohibía dormir en espacios públicos.
Por Tomás Fernandez Fiks*
I. Resumen
En City of Grants Pass v. Johnson 603 U.S. (2024) la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que “la aplicación de leyes de carácter general que regulan el campamento en propiedad pública no constituye un ‘castigo cruel e inusual’ prohibido por la Octava Enmienda”. Al arribar a esta decisión, la Corte revocó los precedentes Johnson v. City of Grants Pass y Martin v. City of Boise del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit).
Las normas consideradas fueron una serie de ordenanzas dictadas por la municipalidad de la ciudad de Grants Pass, Oregon, que prohiben dormir en lugares públicos utilizando elementos de resguardo tales como mantas o bolsas de dormir, acampar en propiedad pública y dormir en vehículos estacionados en la vía pública. La violación de esas normas acarrea sanciones que van escalando de manera progresiva. La primera infracción conlleva una pena de multa. Quienes cometen más de una infracción pueden ser sujetos a una orden que les prohíbe acceder a los parques públicos por treinta días. A su vez, la violación de esas órdenes trae consigo una pena de prisión de hasta 30 días y una multa de 1.250 dólares.
Escribiendo para la mayoría -integrada por los jueces Roberts, Thomas, Alito, Kavanaugh y Barrett- el juez Gorsuch sostuvo que las penalidades previstas en las normas en cuestión no constituyen castigos crueles ni inusuales, prohibidos por la Octava Enmienda de la Constitución. En este sentido, señaló que el propósito detrás de la adición de esa cláusula a la Constitución fue asegurar que la nación en ciernes no recurriera a la utilización de castigos barbáricos que, aunque ya habían caído en desuso, todavía eran formalmente tolerados por el derecho inglés del siglo XVIII, tales como el desmembramiento o la muerte en la hoguera. De acuerdo con la interpretación tradicional, esos castigos eran “crueles” porque estaban diseñados para generar un dolor excesivo, e “inusuales” porque, al momento de la adopción de la enmienda, ya no eran regularmente aplicados. De esta manera, el objeto de la cláusula fue -y es- fijar un límite al tipo o modalidad de castigo que se puede imponer, no a las conductas que los estados pueden criminalizar.
En esta inteligencia, sostiene Gorsuch, resulta claro que las ordenanzas cuestionadas no establecen penas que puedan ser calificadas como crueles ni inusuales. No son crueles porque una multa de hasta $1.250 y una pena de prisión de hasta treinta días no son castigos diseñados para causar un sufrimiento extraordinario; tampoco son inusuales, ya que constituyen modalidades punitivas comunes y ampliamente extendidas a lo largo del país.
Sin embargo, ninguna de las afirmaciones anteriores, relativas al sentido original de la Octava Enmienda y la naturaleza de las sanciones previstas en las ordenanzas impugnadas, fueron objeto de controversia durante el proceso. ¿Por qué, entonces, se vio implicada la Octava Enmienda? Responder esto requiere hacer un repaso de los antecedentes del fallo y de los precedentes que resultan vinculantes.
II. Antecedentes
El caso se originó con una acción de clase interpuesta a favor de las personas sin hogar que viven en Grants Pass, con el argumento de que las ordenanzas “anti-camping” de esa ciudad violaban la Octava Enmienda. El Tribunal de Distrito (District Court), aplicando el precedente Martin v. Boise del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito -el tribunal de alzada de esa jurisdicción-, hizo lugar a la pretensión y dictó una medida (injunction) que impedía a la ciudad de Grants Pass aplicar las normas impugnadas. Luego, el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito confirmó, en lo que resulta relevante, ese pronunciamiento. La ciudad de Grants Pass solicitó la revisión de esa resolución mediante una petition for certiorary y así es que el caso llegó a la Corte.
De acuerdo con Martin v. Boise, “la Octava Enmienda prohíbe la imposición de sanciones penales por sentarse, dormir o yacer en propiedad pública a personas sin hogar que no puedan obtener un refugio.” Esto ocurre cuando el número de personas sin hogar supera el número de camas disponibles en los refugios existentes. Para llegar a esa conclusión, el tribunal se basó en el precedente de la Corte Suprema Robinson v. California. En ese caso, la Corte resolvió que una norma de California que criminalizaba la condición de “ser adicto al uso de estupefacientes” violaba la Octava Enmienda, porque el objeto de la prohibición era un estatus y no una acción. Si bien la pena que contemplaba la norma cuestionada en Robinson tampoco era particularmente severa, la Corte entendió que su imposición constituía un castigo cruel e inusual, estableciendo de esta manera un vínculo entre la modalidad del castigo y la conducta reprimida al efecto de interpretar la Octava Enmienda. En este sentido, sostuvo: “indudablemente, una pena de cárcel de noventa días no es, en abstracto, un castigo cruel o inusual. Pero la cuestión no debe ser considerada en abstracto. Incluso un día en prisión sería un castigo cruel e inusual por el ‘crimen’ de padecer un resfrío.”
En Johnson v. City of Grants Pass, siguiendo el criterio establecido en Martin, el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito confirmó parcialmente el fallo del Tribunal de Distrito que frenaba la aplicación de las ordenanzas vigentes en la ciudad de Grants Pass, añadiendo una serie de precisiones. En primer lugar, sostuvo que el hecho de que algunas de las sanciones establecidas por dichas ordenanzas no fueran formalmente penas, sino sanciones civiles, no impedía la aplicación de Martin, dado que la acumulación de esas sanciones civiles podía derivar, eventualmente, en la aplicación de una pena. Dado que, en definitiva, se estaba prohibiendo una conducta que las personas sin hogar no podían evitar realizar, sostuvo el tribunal, añadir algunos pasos adicionales previos a la criminalización no logra evitar la incompatibilidad de las ordenanzas con la Octava Enmienda. En segundo lugar, aclaró que la acción de dormir debe ser entendida, a los fines de la aplicación de Martin, como incluyendo la utilización de elementos básicos de resguardo.
III. El voto de la mayoría
Volviendo entonces a City of Grants Pass v. Johnson, la cuestión bajo consideración era si las ordenanzas “anti-camping” dictadas por la municipalidad de la ciudad de Grants Pass violaban la Octava Enmienda, tal como lo entendió el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito aplicando Martin v. Boise.
La Corte Suprema resolvió, por mayoría, en sentido contrario. Como adelantara en el resumen, el voto mayoritario establece desde el comienzo que la Octava Enmienda fija un límite al tipo de castigos que pueden ser impuestos, y no a las conductas que pueden ser objeto de criminalización. Esto no es disputado por la parte demandante, quien fundamenta su pretensión en la excepción a ese principio que surge de Robinson v. California; es decir, aquella basada en la inadmisibilidad de criminalizar un estatus.
No obstante, el voto de la mayoría considera que Robinson no resulta aplicable al caso bajo consideración, pues en aquel fallo se dejó en claro que los estados cuentan con un amplio poder para determinar el contenido de su derecho penal. Lo que la Octava Enmienda impide según Robinson, dice el voto mayoritario, es simplemente que se criminalice un mero estatus. Pero -añade- las ordenanzas de Grants Pass no son equiparables a la ley cuestionada en Robinson, ya que ellas no penalizan un estatus sino determinadas acciones como acampar en terreno público para hacerse de un lugar temporal donde vivir; bajo tales leyes, continúa el argumento, resulta indiferente que la persona que realice esas acciones sea un homeless, un mochilero de vacaciones que se encuentra provisoriamente transitando por la ciudad, o un estudiante que abandona su dormitorio para realizar una protesta acampando frente al edificio municipal.
Sin perjuicio de lo anterior, la parte demandante y el voto disidente argumentan que Robinson debería extenderse al caso bajo análisis dado que, más allá de si las normas cuestionadas criminalizan un estatus o no, ellas prohíben acciones que son, en algún sentido, involuntarias, en la medida que las personas sin hogar no pueden evitar realizarlas. El problema de este argumento, sostiene la mayoría, es que ya fue rechazado por la Corte Suprema en otra oportunidad. En efecto -remarca- en Powell v. Texas, 392 U. S. 514 (1968), la Corte resolvió que una ley de Texas que criminalizaba “emborracharse o ser encontrado en un estado de intoxicación en cualquier espacio público” no violaba la Octava Enmienda.
En aquel caso, el imputado había argumentado que su ebriedad era una consecuencia involuntaria de su alcoholismo, por lo que en definitiva él estaba siendo castigado por su condición de alcohólico. Escribiendo para la mayoría, el juez Marshall rechazó este argumento, señalando que Robinson había autorizado tan solo una pequeña intromisión de los tribunales en el derecho penal sustantivo, limitada a la verificación de que no se criminalice un estatus. Pero esto de ninguna manera implica menoscabar, continuó Marshall, la autoridad de los estados para criminalizar acciones que la sociedad pudiera tener interés en prevenir, aunque estas puedan ser descritas como “involuntarias” en algún sentido o como “ocasionadas” por un cierto estatus. En Powell, por tanto, la Corte entendió que Robinson no resultaba aplicable, ya que el imputado no había sido condenado por ser alcohólico, sino por haber realizado el acto de encontrarse alcoholizado en público en una determinada ocasión.
Según Gorsuch, Grants Pass no es distinto a Powell. Además, añade en su voto, el hecho de que la Octava Enmienda no se vea involucrada en este caso no significa que las personas en situación de calle que eventualmente pudieran verse afectadas por las ordenanzas “anti-camping” de Grants Pass no tengan otras herramientas legales a su disposición. En este sentido, menciona que la Constitución establece una serie de salvaguardas que limitan el ejercicio del poder punitivo, garantizando la debida advertencia de las leyes penales y el tratamiento igualitario ante la ley. A esto agrega que las distintas jurisdicciones prevén una serie de posibles defensas a favor del imputado. En el caso de Oregon, por ejemplo, se reconoce el estado de necesidad como defensa frente a una persecución penal.
Haciendo eco de Powell, Gorsuch sostiene que la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito en Martin -y en Johnson- no solo resulta jurídicamente infundada, sino que además tiene una serie de implicaciones problemáticas. En primer lugar, conlleva el riesgo de que los tribunales se arroben la facultad de establecer las condiciones para la responsabilidad penal individual, cuestión que atentaría contra el federalismo, en la medida que corresponde a cada estado, a través del proceso democrático, definir los contornos de su derecho penal sustantivo. En segundo lugar, el criterio fijado en Martin obliga a los funcionarios locales a tomar decisiones sumamente discrecionales, respecto de las cuales la Constitución nada dice. Según Martin, continúa el argumento, las ciudades deben admitir que las personas que están involuntariamente sin hogar puedan acampar en lugares públicos. ¿Pero cómo ha de entenderse la noción de “involuntariedad”? Martin, dice Gorsuch, establece que una forma posible es contrastar el número de personas sin hogar con el número de camas disponibles en los refugios, pero este test -añade- trae más complicaciones que soluciones.
En definitiva, concluye el autor del voto mayoritario, la única cuestión bajo discusión es si la Octava Enmienda prohíbe la aplicación de leyes que regulan el campamento en espacio público, y la respuesta es negativa.
IV. El voto concurrente de Thomas
En su voto concurrente, el juez Thomas adhiere plenamente a la opinión de la mayoría, pero va más allá. Si bien concuerda en que Robinson no resulta aplicable al caso bajo examen, añade que ese fallo estuvo mal decidido, dado que la Corte de aquel entonces interpretó la Octava Enmienda en función de la opinión pública de la época, prescindiendo de su texto e historia. Por esta razón, deja asentado que la Corte debería revocar Robinson cuando se presente la oportunidad.
Por otro lado, señala que los demandantes no han podido justificar por qué se vería implicada la Octava Enmienda, dado que las ordenanzas impugnadas establecen multas y citaciones civiles, y solo en el caso de que se viole una orden de no ingreso a los parques públicos podría aplicarse una pena. En relación con este punto, rechaza por especulativo el argumento del Tribunal de Apelaciones según el cual la Octava Enmienda se ve involucrada dado que la acumulación de sanciones civiles puede derivar, eventualmente, en la aplicación de una pena.
V. El voto en disidencia
El voto disidente, escrito por la jueza Sotomayor y al que adhieren las juezas Kagan y Jackson, comienza con un párrafo que, por su potencia, merece ser transcripto en su totalidad: “Dormir es una necesidad biológica, no un crimen. Para algunas personas, dormir en la calle es su única opción. La ciudad de Grants Pass multa y encarcela a esas personas por dormir en cualquier lugar público y a cualquier hora, incluyendo sus autos, si usan tanto como una pequeña manta para abrigarse o una camisa enrollada como almohada. Para las personas que no tienen acceso a un refugio, eso las criminaliza por ser homeless. Esto es irrazonable e inconstitucional. Castigar a las personas por su estatus es ‘cruel e inusual’ bajo la Octava Enmienda. Ver Robinson v. California, 370 U. S. 660 (1962).”
El argumento central de la disidencia es que la mayoría malinterpreta Robinson, y que en realidad este precedente sí resulta aplicable al caso bajo análisis, dado que las ordenanzas de Grants Pass efectivamente criminalizan un estatus y no una conducta. Para arribar a esta conclusión, Sotomayor analiza el propósito, el texto y la aplicación de las normas cuestionadas.
Respecto del propósito, señala que el objetivo de las ordenanzas es hacer que acampar en el espacio público en la ciudad de Grants Pass sea más costoso para las personas en situación de calle, generando un desincentivo que las motive a irse a otra parte.
En cuanto al texto, menciona que el concepto de “campamento” es definido como un sitio en el que se instalan ciertos elementos, como bolsas de dormir o frazadas, con el propósito de establecer un lugar provisorio para vivir. Las ordenanzas no se aplican a quienes están realizando un picnic una tarde de domingo, o a los niños que duermen la siesta en un cochecito, dado que ellos tienen un lugar donde vivir al que regresar. Lo que distingue a una conducta ilícita de otra lícita es entonces la intención de vivir en el espacio público que caracteriza a la primera. El corolario de esto, continúa el argumento, es que las ordenanzas criminalizan las actividades que definen el estatus de homeless. En efecto, añade Sotomayor, de acuerdo con la mayoría de las definiciones, un homeless es “alguien que no cuenta con una residencia nocturna fija, regular y adecuada”. De esta manera, concluye, la definición de “campamento” que utilizan las ordenanzas crea una situación en la cual las personas en situación de calle necesariamente violan la ley por el solo de hecho de existir.
A lo anterior agrega que, de acuerdo con la lógica de la mayoría, las ciudades no pueden criminalizar el estatus de homeless, pero sí la conducta que define a ese estatus. Pero este argumento, sostiene, se basa en una distinción artificial entre estatus y conducta, que lleva al absurdo de afirmar que, pese a que es cruel e inusual castigar a alguien por estar resfriado, no es cruel e inusual castigar a alguien por toser o estornudar a causa de su resfrío. La Constitución, escribe Sotomayor, no puede ser evadida mediante estas distinciones formales.
Por otra parte, el voto disidente señala que las ordenanzas han sido aplicadas de manera consecuente con el propósito para el que fueron diseñadas; es decir, para ahuyentar a las personas sin hogar de la ciudad de Grants Pass. En este sentido, sostiene que el argumento del voto mayoritario según el cual las ordenanzas se aplican tanto a homeless como a turistas o a manifestantes resulta una fantasía. Esto se ve reflejado en la declaración del jefe de la policía, quien sostuvo que no estaba al tanto de que ninguna persona que no fuera homeless hubiera recibido una multa por acampar en Grants Pass.
Sumado a las consideraciones anteriores, la disidencia advierte i) que su posición en nada atenta contra la facultad de los gobiernos locales para resolver el problema de falta de viviendas del modo que mejor les parezca, ii) que la mayoría de la Corte exagera los problemas de contornos que surgirían de la aplicación de Martin v. Boise, y iii) que la aplicación de Robinson a este caso no está en tensión con Powell v. Texas, dado que allí estaba en juego una conducta que podría resultar involuntaria en virtud de un cierto estatus, mientras que aquí las ordenanzas criminalizan una conducta (dormir en la calle) que define a un estatus (el de ser homeless). Para finalizar, Sotomayor explora algunas vías legales que quedan abiertas para cuestionar las ordenanzas “anti-camping”, sobre las cuales la Corte no se ha expedido, como la cláusula del Debido Proceso de las Enmiendas Quinta y Decimocuarta.
VI. Breves reflexiones finales
Si uno presta atención a qué jueces integraron la mayoría y quiénes la minoría, resulta difícil no hacer una lectura “realista” del fallo. De acuerdo con esta perspectiva, los jueces optan por la solución al caso que mejor se adecúa a sus preferencias personales y luego efectúan una racionalización jurídica de la decisión que ya han tomado. Si asumimos este punto de vista, no debería extrañar a nadie que el ala conservadora de la Corte se haya alineado con la ciudad de Grants Pass, y el ala progresista con el reclamo de las personas sin hogar.
Ahora bien, ¿a qué conclusión podemos llegar si nos centramos exclusivamente en la cuestión jurídica? (es decir, si dejamos de lado el contexto de explicación y nos enfocamos en el contexto de justificación). En otras palabras, ¿quién tiene razón en su interpretación del Derecho, la mayoría o la disidencia?
Creo que la respuesta no es clara. Por un lado, el voto de la mayoría parecería encajar mejor con la jurisprudencia de la Corte; en particular, con la interpretación limitada de Robinson v. California que hace Powell v. Texas. No obstante, también es cierto que, como señala la disidencia, la distinción entre castigar un estatus y castigar una conducta resulta algo superficial cuando la conducta en cuestión es constitutiva de un cierto estatus, y quizá tal distinción no debería jugar un papel tan central en la interpretación del alcance de una cláusula constitucional.
Por otra parte, el voto disidente permite evitar la repulsiva -desde un punto de vista moral- consecuencia de admitir que se castigue a una persona sin hogar por dormir en la calle. Pero la argumentación en la que se apoya también tiene sus agujeros. En efecto, Sotomayor introduce una sugerente distinción entre conductas que pueden resultar involuntarias en virtud de un cierto estatus y conductas que definen un estatus. Según su criterio, las primeras serían susceptibles de criminalización, de acuerdo con Powell; las segundas, no, porque sería lo mismo que castigar un estatus, en violación a Robinson. El problema de este argumento es que si es llevado hasta sus últimas consecuencias conduce a resultados absurdos, dado que siempre podría reconstruirse una determinada conducta como constitutiva de un determinado estatus. Así, quien es juzgado por matar a otra persona podría argumentar que está siendo juzgado por su estatus de asesino, de manera incompatible con lo que prescribe Robinson.
En definitiva, parecería que el único criterio inteligible para distinguir entre una norma que criminaliza un estatus -y es por ende, inconstitucional- de una norma que criminaliza una conducta -y, por tanto, es constitucionalmente válida al menos en ese aspecto-, consiste en reparar en cómo está redactada la norma en cuestión: en Robinson, la ley bajo examen violaba la Octava Enmienda porque reprimía la condición de “ser adicto a los estupefacientes”, mientras que en Powell la norma analizada resultaba compatible con dicha Enmienda porque lo que se castigaba era la conducta de emborracharse o ser encontrado en un estado de intoxicación en cualquier espacio público.
Curiosamente, quizá sea Thomas quien formuló el análisis más acertado, porque es el único juez que admite lisa y llanamente que Robinson v. California estuvo mal decidido y debería reverse. Si bien en el caso que nos ocupa Robinson no estaba bajo revisión -razón por la cual Thomas señala que, si se presentara un nuevo caso que lo habilite, la Corte debería revocar aquel fallo-, creo que su posición en este punto es correcta. En efecto, si uno se atiene al texto y el sentido original de la Octava Enmienda, incorporada a la Constitución a los efectos de fijar un límite al tipo de castigo que el Estado puede imponer, la solución arribada en Robinson parece difícil de sostener. Por supuesto, un defensor de Robinson podría negar que el sentido original de la cláusula en cuestión sea el aspecto más relevante, proponiendo en su lugar una interpretación dinámica basada en la idea de una constitución viviente. La discusión acerca de si Robinson estuvo bien resuelto o no resultaría así una instancia específica de la discusión más profunda acerca de los métodos de interpretación constitucional. Pero, en cualquier caso, parecería claro que el razonamiento utilizado por la Corte para resolver ese fallo se basó en una interpretación cuando menos forzada de la Octava Enmienda, que al día de hoy sigue generando una cierta fricción con el resto de sus precedentes.
¿Quiere esto decir que el Estado debería tener vía libre para castigar todo tipo de conductas, como dormir en la calle? De ninguna manera. Pero es probable que los límites al derecho penal sustantivo, como la exigencia de actus reus, encuentren un fundamento más sólido en otro lugar de la Constitución, como la cláusula del Debido Proceso. De hecho, tanto el voto de la mayoría como la disidencia en Grants Pass dejan abierta esta posibilidad. Asimismo, esa fue la solución propuesta por algunos académicos, como los profesores Peter W. Low y Joel S. Johnson en su amicus curiae dirigido a la Corte. Si bien un análisis más profundo de esa alternativa excede la extensión de esta breve reseña, es posible que, en un futuro, la Corte Suprema de Estados Unidos tenga la oportunidad de expedirse al respecto.
* LL.M. (Columbia Law School); Agradezco la atenta lectura y los comentarios de Tomás Marino a una versión anterior de este trabajo.
