- jueves 04 de diciembre del 2025
Escribe Francisco G. Marull, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa con su análisis sobre el proceso judicial en el que se encuentra imputada por asociación ilícita Cristina Fernández de Kirchner.
En su alegato de clausura el fiscal Luciani sostuvo que podemos hacer una vinculación entre el “Juicio a las juntas” y el juicio “Vialidad”. No podemos estar más en desacuerdo, salvo que pensemos por oposición. Aquel juicio histórico sirvió y mucho. Permitió creer que la justicia valía para algo. Instaló la idea que el poder judicial le podía brindar un servicio a una sociedad que tenía que repensar sus reglas de convivencia en una democracia recuperada.
El juicio de vialidad, por el contrario, está logrando demostrar que la justicia puede no servir para nada. Como vemos, un sistema al que no le interesa la mirada, el control y la comprensión de la sociedad. Al contrario, fácilmente logra confundirla y amañarla, instalando como definitivas instancias parciales, como un procesamiento. De tal modo se instalan y alientan expectativas que luego de alternativas indescifrables para la mayor parte de la población son generalmente defraudadas.
Hoy asistimos a una situación paradojica. “Vialidad” ha despertado gran atención en la sociedad completa, de un lado y del otro de la grieta. Pero, a decir verdad, a muy pocas personas les importa realmente la sentencia que se dicte. Así lo confesó un connotado jurista, cuando, abdicando de su rol de profesor de derecho constitucional anticipó que habiendo escuchado el alegato de la Fiscalía, no le importaba lo que pudieran decir las defensas o una esperable sentencia.
Los alegatos de la acusación y de la defensa han dejado los proyectos de sentencia que en cada orilla tenemos disposición a escuchar. Ni siquiera a los jueces, pareciera, les interesa demasiado la posible sentencia del caso: si no consiguen aletargarnos lo suficiente como para que lo olvidemos, parecería que no les va a quedar otra opción que dictar una sentencia que, por ahora podría ser, a fines de diciembre (el juicio oral empezó en mayo del 2019 y la instrucción en 2016). Lo más parecido que podemos encontrar a los tormentosos e inquisitoriales procedimientos retratados en la “Gesta del marrano” de Aguinis o en “El Proceso” de Kafka.
Se encuentra instalado en sectores importantes de la población un profundo escepticismo sobre la capacidad del poder judicial para gestionar la conflictividad y tomar decisiones que aporten a la paz social. Podríamos también decir que existe un acuerdo bastante extendido en el sentido de que el sistema de justicia se encuentra en un profundo estado de crisis y que son mayores las expectativas porque ese deterioro avance antes de mejorar.
¿Esta descripción hace justicia con la realidad del funcionamiento de los poderes judiciales de toda la nación? No, seguramente que no. Las realidades de las 23 jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires muestran situaciones diversas. En general, encontramos poderes judiciales que se han revisado, jurisdicciones que han avanzado en distinta medida y forma en reformas de sus sistemas procesales y se debaten a diario en avances y retrocesos por mejorar el servicio de justicia que brindan al pueblo en sus respectivas jurisdicciones.
Pero eso no importa, o importa muy poco. La realidad indica que la idea sobre las capacidades que la justicia tiene y puede aportar al sostenimiento de la vida en democracia, se construye a partir de la imagen de la justicia que se impone en el imaginario colectivo. Esa imagen, es la que aparece en la tapa de los diarios y de los portales de noticias y lamentablemente casi con exclusividad se escribe a partir de las alternativas de lo que pasa en la justicia federal y particularmente de la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires.
El juicio “Vialidad” nos pone de frente a una realidad que muchas personas han hecho todo lo posible por ignorar: el funcionamiento de la justicia federal es una tragedia.
Todos los problemas que presenta el no-caso que la fiscalía se ha empeñado en traer a juicio quedaron en evidencia a partir del titánico trabajo de los equipos de las defensas.
Así pudimos advertir que no es gratis que aún se tolere la existencia de un sistema con la figura de un juez/a instructor o un fiscal/a delegado que impulsa y controla una investigación que se cimienta sin noción o compromiso alguno con la probabilidad de éxito del caso en una instancia de juzgamiento. Que avanza como un monólogo del juez y/o el fiscal con la prueba, sin espacio para el control de una defensa que no encuentra tercero imparcial que la vea y la escuche. Que en virtud de esas carencias termina construyendo hipótesis formales que no surgen como resultado de la confrontación o control sino de los intereses o necesidades de sus impulsores.
El juicio, a su tiempo, se convierte (como estamos viendo) en una experiencia vacía e inútil donde se reproducen sin lógica o sentido, por horas, días y meses tramos de la instrucción que no logran conmover ni siquiera a algunas de las partes. Esto se hace evidente cuando al momento de los alegatos, la acusación, representada por funcionarios distintos a los que pergeñaron e impulsaron el caso hasta acá, refiere a circunstancias que no se corresponden con lo aportado por la prueba en el juicio, sino que, se aferra a aquella idea concebida -inaudita parte- durante la instrucción.
Todo ello suma a la inverosímil ficción de que todos estos meses de reproducción de información pueden ser asimilados y ponderados de manera imparcial por los jueces. Pudiendo en este formato: sin concentración de los actos, ni inmediación con los actores (por un zoom tan incomprensible como innecesario en este momento). Valorar si las teorías fácticas se verifican con las probanzas ventiladas en las innumerables audiencias y si este resultante puede ser encuadrado en alguna conducta penalmente reprochable. Para finalmente dictar una sentencia, que ya tiene garantizado el rechazo y el repudio de alguna de las dos mitades de la población.
Todo ello explica con claridad por qué muy pocos esperamos que una decisión del poder judicial en el caso “Vialidad” o en cualquier otro que se siga tramitando de esta manera, pueda generar una sensación de justicia.
Esto en definitiva nos demuestra que a esta altura, ya no alcanza con la implementación del demorado proceso acusatorio-adversarial en todo el fuero federal del país. Sino que como ha quedado evidenciado, hacer justicia es un acto eminentemente político y como tal no puede quedar en manos de jueces que terminan siendo, en este contexto: débiles y vulnerables. Es hora de avanzar definitivamente en el cumplimiento del mandato constitucional e incorporar para el juzgamiento de los casos más gravosos, jurados populares que garanticen la imparcialidad y legitimidad de las decisiones de un poder judicial que fortalezca el estado constitucional de derecho y no que lo debilite.
* Decano de la FCEyJ de la Universidad de La Pampa y Profesor de Procesal Penal y Litigación Oral
