- viernes 17 de enero del 2025
Se trata de una decisión emblemática de la historia judicial en el país.
El 14 de junio del año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y ratificó la ley 25.779, del año 2003, que las había declarado nulas. Se trata de un fallo histórico, porque fue la primera vez que los tres poderes del Estado coincidieron en la necesidad de juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar: el Poder Ejecutivo, enviando el proyecto de lo que sería la ley 25.779, el Legislativo sancionándola, y el Poder Judicial, ratificando su contenido.
Si bien, en el año 1998, el Congreso nacional derogó ambas leyes mediante la ley 24.952, esto constituyó un acto simbólico, dado que la derogación no operaba retroactivamente, y por ello no afectaba de ninguna manera la situación legal de los beneficiarios de esas leyes.
Este fallo, junto con “Arancibia Clavel”, emitido en marzo de ese mismo año, y que estableció que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad era una regla derivada de la costumbre internacional que no vulnera el principio de irretroactividad de la la ley penal, terminaron con los obstáculos que impedían juzgar estos delitos. A partir de entonces, se generó la apertura y avance, en todo el país, de los procesos contra los responsables.
El 27 de noviembre de 1978, miembros de las Fuerzas Armadas, secuestraron a José Liborio Poblete, a su esposa, Gertrudis Marta Hlaczik, y a la hija de ambos, Claudia Victoria, de ocho meses. Fueron conducidos al centro clandestino de detención “El Olimpo”, donde fueron sometidos a graves torturas y vejámenes, además de despojados de su hija, quien fue entregada al Coronel Ceferino Landa y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira. Julio Simón alias “turco Julián”, y su grupo de tareas, fueron quienes los torturaron. En enero de 1979 Poblete y Hlaczik fueron sacados del centro clandestino de detención. Se presume que fueron eliminados físicamente.
En 1998, las Abuelas de Plaza de Mayo, en representación de Buscarita Imperi Roa, madre de José Liborio Poblete, abuela de Claudia Victoria, iniciaron el proceso judicial por la apropiación de la niña. En el mismo, se comprobó que se encontraba con vida y que había sido inscripta como Mercedes Beatriz Landa, hija de Ceferino Landa y Mercedes Beatriz Moreira, poco tiempo después de haber sido privada de la libertad, a los ocho meses de edad. Ello desencadenó el procesamiento de ambos, con prisión preventiva, en febrero del 2000. Además, el fiscal amplió el procesamiento, con prisión preventiva a Juan Antonio Del Cerro y a Julio Hector Simón por haber secuestrado, ocultado y retenido a Claudia Victoria Poblete.
