Los espacios no podrán recibir donaciones de personas imputadas en delitos penales tributarios pero sí de deudores impositivos.
La Jueza Servini declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que prevé la cesión gratuita del espacio publicitario para medios tradicionales, por violación del principio de igualdad
La Jueza Servini había declarado inconstitucional el artículo de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que prevé la cesión gratuita del espacio publicitario para medios tradicionales, pero la Cámara suspendió los efectos de dicha medida
A través del decreto 362/2021 publicado en el Boletín Oficial, se promulgó la ley aprobada por el Congreso en mayo pasado.
Ramiro González dictaminó por la inconstitucionalidad de la previsión de la ley 26.215.
Consideró que la inclusión del partido en la alianza electoral en la provincia de Buenos Aires fue realizada de forma extemporánea, según los plazos que establece la ley orgánica de partidos políticos.
El tribunal, por mayoría, confirmó la decisión del juez Ramos Padilla que rechazó el pedido de Fernando Gray para anular la reunión del Consejo Provincial del Partido.
El juez Ramos Padilla determinó que existen numerosas irregularidades en torno a las cuentas del espacio político.
La Cámara Nacional Electoral revocó la suspensión a un grupo de mujeres que había exigido la exclusión de un candidato denunciado por abuso sexual.
El Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de inconstitucionalidad planteado por la empresa Junín TV S.A.
La causa analizó si había responsabilidades personales tanto del presidente del Partido Pro-Propuesta Republicana de la provincia de Buenos Aires como también del tesorero luego de la desaprobación de los estados contables de los años 2012 y 2013.
El amparo fue presentado por dos delegados del distrito Buenos Aires en el que pedían la nulidad de la reunión de la Mesa Ejecutiva de la convención provincial del partido.
Se trata del proyecto impulsado por el oficialismo para impedir ser candidatos u ocupar cargos en la administración pública a personas condenadas por delitos de corrupción con sentencia confirmada en segunda instancia. El proyecto fue girado al Senado.
El acuerdo de la autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral surge ante la suspensión de las PASO y solicita la adecuación de las Cartas Orgánicas.