Hay lugar para 12.235 personas, pero hay alojadas 13.773. La medida se extenderá por tres años y se prevé la creación de una Comisión de Emergencia Penitenciaria que elabore propuestas de políticas públicas tenientes a mejorar la situación.
Se llevó a cabo en la sede del Instituto de Estudios Judiciales y se expuso respecto a la problemática de las personas privadas de libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Tanto la Suprema Corte como los Juzgados penales han restringido las salidas transitorias y han exigido mayores controles en cárceles.
Para ello, valoraron con perspectiva de género la especial situación de encierro preventivo, el estado de salud y la consiguiente vulnerabiliad, desprotección y peligro en la que se encuentran las nombras, así como también tuvieron en cuenta el interés superior del niño.
Además ordena evaluar detenciones domiciliarias de personas que estén a 6 meses de su libertad condicional.
Además, concedió el arresto a una persona con diabetes y múltiples afecciones de salud.
Los magistrados tuvieron en cuenta la implementación de las videollamadas, la incorporación de computadoras y la provisión de tarjetas telefónicas para llamados.
La decisión se basa en la necesidad de dar cumplimiento al fallo "López" de la Corte Interamericana, donde se condenó al Estado argentino por la realización de traslados sin control judicial previo y en violación a otros derechos convencionales.
Conmoción en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El juez consideró que había agotado en exceso la pena de prisión perpetua impuesta en el año 1979, momento desde el cual se encontraba detenido de forma ininterrumpida.
La Cámara Federal de La Plata consideró que el juzgado de primera instancia no cumplió con la notificación y citación a todas las partes involucradas en el planteo, conforme lo requiere la jurisprudencia y las acordadas de la Corte Suprema.
El Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 5 días para presentar un cronograma que vaya en paralelo a las prioridades establecidas en el plan general de vacunación.
Por mayoría, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario que cuestionaba la constitucionalidad de la condena. En disidencia, los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti consideraron que se trataba de una acción realizada en el ámbito privado de la persona que no es punible.
La propuesta del ejecutivo de modificar la ley de ejecución penal tiene como eje la implementación de mecanismos basados en la resolución alternativa de conflictos, la mediación y la justicia restaurativa.
La decisión se apoya en el precedente "Arriola" y remarca que se trata de una acción realizada en el ámbito privado sin perjuicio a terceros que se encuentra protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Así lo decidió el juez federal Guido Sebastián Otranto. Se trata de una acción que había sido promovida por la Asociación Civil Usina de Justicia.
Se trata de un asunto de relevancia institucional donde se ha convocado la participación de expertos para enriquecer la deliberación.
Además, aclaró que la asignación de los lugares de alojamiento de la persona privada de la libertad se hará en función del sexo que la persona registre al momento del hecho por el cual se ordenó su detención.
Así lo decidió el Ministerio de Seguridad Nacional, argumentando que no están expresamente reconocidos por la ley; en las cárceles de jurisdicción provincial se mantienen permitidos.