- sábado 15 de marzo del 2025
En diálogo con Palabras del Derecho, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó el rol del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y analizó la situación que atraviesa la región.
En su biblioteca personal con más de 19.000 libros, Raúl Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió al equipo de Palabras del Derecho para reflexionar sobre diversos temas del ámbito jurídico.
Con un café de por medio, el magistrado analizó la situación que atraviesa la democracia en América Latina, el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA), el funcionamiento del sistema interamericano de Derechos Humanos, el dictado de las prisiones preventivas de la mano la doctrina “Irurzun” y la implementación del Código Procesal Penal Federal.
Ante el Golpe de Estado que ocurrió en Bolivia, ¿cómo considera que es el rol de Luis Almagro ante la Organización de Estados Americanos (OEA)?
Yo creo que es un incompetente. Entiendo el discurso de Donald Trump, se hace el loco, defiende diferentes intereses sectoriales, no justifico su discurso pero es político. En cambio, Almagro es un diplomático, se supone que al ser el Secretario General de la OEA cuando se produce cualquier problema tiene que mediar y contribuir a solucionarlo, no debe tirar fuego sobre el conflicto. Es una mala praxis diplomática enorme. Creo que si continúa en esta línea será el enterrador de la OEA, va a arruinar cien años de política continental.
Con relación a la situación democrática que atraviesa Argentina en comparación al resto de los países de la región, ¿qué lectura hace de por qué aquí el escenario es diferente a la realidad de nuestros vecinos?
Por el peronismo (risas). Es en serio, si no tuviésemos una conducción política, intendentes del conurbano que paliaron la situación, sería diferente. Por otra parte, los juicios de lesa humanidad concientizaron, se mantuvo la memoria de eso. En Chile la memoria se perdió, por ende los pibes que no vivieron el pinochetismo no le tienen miedo. En nosotros la memoria se ha conservado. De todas maneras en América Latina yo no sé si hay que hablar de derecha o de izquierda o si hay que hablar de soberanía y colonialismo, creo que la polarización es esa.
Usted es juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y siempre la gran problemática que tiene la Corte es que luego el Estado parte cumpla con esas sentencias.
Tenemos un procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias, en general se cumplen. Tenemos algún problema en algún Estado en particular, pero en general cumplen. Se sigue hasta que se cumplen todas, algunas se cumplen parcialmente, pero sobre todo las indemnizaciones se pagan.
¿Atraviesa una crisis financiera el sistema interamericano de Derechos Humanos?
No es una crisis financiera, es la estructura que tiene. Por supuesto, si se quisiera reforzar sería caro pero nace hace 40 años. El filtro que realiza la Comisión Interamericana hace que nos lleguen las causas a nosotros con mucha demora. No somos un sistema eficaz para resolver los conflictos, salvo para alguna medida provisional que se adopte. Tiene importancia en cuanto a la línea jurisprudencial que bajamos que luego se empieza a sostener ante los tribunales nacionales, eso genera una difusión y molesta a los gobiernos, pero no por la solución del conflicto porque para eso es ineficaz, el conflicto nos llega con una demora enorme.
¿Qué opinión le merece el informe del Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán, donde le requirió al Estado argentino que en un plazo de 60 días eleve un informe sobre posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial?
Si, lo que sucedió es que se presentó la denuncia ante el relator especial y lo que ha hecho es entender que los hechos que se denuncian son de dominio público. En consecuencia, lo que dice es que los consideran verosímiles, le dio curso a la denuncia y le pidió explicaciones al gobierno argentino.
Con respecto a lo que ocurrió en los últimos años en Argentina con el abuso en el dictado de las prisiones preventivas, recientemente se conoció un dictamen de la Comisión Bicameral para la implementación del Código Procesal Penal, actualmente vigente en Salta y Jujuy.
En materia penal si a mi me privan de libertad me privan de vida, de modo que es una pena anticipada, pero de cualquier manera no se puede soñar con hacerla desaparecer. En nuestra Constitución está muy claro eso. De modo que manipular la prisión preventiva como pena anticipada es abiertamente inconstitucional. Después surgió lo que se llamó la “doctrina Irurzun” que es un disparate, es un dislate. La regulación que hace el Código Procesal Penal Federal es más acorde a lo previsto por la Constitución. La prisión preventiva no debe ser regla, debe ser la excepción.
¿Cuál es la principal diferencia que destaca entre el Código Procesal Penal que se aprobó durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente no entró en vigencia, y este nuevo Código?
La diferencia sustancial está en quién lleva la instrucción. Soy sincero, tengo algunas dudas sobre qué tan acusatorio son los códigos acusatorios que no funcionan. Sucede algo que es inevitable y es que estoy viendo a lo largo de toda América Latina. Nadie va a dudar que el código acusatorio es más garantista y liberal, pero ponerlo en funcionamiento requiere una infraestructura. Díganme qué universo de conflictividad tiene el código procesal y qué presupuesto hay para tribunales, para fiscales, para defensores. Si eso no se calcula de esa manera se produce un embudo y se paran los juicios orales, entonces se apela a la negociación. Entonces estamos cambiando presos sin condena por condenados sin juicio y el proceso se convierte en una negociación de boliche. La solución algun dia va a tener que ser volver a Napoléon. Hay contravenciones, hay delitos, hay crímenes, y cada uno deberá tener un proceso distinto. Hay que jerarquizar el proceso.
Ante el acuerdo de Argentina con el FMI, ¿considera viable pensar la incorporación de un tipo penal político-económico internacional?
Sí, es posible introducir en el Código Penal un nuevo delito contra la Nación. Más o menos un tipo penal que establezca que quien desde la función ejecutiva genere un compromiso de pago en divisas, moneda extranjera o extienda la competencia nacional a jurisdicción internacional en materia de pago en divisas sin cumplir con las formalidades legales, sin pasar por el Congreso, será penado con determinada pena. Habría que elaborarlo mucho más pero me parece que habría que introducirlo como delito contra la Nación.
¿Qué opinión tiene sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia de cinco miembros?
Crea un enorme problema desde el punto de vista republicano, tres personas en nuestro país tienen un poder enorme, digo tres porque tres son mayoría. Es una concentración de poder muy peligrosa en una República. Es sumamente grave porque estas tres personas no saben lo que están firmando. No hay nadie que conozca todo el derecho. En la realidad lo que pasa es que hay secretarios que revisan las sentencias de los Superiores tribunales de provincia y de las segundas y terceras instancias nacionales y los otros tres ponen un pongo el gancho y bajan alguna línea. Son jefes de oficina de fabricación de sentencias. Esa es la realidad. Se estima que llegan alrededor de 15 mil causas por años a la Corte. La Corte acá asumió la función de ser la última instancia de sentencia de nuestro país cuando se le da la gana y eso es lo que hace hoy ordinariamente, expedirse sobre la constitucionalidad de normas es una excepción.
Con el objeto de descomprimir justamente ese caudal de causas se inventaron las Cámaras de Casación. ¿Qué opinión le merece?
Me hace ruido que algo que no sea la Corte Suprema pueda revisar causas de los Tribunales Superiores de provincia. Además, hay otro problema. La arbitrariedad empieza por excepción. La Corte sigue siendo Suprema, aunque se haga un tribunal de arbitrariedad por abajo, y mañana por excepción una Corte puede decir que va a revisar la arbitrariedad de esa arbitrariedad, entonces en vez de tres instancias tenemos cuatro, con lo cual nos complicamos más la cosa. No veo por ahí la solución. Sin embargo, si la encuentro en aumentar el número de jueces de la Corte y dividiéndolo en tres o cuatro cinco salas. Podría ser una corte de 12 o 15 de cada vez que se plantea una cuestión normativa.
¿Cuál es la relación existente a su modo de ver entre el poder punitivo y el feminismo?
El movimiento feminista tiene muchas variables, dentro de las cuales hay una variable medio punitivista. Primero considerando que en el sistema penal, el ejercicio del poder punitivo siempre es selectivo. En lugar de resolver conflictos muchas veces lo único que hace es darle un diploma de víctima a alguien. Que se yo; viene el bestia, le pega a la mujer, le rompe el brazo. Lo llevamos porque hay que enseñarle al bestia que no le tiene que pegar a la mujer, pero la mujer se queda con el brazo roto y tiene que alimentar a los chicos; el conflicto no está resuelto. El otro problema es que el poder punitivo nació misógino. La inquisición fue tremendamente misógina, se entretuvo en fritar mujeres por toda Europa. Todo eso respondía a una concepción. Cuidado, yo no digo no hacer uso del poder punitivo. Creo que el feminismo tiene que tener en ese sentido una suerte de práctica de lucha oriental. El poder punitivo es machista si puede usar el poder del enemigo. No confiemos en que el poder punitivo va a resolver todos los problemas.
¿Qué piensa que debería hacerse respecto a la disparidad de datos sobre los femicidios en nuestro país?
Habría que hacer una tipificación, ver lo que sucede. Pero no, no hay investigación de campo, entonces suben, bajan. Anteriormente pasaban y no se los publicitaba. No es tan difícil hacerla pero no se hace.
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