- Monday 05 de October del 2026
El juez federal de Tres de Febrero se presenta como candidato por la lista Compromiso Judicial para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación y explica cuáles son las propuestas de su espacio.
El 8 de octubre los jueces nacionales y federales de todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Las bancas destinadas a este estamento son cuatro y la distribución es mediante el sistema D’Hondt, respetando pautas de paridad de género y representación federal.
Los 695 magistrados que integran el padrón deberán elegir uno de los cuatro espacios que participan de los comicios: dos por la Lista Celeste, una por la Lista Bordó y otra por el espacio de Compromiso Judicial.
Por la lista Compromiso Judicial, que actualmente tiene un representante, integran su lista el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, junto a Magdalena Laiño, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
En diálogo con Palabras del Derecho, Culotta explicó cuáles son las propuestas de su espacio para el Consejo de la Magistratura. Defensa de la Justicia Nacional, fortalecimiento de la Justicia Federal, concursos y representación y defensa de los magistrados son algujos de sus ejes de campaña.
1. ¿Cuáles son sus principales propuestas como candidato/s a integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación?
Nuestras principales propuestas parten de una idea central: el Consejo debe estar más cerca de los jueces, conocer sus realidades y transformar sus necesidades en decisiones concretas:
DEFENSA DE LA JUSTICIA NACIONAL
• Una posición clara: NO al traspaso. Defender sus competencias, su estructura y la estabilidad de quienes la integran. Proponemos mesas de diálogo con activa participación de los afectados ante cualquier iniciativa que pueda modificar su organización o competencias.
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA FEDERAL
• Fortalecer su presencia en todo el país, con recursos, infraestructura, tecnología y condiciones acordes a las necesidades concretas de cada jurisdicción. Impulsaremos un relevamiento permanente de vacantes, cargas de trabajo, infraestructura, conectividad y recursos humanos para establecer prioridades objetivas.
REPRESENTACIÓN REAL
• Representar no es solamente ocupar un lugar en el Consejo. Es escuchar, estar presentes y actuar. Proponemos encuentros periódicos en las jurisdicciones, canales permanentes de consulta e informes de gestión de los representantes.
DEFENSA DE LOS MAGISTRADOS
• Una representación que se anticipe, acompañe y actúe cuando la función, los derechos o las condiciones de ejercicio de un magistrado estén en juego.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
• Garantizar que cada juez pueda decidir conforme a la Constitución y las leyes vigentes, sin presiones, condicionamientos ni injerencias externas. Proponemos defender activamente la independencia judicial, preservar el contenido jurisdiccional de las sentencias frente a interferencias disciplinarias y fortalecer la protección de los magistrados ante denuncias manifiestamente infundadas o utilizadas como mecanismos de presión.
CONCURSOS Y VACANTES
• Continuar agilizando los concursos, profundizar los concursos anticipados y priorizar los procesos según niveles de vacancia, sobrecarga y necesidades concretas del servicio de justicia.
• Seguir trabajando en propuestas concretas para la modificación del Reglamento para Concursos de Selección de Magistrados para imprimir transparencia y objetividad de los criterios del propio concurso en la evaluación, preservando la igualdad de condiciones de quienes participan y la calidad institucional del sistema de selección.
Nuestro compromiso es concreto: escuchar, representar y hacer.
2. ¿Cómo evalúa actualmente la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial? ¿Cuáles considera que son los principales factores que inciden en la confianza pública en la Justicia y qué medidas podrían adoptarse para fortalecerla?
Consideramos necesario fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, pero sin perder de vista que la Justicia no está llamada a buscar popularidad en términos mediáticos, sino a transparentar, a través de sus decisiones, su independencia, imparcialidad y cercanía con las personas.
Para ello, necesitamos una Justicia eficiente y ágil, que pueda resolver los conflictos en un tiempo oportuno. La demora en los procesos constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad y, por eso, debemos seguir trabajando para agilizar los procedimientos sin resignar las garantías ni la calidad de las decisiones.
Pero también debemos hacer una autocrítica respecto de un problema que consideramos central: la comunicación. La Justicia realiza cotidianamente una tarea seria y comprometida que muchas veces no es suficientemente conocida por la ciudadanía. Por eso, creemos que sería conveniente contar con una oficina de comunicación profesional, no orientada simplemente a la prensa o a visibilizar la actividad judicial, sino a brindar herramientas a los magistrados para comunicar adecuadamente casos de especial complejidad o exposición pública.
Al mismo tiempo, debemos profundizar el uso de un lenguaje claro y sencillo. Las resoluciones deben ser comprensibles y autosuficientes, de modo que puedan ser entendidas no solo por los profesionales del derecho, sino también por el ciudadano común. Una Justicia cercana también es una Justicia que sabe comunicar.
3. En el ámbito de los procesos disciplinarios, ¿qué aspectos considera que se deberían mejorar? ¿Cuál considera que es el límite a la imposibilidad de juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias?
Desde COMPROMISO JUDICIAL entendemos que cada juez debe resolver de acuerdo con la Constitución y la ley, sin interferencias ni presiones políticas, mediáticas o corporativas. En ese marco, consideramos fundamental que los procesos disciplinarios tengan criterios claros que permitan distinguir una conducta que pueda ser objeto de reproche disciplinario de aquello que, en realidad, constituye un cuestionamiento al contenido de una sentencia.
Cuando un juez resuelve conforme a su interpretación de la Constitución y de la ley, esa decisión podrá ser cuestionada mediante los recursos procesales correspondientes, pero no debería dar lugar, por sí misma, a una denuncia disciplinaria. De lo contrario, se corre el riesgo de que los magistrados sean condicionados en el ejercicio de su función.
Por eso, creemos que el Consejo de la Magistratura debe analizar especialmente aquellas denuncias que puedan encubrir un cuestionamiento al contenido de una sentencia y actuar como garante de ese límite. El control disciplinario debe estar dirigido a las conductas que efectivamente correspondan a ese ámbito y no transformarse en una instancia de revisión de las decisiones judiciales.
Al mismo tiempo, consideramos necesario fortalecer reglas y criterios objetivos que brinden mayor previsibilidad y transparencia a los procesos disciplinarios, tanto para quienes denuncian como para los propios magistrados.
4. ¿Cuál es su posición respecto del traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué rol considera que debería asumir el Consejo de la Magistratura frente a este proceso?
Nuestra posición es de defensa irrestricta de la Justicia Nacional en todos sus aspectos. Como espacio, no acompañamos proyectos que impliquen el traspaso, la disolución o el cierre de la Justicia Nacional. Entendemos que se trata de un proceso que no puede abordarse de manera compulsiva ni desconociendo las garantías constitucionales de los magistrados y magistradas, su independencia, su inamovilidad y sus derechos y garantías.
Creemos que el Consejo de la Magistratura tiene frente a este escenario una responsabilidad central: anticiparse y generar una política institucional clara, previsible y participativa. Las distintas situaciones que atraviesan los fueros requieren ser analizadas con seriedad y atendiendo a sus particularidades.
Por eso, proponemos la creación de mesas de diálogo desde el Consejo, con la participación de los distintos operadores del sistema y, especialmente, de los magistrados que puedan verse involucrados. No se trata solamente de reaccionar frente a las decisiones que se adopten, sino de participar activamente en el proceso, anticipar sus consecuencias y resguardar los derechos de quienes integran la Justicia Nacional.
5. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que plantea la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal? ¿Qué medidas deberían adoptarse desde el Consejo para acompañar ese proceso?
La implementación del sistema acusatorio ya es una realidad en gran parte del país y el principal desafío hacia adelante es consolidar su funcionamiento, completar las jurisdicciones pendientes y garantizar que el nuevo modelo pueda desarrollarse adecuadamente en cada distrito.
El principal desafío de la implementación del nuevo Código Procesal es el cambio en la función de los magistrados, prevé que éstos asuman un rol estrictamente jurisdiccional -jueces de garantías, revisión, juicio y ejecución- y abandonen la dirección de la investigación, la cual históricamente se ha concentrado en los juzgados de instrucción.
En dicho contexto, debe considerarse el impacto que pudiera generar el traspaso de la Justicia Nacional sobre el rol y la función de los jueces de los tribunales orales. Su participación resulta fundamental en toda reforma vinculada con el sistema acusatorio y la implementación del CPPF, por lo que cualquier modificación institucional debe considerar el lugar que ocupan los magistrados en el funcionamiento y en la evolución del sistema de justicia.
Desde el Consejo debemos acompañar ese proceso de manera coordinada con los demás actores del sistema, procurando que la transformación procesal esté respaldada por los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios.
En este sentido, resulta fundamental continuar trabajando en la adecuación y modernización de los espacios judiciales, la incorporación de tecnología para las audiencias y la investigación, y la capacitación de magistrados, funcionarios y equipos técnicos. La experiencia reciente demuestra la importancia de esta tarea: el Ministerio de Justicia ha realizado inversiones en infraestructura y tecnología y ha puesto inmuebles a disposición de la Procuración General de la Nación para fortalecer su capacidad operativa frente al nuevo modelo.
Ahora bien, cabe destacar que el desafío en los distritos federales del interior es generar las condiciones para que ese nuevo sistema procesal pueda funcionar. En este orden, debe garantizarse la conectividad tecnológica estable, las condiciones materiales y humanas necesarias y la presencia operativa para causas en zonas fronterizas o alejadas, siendo ello un reto logístico constante.
El rol del Consejo debe ser acompañar este proceso desde su ámbito específico, identificando las necesidades de cada jurisdicción y trabajando coordinadamente para que la implementación no sea solamente un cambio de reglas procesales, sino una transformación institucional sostenible.
6. Distintos organismos judiciales y ministerios públicos han comenzado a establecer reglas para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. ¿Qué posición tiene respecto de su utilización en la función judicial y de la incorporación de nuevas tecnologías en los tribunales? ¿Considera necesario establecer criterios o regulaciones específicas?
Consideramos que la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial, puede ser una herramienta muy valiosa para mejorar y simplificar procesos dentro de la función judicial. Sin embargo, entendemos que su utilización debe ser siempre controlada y supervisada, con criterios claros que permitan garantizar un uso responsable y seguro.
Al mismo tiempo, la incorporación de tecnología resulta fundamental para afrontar las nuevas formas de criminalidad, particularmente los ciberdelitos, y para fortalecer la preservación y el tratamiento de la evidencia digital. Estos nuevos desafíos requieren no solo contar con herramientas adecuadas, sino también capacitar a magistrados, funcionarios y personal judicial para que puedan utilizarlas correctamente.
Por eso, creemos necesario que existan criterios y pautas específicas para el uso de Inteligencia Artificial y otras herramientas tecnológicas en el ámbito judicial. Estas reglas deberían establecer parámetros de utilización, supervisión y responsabilidad, procurando que la tecnología sea un instrumento que facilite el trabajo judicial y mejore los procesos, sin reemplazar el criterio ni la responsabilidad de quienes utilicen estas nuevas herramientas.
El desafío es incorporar estas herramientas de manera responsable, acompañando la innovación con capacitación y estableciendo las garantías necesarias para preservar la seguridad, la transparencia y la calidad de las decisiones judiciales.
7. Uno de los principales desafíos del Consejo de la Magistratura se vincula con los procesos de selección de magistrados y la cobertura de vacantes. ¿Qué modificaciones o medidas impulsaría para mejorar el funcionamiento de los concursos y los tiempos de designación?
La cobertura de vacantes es uno de los aspectos centrales para garantizar un adecuado servicio de justicia. Cuando un juzgado permanece vacante, se recurre a subrogancias que pueden generar demoras y, al mismo tiempo, afectar el funcionamiento del juzgado del magistrado que debe asumirlas. Por eso, entendemos que es necesario seguir reduciendo los tiempos de selección y designación.
Creemos que el Consejo de la Magistratura ha avanzado en el desarrollo de los concursos y en la conformación de las ternas, pero es necesario que todo el proceso tenga continuidad hasta la efectiva cobertura de las vacantes. En esa etapa final, corresponde reconocer que recientemente tanto el Poder Ejecutivo como el Senado han dado mayor celeridad al tratamiento de las designaciones, permitiendo avanzar en la cobertura de un número importante de vacantes.
También consideramos importante consolidar herramientas que ya se encuentran en funcionamiento, como los concursos anticipados, que permiten avanzar en la selección con anterioridad a que se produzcan determinadas vacantes. Profundizar este mecanismo contribuye a reducir los tiempos de cobertura y evitar que las vacantes se prolonguen innecesariamente, sin resignar la transparencia ni la evaluación de antecedentes y capacidades.
El objetivo debe ser lograr un proceso más ágil, previsible y coordinado entre todas sus etapas, porque la cobertura oportuna de las vacantes es fundamental para garantizar un adecuado servicio de justicia.
8. Más allá de los temas anteriores, ¿cuál considera que debería ser la principal prioridad del Consejo de la Magistratura durante el próximo mandato?
La principal prioridad debe ser estar a la altura de todos los desafíos que enfrentan la Justicia Nacional, la Justicia Federal del Interior y la Justicia Federal de CABA, con una representación real, federal y permanente, que permita abordarlos desde el conocimiento concreto de cada fuero y jurisdicción.
Esto implica defender la independencia judicial, acompañar a los magistrados frente a denuncias que pretendan cuestionar el contenido de sus sentencias, sostener una posición clara frente al traspaso de la Justicia Nacional, avanzar en la cobertura de vacantes y acompañar la incorporación responsable de nuevas tecnologías.
Pero también implica conocer las realidades cotidianas de cada fuero y jurisdicción, sus necesidades de recursos, infraestructura y personal, y llevarlas al lugar donde se toman las decisiones.
Esta es la forma de representación que venimos construyendo desde 2014: una representación cercana, federal y comprometida con las necesidades concretas de la Justicia. Representar no es establecer una única prioridad, sino asumir la responsabilidad de abordar integralmente sus desafíos, con una mirada federal, institucional y de largo plazo.
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