- Monday 05 de October del 2026
El juez nacional civil se presenta como candidato por la Lista Bordó para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación y explica cuáles son las propuestas de su espacio.
El 8 de octubre los jueces nacionales y federales de todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Las bancas destinadas a este estamento son cuatro y la distribución es mediante el sistema D’Hondt, respetando pautas de paridad de género y representación federal.
Los 695 magistrados que integran el padrón deberán elegir uno de los cuatro espacios que participan de los comicios: dos por la Lista Celeste, una por la Lista Bordó y otra por el espacio de Compromiso Judicial.
La Lista Bordó, que en la actualidad cuenta con dos consejeros representantes, propuso como candidatos al juez nacional en lo civil y ex presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), Marcelo Gallo Tagle, y a la camarista federal de Resistencia, Rocío Alcalá.
En diálogo con Palabras del Derecho, Gallo Tagle desarrolló cuáles son las propuestas de su espacio para el Consejo de la Magistratura. Concursos públicos, procesos disciplinarios, el traspaso de la Justicia Nacional a la CABA y el uso de herramientas de inteligencia artificial en la función judicial fueron algunos de los ejes desarrollados.
1. ¿Cuáles son sus principales propuestas como candidato/a a integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación?
Las propuestas de la Lista Bordó parten de una idea central: continuar aquello que ha dado resultados y mejorar los aspectos del funcionamiento del Consejo que todavía requieren respuestas. El objetivo es consolidar los avances alcanzados y profundizar una gestión más cercana a las necesidades concretas de los magistrados y del Poder Judicial.
En materia de administración, se propone profundizar la modernización y la transparencia, mejorar la trazabilidad de los procedimientos administrativos y permitir que los magistrados puedan conocer el estado de los requerimientos formulados por sus tribunales. A ello se suma la consolidación de un Plan Federal de Infraestructura Judicial, con prioridades objetivas, planificación plurianual y una mirada verdaderamente federal.
En la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, la Lista Bordó propone defender un sistema de concursos para la selección de magistrados que reconozca especialmente la carrera judicial y la experiencia adquirida dentro del Poder Judicial. También se plantea fortalecer la participación de magistrados en los jurados, evaluar a los postulantes mediante casos vinculados con situaciones reales de la función que se concursa y exigir el cumplimiento efectivo de los plazos, evitando demoras derivadas de especulaciones políticas.
En las Comisiones de Disciplina y de Acusación, se propone un sistema equilibrado: firme frente al mal desempeño y, al mismo tiempo, respetuoso de la independencia judicial y del debido proceso. Entre las medidas centrales se encuentran prevenir la utilización abusiva de las denuncias, restablecer un examen temprano de admisibilidad, garantizar que los magistrados conozcan las actuaciones que los involucran y evitar que el procedimiento disciplinario se transforme en una instancia de revisión de las sentencias. Asimismo, se sostiene la participación efectiva de los jueces en la Comisión de Acusación.
En materia de comunicación, la propuesta es que el Consejo no se limite a informar sus actividades, sino que explique sus decisiones, muestre resultados y reconozca también los problemas pendientes. Se busca hacer más comprensible el funcionamiento del Poder Judicial, visibilizar el trabajo cotidiano de jueces y juezas, establecer una comunicación más directa con los magistrados y reflejar las distintas realidades de la Justicia Nacional y Federal en todo el país.
2. ¿Cómo evalúa actualmente la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial? ¿Cuáles considera que son los principales factores que inciden en la confianza pública en la Justicia y qué medidas podrían adoptarse para fortalecerla?
La relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial muestra una severa brecha entre la utilización del servicio y la confianza institucional.
Hay trabajos que miden el Índice de Confianza en la Justicia en los que se señalan que, si bien una amplia mayoría de las personas recurre a los tribunales ante conflictos concretos, la percepción sobre la imparcialidad, celeridad y eficacia del sistema continúa siendo mayoritariamente crítica o fluctuante.
Los Principales factores que inciden en la confianza pública, podrían ser la lentitud procesal y vacantes prolongada, lo que demoran los tiempos de resolución efectiva de los procesos.
La sospecha de interferencias políticas o económicas, sumada a mecanismos opacos de selección o juzgamiento disciplinario de magistrados, lo que erosiona de forma directa la legitimidad de la magistratura.
Los formalismos excesivos y el lenguaje estrictamente técnico alejan la labor judicial de las necesidades del ciudadano común.
La falta de modernización homogénea en expedientes digitales y de herramientas informáticas. Las medidas que pueden resultar de utilidad para fortalecer la confianza en la Justicia serían:
3. En el ámbito de los procesos disciplinarios, ¿qué aspectos considera que se deberían mejorar?
El hecho de que el procedimiento disciplinario no sea un proceso penal no significa que pueda prescindir de las garantías fundamentales propias del ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado.
Proponemos reforzar reglamentariamente el derecho de defensa, el conocimiento preciso de los hechos atribuidos, el acceso a las actuaciones, la posibilidad de ofrecer y controvertir prueba, la congruencia entre la denuncia, la investigación y la decisión, y el derecho a obtener una resolución fundada dentro de un plazo razonable.
Investigar con garantías no debilita el sistema disciplinario: lo legitima.
Proponemos que los jueces sean informados oportunamente cuando ingrese una denuncia que los involucre y puedan acceder a las actuaciones, salvo que exista una razón concreta y fundada que excepcionalmente justifique una reserva temporal.
Además:
¿Cuál considera que es el límite a la imposibilidad de juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias?
El procedimiento disciplinario no puede utilizarse para revisar el contenido de las decisiones jurisdiccionales.
Las sentencias cuentan con mecanismos específicos de impugnación dentro del proceso. Una decisión posteriormente revocada, controvertida o que desagrade a alguna de las partes no constituye, por sí misma, una falta disciplinaria.
Proponemos reforzar esta distinción para preservar un principio fundamental: los jueces deben poder decidir conforme a derecho sin temor a consecuencias disciplinarias por el contenido de sus resoluciones.
Nuestro compromiso: ni impunidad ni disciplinamiento. Responsabilidad, garantías e independencia judicial.
4. ¿Cuál es su posición respecto del traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué rol considera que debería asumir el Consejo de la Magistratura frente a este proceso?
Nos oponemos al traspaso de la Justicia Nacional y defendemos su permanencia en el Poder Judicial de la Nación.
No es una discusión administrativa: están en juego el diseño constitucional, la independencia de los magistrados, los derechos del personal y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Nuestra posición tiene cuatro fundamentos.
Primero, la Constitución distingue a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene autonomía pero no es provincia; por eso, el traspaso no es una consecuencia automática de esa autonomía.
Segundo, la independencia judicial es una garantía de los ciudadanos, no un privilegio: todo cambio debe asegurar, como mínimo, los estándares actuales de magistrados, fiscales y defensores, sin mecanismos de designación, disciplina o remoción menos exigentes.
Tercero, deben preservarse íntegramente la categoría, remuneración, antigüedad, régimen previsional, obra social y posibilidades de ascenso de funcionarios y empleados; no basta con garantizar nominalmente los derechos adquiridos.
Cuarto, cambiar la dependencia de un tribunal no resuelve sus problemas reales: se necesitan mejores procedimientos, cobertura de vacantes, infraestructura, tecnología y recursos humanos, y un traspaso de esta magnitud puede afectar la continuidad del servicio.
Por eso, nuestra posición es clara: NO al traspaso de la Justicia Nacional.
5. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que plantea la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal? ¿Qué medidas deberían adoptarse desde el Consejo para acompañar ese proceso?
La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal argentina representa un cambio de paradigma
Entre los principales desafíos hay que lograr superar la resistencia al cambio de un sistema inquisitivo (o mixto) a uno puramente adversarial.
El sistema acusatorio requiere salas de audiencias equipadas con tecnología de grabación de audio y video de alta calidad, ya que el registro oral reemplaza al expediente en papel.
También se requiere la reorganización de los recursos humanos. Pasar de juzgados tradicionales estructurados en "secretarías" a un modelo de Oficinas Judiciales.
El Consejo de la Magistratura debe promover una capacitación intensiva y continua, financiando y coordinando en la Escuela Judicial programas de entrenamiento en litigación oral, gestión de audiencias y nuevas tecnologías para magistrados y empleados.
Priorizar el presupuesto para la reconfiguración de los edificios judiciales, garantizando la conectividad y la instalación de los sistemas de registro digital de audiencias.
Facilitar la reconversión de los cargos de los juzgados hacia las Oficinas Judiciales comunes y dotar de mayor flexibilidad a las plantas de personal. Cubrir las vacantes existentes de manera prioritaria en las jurisdicciones donde se va implementando el nuevo Código Procesal Penal Federal para evitar el colapso del sistema".
6. Distintos organismos judiciales y ministerios públicos han comenzado a establecer reglas para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. ¿Qué posición tiene respecto de su utilización en la función judicial y de la incorporación de nuevas tecnologías en los tribunales?
"Por supuesto que es necesario, es inexorable. Es más, es para ayer.
El Consejo de la Magistratura tiene que lograr el desarrollo de una IA local, propia, uniforme, para evitar iniciativas individuales, y para dar respuestas homogéneas sea cual fuera la dependencia donde trámite una causa. Tiene que ser una respuesta institucional de manera que su adopción se encuentre asociada e inmersa en el sistema de gestión judicial.
La IA nunca va a reemplazar la sana crítica, pero en tiempos de inmediación, de aceleración en la tramitación de las causas , la IA es una herramienta que ha venido para quedarse y auxiliar en la rapidez.
¿Considera necesario establecer criterios o regulaciones específicas?
Hay muchos profesionales muy capaces dentro del Poder Judicial de la Nación que pueden aunar esfuerzos para lograrlo. Y el ámbito para ello es el trabajo coordinado entre el Consejo de la Magistratura, a través de la Dirección General de Tecnología, junto a las áreas pertinentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hoy en casi todas las dependencias judiciales está presente el uso de la IA. Pero necesitamos un desarrollo que sea un producto propio, que haga confiable su uso en la justicia. Hacia lograrlo estamos enfocados.
Claro que sí, el uso de la IA debe ser regulado por la autoridad ya que se debe equilibrar la eficiencia tecnológica con la protección de los derechos.
Como señala el CIPPEC, cuando la IA empieza a incorporarse a los sistemas de justicia como herramienta de apoyo para ordenar información, agilizar tareas y mejorar el acceso a normativa, jurisprudencia y documentación, no plantea solo una explosión tecnológica, sino que también abre desafíos en materia de privacidad, sesgos, opacidad, trazabilidad, responsabilidad institucional y supervisión humana, en un ámbito donde están en juego derechos, garantías y confianza pública.
7. Uno de los principales desafíos del Consejo de la Magistratura se vincula con los procesos de selección de magistrados y la cobertura de vacantes. ¿Qué modificaciones o medidas impulsaría para mejorar el funcionamiento de los concursos y los tiempos de designación?
Proponemos cuatro cambios en la Comisión de Selección. Primero, revisar la asignación de puntajes de antecedentes para reconocer adecuadamente la carrera en el Poder Judicial y, especialmente, la experiencia vinculada con la competencia y función de la vacante concursada.
Los antecedentes deben reflejar la experiencia real, las responsabilidades asumidas y el conocimiento del fuero.
Segundo, revisar la conformación de los jurados para garantizar una participación significativa de jueces y juezas con experiencia en la materia del concurso; la formación académica es valiosa, pero debe complementarse con la mirada de quienes conocen la realidad cotidiana de los tribunales.
Tercero, que los exámenes planteen casos concretos y verosímiles, propios de la vacante, que evalúen no sólo conocimientos jurídicos sino también la capacidad para identificar problemas, valorar prueba y adoptar decisiones fundadas, evitando supuestos excesivamente teóricos o excepcionales.
Cuarto, exigir el cumplimiento efectivo de los plazos reglamentarios de cada etapa, con mecanismos de seguimiento, identificación de las causas de demora y una planificación que permita avanzar en las vacantes prioritarias. Las demoras prolongan las vacantes, incrementan la subrogancia y afectan el funcionamiento de los tribunales: un concurso que demora años se convierte en parte del problema.
8. Más allá de los temas anteriores, ¿cuál considera que debería ser la principal prioridad del Consejo de la Magistratura durante el próximo mandato?
La principal prioridad debería ser poner al Consejo de la Magistratura al servicio del funcionamiento del Poder Judicial. Parece una afirmación sencilla, pero comprende buena parte de los desafíos que hoy enfrentan los tribunales nacionales y federales.
El Consejo debe concentrarse en aquellas funciones que tienen un impacto concreto sobre la prestación del servicio de justicia: cubrir las vacantes mediante concursos para la selección de magistrados ágiles y transparentes; garantizar una administración eficiente; mejorar la infraestructura y la tecnología; distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades reales de cada jurisdicción; y asegurar procedimientos disciplinarios que combinen firmeza frente al mal desempeño con pleno respeto por la independencia judicial. Son cuestiones que atraviesan las distintas propuestas formuladas por la Lista Bordó.
Pero también resulta necesario profundizar una mirada verdaderamente federal. Las necesidades de los tribunales no son iguales en todo el país y el Consejo debe conocer esas diferencias, estar presente y brindar respuestas acordes con cada realidad.
En definitiva, la prioridad debe ser construir un Consejo más cercano, eficiente y federal, que escuche a los magistrados, facilite su trabajo y concentre sus recursos y decisiones en mejorar el servicio de justicia. El Consejo no es un fin en sí mismo: debe ser una herramienta para que el Poder Judicial funcione mejor.
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