- Monday 05 de October del 2026
La jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se presenta como candidata por la Lista Celeste N°2 para integrar el Consejo de la Magistratura y explica cuáles son las propuestas de su espacio.
El 8 de octubre los jueces nacionales y federales de todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2029. Las bancas destinadas a este estamento son cuatro y la distribución es mediante el sistema D’Hondt, respetando pautas de paridad de género y representación federal.
Los 690 magistrados que integran el padrón deberán elegir uno de los cuatro espacios que participan de los comicios: dos por la Lista Celeste, una por la Lista Bordó y otra por el espacio de Compromiso Judicial.
Por la lista Celeste N°2, una de las listas la encabeza Gabiela Vázquez, jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, junto a Alejo Ramos Padilla, juez a cargo del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral de La Plata.
En diálogo con Palabras del Derecho, Vázquez explicó cuáles son las propuestas de su espacio para el Consejo de la Magistratura. Revisar la transferencia de la Justicia Nacional a la CABA, atender las mejoras de infraestructuras que necesitan los tribunales, transparencia en los concursos y representación federal de la magistratura fueron algunos de los ejes desarrollados.
1. ¿Cuáles son sus principales propuestas como candidato/a a integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación?
Integré el Consejo de la Magistratura entre 2014 y 2018 y fui su primera presidenta mujer. Conozco cómo funciona, sus herramientas, sus posibilidades y también sus límites.
Creo que en estos años el Consejo se fue alejando de los problemas concretos que atraviesan los jueces y juezas y, al mismo tiempo, de las demandas que tiene la ciudadanía respecto del funcionamiento del Poder Judicial.
Quiero recuperar una representación real de la magistratura. Y para mí representar no significa hablar en nombre de los jueces sin escucharlos. Significa recorrer las jurisdicciones, conocer qué pasa en cada fuero y llevar esos problemas al Consejo para buscar respuestas concretas.
No todos los tribunales ni todas las jurisdicciones atraviesan las mismas dificultades. Por eso propongo una representación abierta, federal y presente, que no quede reducida a una mesa chica y que mantenga un vínculo permanente con quienes representa.
También quiero ser muy clara en algo: defender la independencia y las garantías de los jueces no significa defender corporativamente cualquier conducta. La independencia judicial exige jueces libres de presiones, pero también transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Ya conozco el Consejo. Mi propuesta es poner esa experiencia al servicio de una representación que escuche, esté presente y, sobre todo, dé respuestas.
2. ¿Cómo evalúa actualmente la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial? ¿Cuáles considera que son los principales factores que inciden en la confianza pública en la Justicia y qué medidas podrían adoptarse para fortalecerla?
Creo que existe una distancia muy grande entre la ciudadanía y las instituciones públicas, y el Poder Judicial no puede considerarse ajeno a ese problema.
Hay cosas que no dependen de los jueces, pero hay otras que sí podemos cambiar. Y me parece importante empezar por reconocerlo.
Una de ellas es la forma en que se seleccionan los magistrados. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué una persona llega a ser juez: cuáles son sus antecedentes, cómo rindió, cómo fue evaluada y cuáles fueron las razones de su selección. Cuanto más transparente sea ese proceso, mayor legitimidad tendrán quienes después deben tomar decisiones que afectan la vida de las personas.
El Consejo tiene herramientas concretas para mejorar ese sistema, empezando por revisar el reglamento y las prácticas de los concursos.
Hay un segundo problema, mucho más cotidiano: los tiempos de la Justicia. Quien llega a un tribunal no llega porque le interese cómo funciona internamente el Poder Judicial; llega porque tiene un problema y necesita una respuesta. Cuando esa respuesta tarda años, la confianza se deteriora. Para mejorar esos tiempos hacen falta recursos, tecnología, infraestructura y una mejor organización del trabajo.
También tenemos que comunicar mejor. Los jueces hablamos fundamentalmente a través de nuestras sentencias, pero no podemos ignorar que muchas veces utilizamos un lenguaje que resulta incomprensible para quien no es abogado y necesitamos herramientas y equipos para poder comunicar de la mejor manera posible las decisiones que adoptamos. El rigor jurídico no está reñido con el lenguaje claro, ni con la comunicación a la ciudadanía.
No creo que exista una medida mágica para recuperar la confianza. Se recupera mejores decisiones institucionales, muchas de las cuales deben impulsarse desde el propio Consejo de la Magistratura para que el Poder Judicial pueda dar respuestas a las demandas y necesidades de estos tiempos.
3. En el ámbito de los procesos disciplinarios, ¿qué aspectos considera que se deberían mejorar? ¿Cuál considera que es el límite a la imposibilidad de juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias?
Hay una distinción que para mí es fundamental: el Consejo de la Magistratura no puede transformarse en una instancia de revisión de las sentencias de los jueces.
Si una parte considera que una decisión judicial es equivocada, existen recursos y tribunales superiores para revisarla. La vía disciplinaria no puede utilizarse para castigar o disciplinar a un magistrado porque una decisión guste o disguste, tenga repercusión pública o afecte determinados intereses. El Consejo debe garantizar la independencia tanto de presiones externas, como incluso internas, para que todos los jueces y juezas del país, puedan llevar adelante esa función tan importante, como lo es la de impartir de justicia.
Eso no significa que los magistrados estén exentos de responsabilidad. Si existe una falta disciplinaria, debe investigarse. Y si existen hechos que puedan configurar alguna de las causales constitucionales de remoción, corresponde que funcionen los mecanismos previstos para ello. Pero siempre con reglas claras, debido proceso, derecho de defensa y prueba.
Me preocupa especialmente cualquier intento de utilizar los procedimientos disciplinarios como una forma indirecta de condicionar el sentido de las decisiones judiciales. Un juez que empieza a preguntarse qué consecuencias personales puede tener una sentencia antes de resolver pierde algo esencial que es la tranquilidad para resolver y en definitiva su independencia.
Por eso creo que hay que ser firmes en las dos direcciones: no al uso disciplinario del Consejo para presionar por el contenido de las decisiones, y tampoco a la defensa automática cuando existen conductas reprochables que sí deben ser investigadas. Esas conductas no solo comprometen la responsabilidad individual de quien las realiza, sino que también afectan la imagen de la magistratura y el trabajo cotidiano de la enorme mayoría de los jueces y juezas, que desempeñan sus funciones con independencia, honestidad e integridad.
4. ¿Cuál es su posición respecto del traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué rol considera que debería asumir el Consejo de la Magistratura frente a este proceso?
Tengo una posición crítica frente a la forma en que se está llevando adelante este proceso, especialmente porque afecta directamente a magistrados, funcionarios y empleados a los que no se les ha dado una participación real en la discusión.
Además, no todos los procesos de transferencia están en la misma etapa. En materia laboral existe un acuerdo aprobado por el Congreso y por la Legislatura porteña, cuya implementación depende de las condiciones previstas en el propio convenio. En el caso de la Justicia Nacional de Menores, el convenio obtuvo media sanción del Senado y se encuentra actualmente en Diputados.
Pero detrás de esas diferencias hay un problema común: existe una enorme incertidumbre sobre qué va a suceder con estructuras judiciales, magistrados y equipos de trabajo que se formaron y especializaron durante años.
El caso de la Justicia de Menores muestra muy claramente esa contradicción. Al mismo tiempo que el nuevo régimen penal juvenil exige mayores responsabilidades y especialización, se discute un convenio que prevé transferir esa función judicial a la Ciudad.
Creo que el Consejo no puede mirar este proceso desde afuera. Tiene responsabilidades vinculadas con la administración del Poder Judicial, la selección y disciplina de los magistrados y el dictado de reglamentos para la organización judicial.
Por eso debe escuchar a los jueces de los fueros afectados, estudiar las consecuencias institucionales de cada transferencia, dar previsibilidad respecto de las estructuras y defender las garantías funcionales de quienes ejercen la magistratura.
Sobre todo, tiene que actuar antes y no después. No sirve que el Consejo intervenga cuando las decisiones ya están tomadas, los problemas ya llegaron a los tribunales y las personas afectadas no saben qué va a pasar con su trabajo o con sus funciones. Los jueces y juezas de la justicia nacional, que no solo han demostrado ser idóneos para la función que llevan adelante, sino que vienen llevando adelante un trabajo intachable, deben tener certezas de lo que va ocurrir con sus carreras judiciales y con los equipos técnicos que han formado y los acompañan.
5. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que plantea la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal? ¿Qué medidas deberían adoptarse desde el Consejo para acompañar ese proceso?
Creo que el sistema acusatorio representa un cambio muy importante para la Justicia Federal. Implica más oralidad, más inmediación en las audiencias y una delimitación mucho más clara de las funciones de jueces, fiscales y defensores.
Eso puede mejorar la forma en que el Poder Judicial se relaciona con las personas. Una audiencia oral, en la que las partes plantean sus posiciones directamente frente al juez y la decisión se adopta con mayor inmediación, es muy distinta de un expediente que se tramita durante años casi exclusivamente por escrito.
Pero un cambio procesal de esta magnitud no funciona solamente porque cambie el Código. Necesita infraestructura, salas de audiencias, tecnología adecuada, Oficinas Judiciales que funcionen, equipos capacitados y una organización distinta del trabajo.
Ahí el Consejo tiene mucho que hacer. Su responsabilidad debe ser garantizar que los jueces cuenten con las condiciones materiales y humanas necesarias para ejercer correctamente la función que les asigna el nuevo sistema.
También debemos aprender de las jurisdicciones donde el Código ya está funcionando. No tiene sentido repetir errores que ya fueron detectados en otras experiencias.
Y hay una cuestión pendiente: hoy existe una fecha establecida -15 de febrero de 2027- para la implementación en los fueros Federal y Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero continúa sin una fecha definida la justicia nacional penal ordinaria con asiento en la Capital Federal.
Creo que todas las instituciones involucradas deben trabajar para dar previsibilidad también a esa jurisdicción y muchas de estas decisiones se vinculan con otras decisiones que se están tomando en relación con el Poder Judicial en las que el Consejo de la Magistratura no está interviniendo activamente en representación de los jueces y juezas como debería hacerlo.
6. Distintos organismos judiciales y ministerios públicos han comenzado a establecer reglas para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. ¿Qué posición tiene respecto de su utilización en la función judicial y de la incorporación de nuevas tecnologías en los tribunales? ¿Considera necesario establecer criterios o regulaciones específicas?
La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra realidad y creo que sería un error que el Poder Judicial simplemente mirara para otro lado.
Hay que aprovechar las herramientas tecnológicas que puedan mejorar el trabajo judicial, pero hacerlo con reglas claras. La información con la que trabajamos en los tribunales muchas veces es sensible o confidencial y no puede cargarse indiscriminadamente en cualquier plataforma.
También tiene que existir algo que para mí es un límite muy claro: la inteligencia artificial puede asistir al juez, pero no puede sustituir su decisión.
Eso supone establecer criterios sobre protección de datos, confidencialidad, trazabilidad, control humano y responsabilidad por el uso de estas herramientas. También implica capacitar a quienes las utilizan. No alcanza con prohibirlas ni con habilitarlas sin ninguna regla.
Hay experiencias de distintos tribunales y ministerios públicos que pueden estudiarse. A partir de ellas, el Poder Judicial debería construir criterios institucionales y revisarlos periódicamente, porque estamos hablando de tecnologías que cambian a una velocidad enorme.
Ahora bien, tampoco tenemos que creer que modernizar el Poder Judicial consiste simplemente en comprar tecnología o incorporar inteligencia artificial.
Modernizar es conocer mejor dónde están los problemas, gestionar mejor los recursos y organizar los tribunales para que puedan brindar respuestas de calidad en tiempos razonables.
La tecnología es una herramienta. El objetivo sigue siendo mejorar el servicio de justicia sin perder aquello que necesariamente debe seguir siendo humano: la responsabilidad de escuchar, valorar y decidir.
7. Uno de los principales desafíos del Consejo de la Magistratura se vincula con los procesos de selección de magistrados y la cobertura de vacantes. ¿Qué modificaciones o medidas impulsaría para mejorar el funcionamiento de los concursos y los tiempos de designación?
Tenemos demasiadas vacantes y no creo que podamos atribuir todo ese problema a una sola causa.
Hay decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo y al Senado, pero también hay cosas que el propio Consejo puede hacer mejor para que la etapa que está bajo su responsabilidad sea más rápida y fundamentalmente más transparente.
También revisaría el sistema de evaluación. Hoy quienes integran el jurado intervienen en la elaboración de los casos y posteriormente califican los exámenes. Creo que podemos pensar mecanismos que separen mejor esas funciones y reduzcan los márgenes de subjetividad.
Y revisaría la prueba de oposición. La capacidad de resolver correctamente un caso y redactar una sentencia es central para evaluar la idoneidad técnico-jurídica de un futuro juez, pero la función judicial exige más cosas.
Me interesa que podamos evaluar también cómo razona una persona frente a problemas institucionales complejos, cómo identifica derechos en conflicto, cómo aborda situaciones de vulnerabilidad y si puede fundamentar una decisión con independencia.
Pero esos criterios deben estar definidos previamente y ser evaluables de manera objetiva. Si queremos concursos más transparentes, no podemos reemplazar un sistema imperfecto por otro en el que nadie sepa exactamente qué se está calificando.
La regla debería ser bastante sencilla: concursos más rápidos, criterios conocidos de antemano, evaluaciones objetivas y decisiones transparentes que cualquier persona pueda revisar y comprender.
8. Más allá de los temas anteriores, ¿cuál considera que debería ser la principal prioridad del Consejo de la Magistratura durante el próximo mandato?
Si tengo que elegir una prioridad, diría que el Consejo tiene que volver a ser un organismo que actúe a tiempo.
Muchas veces llega tarde: cuando la vacante ya lleva años sin cubrirse, cuando el problema edilicio ya afecta el funcionamiento de un tribunal, cuando una reorganización ya generó incertidumbre o cuando el conflicto institucional ya está instalado.
El Consejo tiene competencias importantes y administra recursos importantes y toma decisiones importantes. Lo que necesita es utilizarlos con planificación, transparencia y capacidad de anticipación. No puede estar ausente de los problemas que deben afrontar los jueces y juezas.
Eso también supone recuperar el vínculo con los jueces y con la ciudadanía. Escuchar los problemas concretos de los tribunales, explicar públicamente las decisiones y rendir cuentas de lo que se hace.
No me interesa un Consejo que simplemente administre expedientes internos. Quiero un Consejo que entienda cuáles son los problemas del Poder Judicial, se haga cargo de los que están dentro de sus competencias y trabaje para resolverlos antes de que sea demasiado tarde.
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