- Monday 05 de October del 2026
El juez federal de San Martín se presenta como candidato por la Lista Celeste N°1 para integrar el Consejo de la Magistratura y explica cuáles son las propuestas de su espacio.
El 8 de octubre los jueces nacionales y federales de todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Las bancas destinadas a este estamento son cuatro y la distribución es mediante el sistema D’Hondt, respetando pautas de paridad de género y representación federal.
Los 695 magistrados que integran el padrón deberán elegir uno de los cuatro espacios que participan de los comicios: dos por la Lista Celeste, una por la Lista Bordó y otra por el espacio de Compromiso Judicial.
Por la Celeste, una de las listas la encabeza Walter Venditti, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, junto a Paula Castro, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
En diálogo con Palabras del Derecho, Venditti explicó cuáles son las propuestas de su espacio para el Consejo de la Magistratura. Concursos públicos, procesos disciplinarios, el traspaso de la Justicia Nacional a la CABA y el uso de herramientas de inteligencia artificial en la función judicial fueron algunos de los ejes desarrollados.
1. ¿Cuáles son sus principales propuestas como candidato/a integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación?
Nuestras propuestas se ordenan en cuatro ejes:
Primero, defender la independencia judicial: un régimen disciplinario racional y previsible, con criterios objetivos para abrir investigaciones, y la intangibilidad y actualización de las remuneraciones, junto con la estabilidad y los derechos previsionales de los magistrados.
Segundo, una Justicia Nacional fuerte y sin vacantes: concursos ágiles y transparentes, cargos y equipos suficientes, mejor infraestructura y equipamiento tecnológico.
Tercero, proteger el ejercicio de la función judicial: una política integral de prevención del estrés y los riesgos psicosociales, la Unidad de Seguridad y Resguardo de Jueces y Juezas de la Nación, un Protocolo de Medidas Mínimas de Seguridad y un Código de Ética Judicial moderno.
Cuarto, una representación presente y federal: canales permanentes de consulta con magistrados de todos los fueros y jurisdicciones, recorridas por los tribunales y seguimiento de cada planteo hasta su resolución.
2. ¿Cómo evalúa actualmente la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial? ¿Cuáles considera que son los principales factores que inciden en la confianza pública en la Justicia y qué medidas podrían adoptarse para fortalecerla?
La relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial enfrenta un desafío de cercanía y confianza que requiere asumir críticas, revisar aspectos a mejorar y explicar con claridad el trabajo cotidiano de la Justicia.
Existen tres factores centrales que afectan la confianza pública. El primero es la demora en los procesos, que se ve agravada por las vacantes, la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de medios en distintos ámbitos. Por eso, resulta prioritario continuar cubriendo las vacantes, fortalecer las capacidades institucionales y trabajar sobre mecanismos que permitan reducir los tiempos de los procesos sin resignar las garantías constitucionales.
El segundo es la percepción social de la Justicia, muchas veces condicionada por casos de alta exposición pública o política. Esto puede opacar la enorme cantidad de decisiones que resuelven diariamente cuestiones relevantes, como delitos complejos, trata, narcotráfico, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
El tercero es la necesidad de acercar la Justicia a la ciudadanía, superando su imagen de institución distante, mostrando su presencia y responsabilidad en todo el país.
Frente a estos desafíos, se propone mejorar recursos y condiciones de trabajo, fortalecer la transparencia en la selección, evaluación y disciplina, actualizar el Código de Ética y promover, cuando corresponda constitucionalmente, mecanismos de participación ciudadana como el juicio por jurados. También resulta fundamental mejorar la comunicación institucional, con información clara, accesible y federal, acompañada de autocrítica interna.
La confianza pública se construye con independencia, transparencia, resultados, conducta ejemplar y una Justicia capaz de escuchar a la sociedad.
3. En el ámbito de los procesos disciplinarios, ¿qué aspectos considera que se deberían mejorar? ¿Cuál considera que es el límite a la imposibilidad de juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias?
Hay que mejorar la previsibilidad. Proponemos criterios objetivos, claros y restrictivos para abrir investigaciones, plazos razonables y pleno respeto del debido proceso y del derecho de defensa.
Es necesario distinguir las denuncias que plantean cuestiones institucionales reales de las manifiestamente improcedentes, reiterativas o promovidas para intimidar: en la práctica, la amenaza de una denuncia ante el Consejo o de un pedido de juicio político se usa a veces como forma de presión sobre quien debe decidir.
Respecto del límite, el contenido de una sentencia no puede ser motivo de sanción cuando se ajusta a derecho; para corregir errores de criterio existen los recursos y los tribunales superiores, y el Consejo no es una instancia de revisión de fallos. Pero la independencia no es impunidad: corresponde investigar y sancionar los delitos, el incumplimiento de deberes, las conductas incompatibles con la función y las decisiones que constituyan un apartamiento grave y manifiesto del derecho. Un régimen que investigue cuando corresponde, sin convertirse en herramienta de coacción.
4. ¿Cuál es su posición respecto del traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué rol considera que debería asumir el Consejo de la Magistratura frente a este proceso?
Defendemos una Justicia Nacional fuerte e independiente, sin vaciamiento ni desmantelamiento de sus estructuras. Cualquier modificación de su organización y competencias constituye una cuestión de profunda trascendencia institucional y constitucional, que debe abordarse con responsabilidad, transparencia y pleno respeto por la Constitución.
Frente a cualquier iniciativa de traspaso, resulta indispensable garantizar información suficiente, participación efectiva de los actores involucrados, debate institucional y condiciones concretas que preserven la independencia judicial y aseguren la continuidad y calidad del servicio de justicia.
El Consejo de la Magistratura de la Nación no puede asumir un rol pasivo. Dentro de sus competencias constitucionales y legales, debe intervenir activamente, aportar información y análisis y velar por que cualquier modificación preserve la independencia, la carrera judicial y las condiciones necesarias para una adecuada prestación del servicio.
Si un proceso de transferencia avanzara por vía legislativa o mediante acuerdos interjurisdiccionales, deberán garantizarse los derechos de magistrados/as y funcionarios/as, incluyendo estabilidad, carrera, antigüedad, condiciones laborales y prestaciones previsionales.
Pero, fundamentalmente, debemos poner en el centro a quienes recurren diariamente a la Justicia. Ninguna reestructuración puede poner en riesgo la continuidad ni la calidad del servicio.
Nuestra posición es clara: defender la Justicia Nacional, su independencia y su estructura, utilizando todas las herramientas institucionales y jurídicas disponibles para evitar su vaciamiento y garantizar que cualquier modificación respete plenamente la Constitución y los derechos de quienes trabajan en ella y de quienes necesitan de ella.
5. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que plantea la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal? ¿Qué medidas deberían adoptarse desde el Consejo para acompañar ese proceso?
El principal desafío es que el sistema funcione con recursos y personal a la altura: jueces, fiscales y defensores suficientes, y oficinas judiciales organizadas para la gestión de audiencias. Hoy hay vacantes en toda la estructura, y sin cubrirlas el nuevo modelo corre el riesgo de trasladar la sobrecarga de un lugar a otro. Otros desafíos son la capacitación en litigación oral, la infraestructura (salas de audiencias, equipamiento y conectividad), la seguridad de magistrados/as en jurisdicciones con crimen organizado y la coordinación entre los distintos actores.
Desde el Consejo proponemos: relevar las necesidades de cada jurisdicción antes de cada etapa de implementación; acelerar los concursos de jueces y juezas; garantizar formación práctica y permanente; dotar a los tribunales de tecnología y salas adecuadas; y monitorear el proceso con información pública. La experiencia de los juicios realizados de manera remota durante la pandemia muestra que, con planificación y compromiso, la Justicia sabe adaptarse.
6. Distintos organismos judiciales y ministerios públicos han comenzado a establecer reglas para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. ¿Qué posición tiene respecto de su utilización en la función judicial y de la incorporación de nuevas tecnologías en los tribunales? ¿Considera necesario establecer criterios o regulaciones específicas?
Vamos a acompañar la transformación tecnológica de la Justicia, incorporando nuevas herramientas, incluidas las basadas en inteligencia artificial, de manera responsable y segura. Bien utilizadas, pueden agilizar tareas repetitivas, ordenar expedientes, facilitar búsquedas y liberar tiempo para lo esencial. Pero hay una línea que no debe cruzarse: la decisión jurisdiccional es y debe seguir siendo humana.
El juez es quien valora la prueba, aplica el derecho y responde por su sentencia; la IA es una herramienta de apoyo, no un sustituto. Por eso consideramos necesario establecer criterios comunes desde el Consejo y la Corte: supervisión humana obligatoria, transparencia sobre su uso, protección de datos y confidencialidad de las causas, ciberseguridad, control de sesgos y capacitación de magistrados y personal. Esas pautas deben ser claras pero flexibles, para no quedar obsoletas frente a una tecnología que cambia rápidamente, y deben acompañarse del equipamiento necesario para que ningún tribunal quede rezagado.
7. Uno de los principales desafíos del Consejo de la Magistratura se vincula con los procesos de selección de magistrados y la cobertura de vacantes. ¿Qué modificaciones o medidas impulsaría para mejorar el funcionamiento de los concursos y los tiempos de designación?
La demora en cubrir vacantes tiene consecuencias concretas: tribunales que funcionan durante años con un único juez/a titular, mayor sobrecarga y juicios más lentos. Impulsaremos concursos ágiles, transparentes, objetivos y previsibles: reglas claras desde el inicio, calendarios públicos con plazos máximos por etapa, criterios de evaluación conocidos y fundamentados, y un sistema basado en el mérito, los antecedentes, la capacidad y la experiencia.
También propondremos convocar anticipadamente los concursos ante vacantes previsibles, como las derivadas de jubilaciones, para evitar que los cargos queden vacíos mientras se tramita el proceso. Y trabajaremos en un diálogo institucional sostenido con el Poder Ejecutivo y el Senado para que las designaciones, una vez concluido el concurso, no se demoren. El acceso a la magistratura no debe depender de vínculos políticos: la transparencia y la previsibilidad de los concursos son también una forma concreta de defender la independencia judicial.
8. Más allá de los temas anteriores, ¿cuál considera que debería ser la principal prioridad del Consejo de la Magistratura durante el próximo mandato?
La prioridad debe ser resolver el déficit estructural que afecta hoy a la administración de justicia: una Justicia con jueces y juezas suficientes, equipos de trabajo completos, edificios dignos y seguros, y tecnología moderna. Esto incluye reducir de manera sostenida las vacantes, pero también atender las condiciones en que se trabaja: la sobrecarga, el desgaste profesional y la seguridad de quienes deciden causas complejas, como las de narcotráfico y crimen organizado.
Es una prioridad porque de ella depende todo lo demás. Sin magistrados/as y recursos no hay celeridad; sin celeridad no hay confianza; y sin condiciones adecuadas no hay independencia real. Un Consejo que escuche a los jueces y juezas de todo el país, recorra los tribunales y convierta sus reclamos en gestión, con seguimiento y respuestas concretas, es la mejor manera de acercar la Justicia a la ciudadanía y de recuperar su credibilidad.
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