- Tuesday 11 de August del 2026
El máximo tribunal rechazó la queja presentada por el ex juez de Neuquén, Sebastián Andrés Villegas, destituido por mal desempeño y reafirmó que las decisiones adoptadas en procedimientos de remoción solo pueden ser revisadas judicialmente ante violaciones graves al debido proceso que tengan aptitud para modificar el resultado del enjuiciamiento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja presentada por Sebastián Andrés Villegas, ex juez de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y Minería de Rincón de los Sauces, y ratificó el criterio restrictivo que rige el control judicial de las decisiones adoptadas en los procedimientos políticos de remoción de magistrados.
Villegas había sido destituido el 15 de mayo de 2023 por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Neuquén, que consideró configurada la causal de mal desempeño prevista en el artículo 267 de la Constitución provincial. El procedimiento se había iniciado a partir de la denuncia formulada por una funcionaria del juzgado, quien manifestó haber sido víctima de acoso sexual, hostigamiento laboral y violencia psicológica por parte del magistrado.
El Jurado tuvo por acreditadas distintas conductas vinculadas con comentarios inapropiados sobre la apariencia de la denunciante, intentos de seducción, desacreditaciones frente a otros integrantes del tribunal, presiones relacionadas con su desempeño y la generación de un ambiente laboral hostil. Sobre esa base, concluyó que Villegas había demostrado falta de idoneidad ética y dificultades para la adecuada gestión del personal a su cargo.
Contra la destitución, el magistrado acudió al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Entre otros argumentos, cuestionó la imparcialidad de tres integrantes del Jurado por haber intervenido previamente en actuaciones administrativas, denunció una valoración arbitraria de la prueba y sostuvo que los cargos habían sido acreditados principalmente a partir de la declaración de la denunciante. El tribunal provincial rechazó la impugnación al considerar que no se habían demostrado graves afectaciones al debido proceso con entidad suficiente para modificar el resultado del juicio político.
Al llegar el caso a la Corte Suprema, uno de los principales planteos estuvo dirigido contra el alcance limitado de esa revisión judicial. Villegas sostuvo que el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le garantizaba una revisión amplia de los aspectos fácticos, probatorios y valorativos de la decisión, y pretendió trasladar al juicio político el estándar desarrollado por la Corte en “Casal” para la revisión de condenas penales.
La Corte rechazó esa interpretación y recordó su jurisprudencia iniciada en los precedentes “Graffigna Latino” y “Nicosia”, según la cual el procedimiento de remoción de un magistrado posee una naturaleza esencialmente política: su finalidad no consiste principalmente en imponer una sanción, sino en determinar si el funcionario conserva las condiciones constitucionales y legales necesarias para continuar ejerciendo el cargo. Esa particularidad impide equiparar el juicio político a un proceso judicial ordinario y justifica un control posterior de carácter deferente.
En ese marco, el Tribunal precisó que la revisión debe limitarse a violaciones patentes de las reglas del debido proceso y de la garantía de defensa en juicio, siempre que el recurrente demuestre además que su reparación tendría aptitud para modificar el resultado del procedimiento. También señaló que el control puede comprender supuestos de arbitrariedad, aunque bajo los rigurosos parámetros con los que tradicionalmente se configura ese vicio, y sin que los jueces puedan sustituir al órgano político en la valoración acerca de si el magistrado mantiene la aptitud para ejercer su función.
Para la Corte, este criterio procura conciliar dos principios constitucionales: por una parte, el derecho del magistrado sometido a enjuiciamiento a ejercer su defensa y obtener una revisión ante un tribunal independiente; por otra, la división de poderes, que impide al Poder Judicial inmiscuirse en atribuciones que la Constitución colocó en cabeza de otros órganos estatales. El Tribunal aclaró que esos principios resultan aplicables tanto en el ámbito federal como provincial y, por lo tanto, consideró correcto el estándar utilizado por el Superior Tribunal neuquino.
Al examinar los restantes agravios, la Corte concluyó que el tribunal provincial sí había analizado cuestiones fácticas y probatorias, aunque únicamente para determinar si existía arbitrariedad. Destacó que la declaración de la denunciante no había sido considerada de manera aislada, sino que fue confrontada con otros elementos y testimonios producidos durante el procedimiento.
También descartó que la falta de consideración de determinados testimonios pudiera alterar el resultado de la destitución. Según explicó, aun cuando esas declaraciones permitieran poner en duda alguno de los episodios denunciados, subsistían otras conductas acreditadas —entre ellas, comentarios sobre la funcionaria, desacreditaciones públicas y cuestionamientos frente al personal— que sustentaban de manera autónoma la conclusión sobre el mal desempeño.
La Corte rechazó asimismo el planteo relacionado con un certificado médico cuya autenticidad había sido cuestionada. Señaló que el propio Jurado lo había excluido expresamente de su valoración y agregó que ese documento estaba destinado a acreditar el vínculo entre las conductas denunciadas y los padecimientos psiquiátricos de la funcionaria, cuestión que no resultaba determinante para establecer la aptitud del magistrado para continuar en el cargo.
Finalmente, tampoco consideró acreditada una afectación a la garantía de imparcialidad por la intervención previa de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia. La Corte señaló que su participación en las actuaciones administrativas había culminado con la remisión del caso al Jurado de Enjuiciamiento sin una decisión sobre el fondo, y recordó que el solo hecho de disponer la instrucción de un sumario o enviar antecedentes al órgano competente no configura prejuzgamiento.
En consecuencia, el máximo tribunal entendió que el ex magistrado había conocido los cargos formulados, podido ejercer su defensa y obtenido posteriormente una decisión judicial fundada sobre sus cuestionamientos. Al no advertir violaciones patentes al debido proceso o a la defensa en juicio, desestimó la queja.
Organismo: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Expediente: CSJ 2655/2023/RH1
Carátula: “Villegas, Sebastián Andrés s/ Jurado de Enjuiciamiento”
Fecha: 6 de agosto de 2026
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