- viernes 17 de abril del 2026
Considera que la suspensión cautelar dictada por el juez laboral pone en peligro la seguridad jurídica y el régimen federal.
El Gobierno presentó un recurso extraordinario de salto de instancia con la finalidad de que la Corte Suprema de Justicia revierta la suspensión de la reforma laboral. En particular, solicitó al Máximo Tribunal que revoque la sentencia resuelta por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, mediante la cual se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo, declarando la suspensión de más de 80 artículos de la Ley N° 27.802.
Con la firma del Procurador y Subprocurador del Tesoro, el Poder Ejecutivo presentó hoy la estrategia judicial. Su argumento principal es que la suspensión de la reforma laboral fue dictada por un juez incompetente, declarándose además la inexistencia de caso y de legitimación activa colectiva.
Cabe recordar que el pasado 30 de marzo, el juez laboral Raúl Ojeda consideró que existían indicios de regresividad en materia laboral, afectación de principios constitucionales y riesgo de daños irreparables, por lo que, ordenó suspender cautelarmente la aplicación de numerosos artículos de la reforma hasta que se dicte sentencia definitiva.
Posteriormente, el Gobierno obtuvo una decisión favorable de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, al intentar por la vía de la inhibitoria que la causa quede radicada en ese fuero. Ahora, mediante la llave del per saltum, el Gobierno desea que la Corte se exprese sobre la suspensión dictada.
El artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contempla que "procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior". En ese sentido, el escrito de 40 páginas fundamenta que la decisión cautelar adoptada pone en grave peligro tanto la seguridad jurídica como el régimen federal de gobierno.
"Es necesaria una resolución pronta y expedita para restaurar de forma inmediata la plena vigencia de la Ley N° 27.802, a fin de salvaguardar restaurar la seguridad jurídica afectada por un juez nacional que se arrogó la facultad que no posee de suspender una ley con efectos generales", se señala en el escrito presentado por la Procuración del Tesoro. Agrega que: "El recurso resulta el único remedio eficaz para la protección del derecho federal invocado a fin de evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior pues se articularon todos los medios procesales disponibles para que no se torne ilusorio el derecho invocado por esta parte, pero no se ha obtenido un pronunciamiento, por lo que cada día que transcurre en vigencia la cautelar impugnada, torna absolutamente irreparable el daño que se genera".
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