- viernes 03 de abril del 2026
El Gobierno sostuvo que es el Ministerio Público Fiscal el que se encuentra en la mejor posición técnica para impulsar la investigación.
El presidente Javier Milei, a través del Decreto N° 87/2026, dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cese su intervención como querellante en la causa judicial que investiga al ex presidente Mauricio Macri por presuntas irregularidades en la toma de la deuda solicitada al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2013.
Se trata del expediente N° 3561/2019 "Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
En la causa también están acusados el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el actual ministro de Economía Luis Caputo, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al por entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios de ese gobierno.
Entre los argumentos del decreto que motivan la decisión, el Gobierno sostuvo: “La jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados. Como fundamento de dicha decisión, la magistrada advirtió que gran parte de los cuestionamientos planteados en las denuncias constituían discrepancias con las decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias”.
Asimismo, consideró que la cuestión “no se trataba de decisiones sujetas a control jurisdiccional en tanto constituían el ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo para llevar a cabo su política económica”.
Por su parte, la PTN, luego de un análisis de las actuaciones, que la resolución dictada ha respetado formalmente los parámetros constitucionales del debido proceso y que se ha fundado en el derecho vigente y en los hechos comprobados de la causa mencionada precedentemente.
El decreto sostiene que es el Ministerio Público Fiscal el que se encuentra en la mejor posición técnica para impulsar la investigación.
“En línea con la política que ha venido implementando esta gestión, corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos, evitando superposiciones de funciones e intervenciones que no respondan al área de especialidad técnica de los organismos o que puedan ser utilizadas para interferir en la actuación propia de otro Poder del Estado con una finalidad de persecución política”, concluyó.
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