Con 41 artículos, el presidente estableció una nueva estructura organizativa y funcional del Sistema de Inteligencia Nacional.
En el primer Boletín Oficial del 2026, el Presidente de la Nación, en acuerdo de ministros, firmó el DNU n° 941/2025, por el cual, modificó la Ley de Inteligencia Nacional n° 25520. Con 41 artículos, Javier Milei determinó una nueva estructura organizativa del Sistema de Inteligencia Nacional, así como sus funciones y deberes.
El nuevo Sistema de Inteligencia Nacional estará dividido en tres partes: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si bien se mantiene a la SIDE como cabeza del organigrama, el decreto incorpora la asistencia del Subsecretario de Inteligencia, quien lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento y en quien podrá delegar funciones.
También, el texto recepta las funciones de cada una los nuevos departamentos del sistema de inteligencia. A su vez, se incorpora un artículo 10 nonies que faculta a los órganos en cuestión a repeler cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de sus objetivos: "En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las FUERZAS POLICIALES y de SEGURIDAD competentes”.
Otra de las medidas del decreto es la creación de Centro Nacional de Ciberseguridad como organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sus funciones principales son la de proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional.
En los considerandos del decreto se justifica su utilización, en razón de que "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos". Agregó que: "postergar la adopción de medidas tendientes a la mejora del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SIN) impedirá garantizar la seguridad, defensa e integridad, haciendo a la REPÚBLICA ARGENTINA vulnerable frente a las amenazas internas y externas".
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