- jueves 02 de abril del 2026
El escrito fue presentado por Cristián Ritondo, presidente del bloque PRO en Diputados.
Con la firma del diputado nacional, Cristián Ritondo, el PRO inició una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución de la Cámara de Diputados que designó a los representantes para la Auditoría General de la Nación. La votación se realizó el jueves por la madrugada, en el marco de la sesión de tratamiento por el Presupuesto General 2026.
Entre los principales argumentos para objetar la resolución, el PRO sostiene que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el decreto de la convocatoria. En ese sentido, explican que la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco resultó arbitraria.
Ritondo relató que el presidente de la cámara, Martín Menem, puso a consideración una moción de apartamiento de reglamento para incluir y tratar el tema de las designaciones en el orden del día. Sin embargo, argumentó que esa no fue la moción peticionada por el diputado Bornoroni, tal como lo refleja la versión taquigráfica de la sesión. Por lo tanto, peticiona la inconstitucionalidad de la resolución y una medida cautelar de no innovar para que la Auditoría se abstenga de tomarle juramento a Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti como representantes designados.
Cabe destacar que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada. La ley 24.156, en su artículo 121, establece que la AGN está integrada por siete (7) miembros designados por el Congreso: tres por la Cámara de Diputados, tres por el Senado, y un presidente designado por resolución conjunta de ambas Cámaras a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
En ese sentido, la Justicia Federal deberá evaluar si la aprobación de los representantes se realizó en el ejercicio de la función legislativa y, por lo tanto, por fuera del temario estipulado por el Poder Ejecutivo para tratar en las sesiones extraordinarias del Poder Legilsativo. O bien, si se trata de un carácter no legislativo que se vincula con las potestades propias e institucionales de la Cámara de Diputados para conformar el órgano constitucional.
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