- viernes 03 de abril del 2026
Luego de la derogación de indemnizaciones en casos laborales por la Ley Bases, un juzgado nacional aplicó resarcimiento civil por daños.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77, a cargo del juez Mariano Candal, al tener por probada en una causa la existencia un vínculo laboral no registrado, aplicó el resarcimiento de daños contenido en el Código Civil y Comercial de la Nación, por haber culminado la relación cuando ya se encontraba en vigencia la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que derogó las indemnizaciones laborales por trabajo no registrado.
La sentencia del pasado 8 de septiembre, en la causa “Vasald Vanesa Soledad c/ MPV Construcciones S.R.L. y otros s/ despido”, es de gran relevancia para el ámbito laboral, dada la incógnita que se generó con las modificaciones a las Leyes 24.013, 20.744, sumado a la derogación de la Ley 25.323 y a “toda norma que se oponga o resultare incompatible con el contenido del presente”, según el artículo 100 de la Ley Bases.
La actora demandó por falta de indemnización por despido a tres empresas que conformaban un conjunto económico, en sus argumentos mencionó que había prestado servicios personales para las empresas, como supervisora de ventas desde el 1 agosto de 2016. A su vez, alegó que trabajaba bajo dependencia y órdenes directas de los socios y administradores de las mismas, pero que la relación laboral nunca había sido registrada.
Pese a que las empresas esgrimieron que era una relación cuentapropista, por aplicación del principio de realidad, el fallo las condenó en forma solidaria (conforme el artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación) junto a sus socios y directivos, por el despido y por la clandestinidad del vínculo laboral.
Lo novedoso del caso se centró en que el magistrado desestimó el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 27.742 teniendo en cuenta que, pese a que la relación inició con anterioridad a la sanción de la ley, finalizó el 13 de junio de 2024, cuando la Ley Bases ya se encontraba en vigencia.
El juez reconoció el derecho de la trabajadora a reclamar la reparación integral de los daños sufridos. Para ello, aplicó la normativa civil fijando una reparación de 16 salarios mensuales (12 de ellos por daño material, sumados a 4 por daño moral), sumando un total de $23.928.864,91 más intereses. Por último, ordenó la entrega del certificado de trabajo bajo apercibimiento de astreintes.
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