- miércoles 29 de octubre del 2025
En el último día de las funciones delegadas, el Poder Ejecutivo oficializó una serie de reformas las cuales modifican las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En el último día de las funciones delegadas, el Poder Ejecutivo oficializó una serie de reformas las cuales modifican las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial este martes y se apoyan en las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases N° 27.742. Respecto a la Gendarmería Nacional, mediante el decreto 454/2025 el Gobierno otorgó permisos para poder investigar en el ciberespacio y trabajar frente al ciberterrorismo. A la vez mantendrá su trabajo en zonas fronterizas, misiones internacionales y embajadas.
Mediante el decreto 457/2025 se modificó la Ley N° 18.398 la cual fija las funciones de la Prefectura Naval Argentina. Desde ahora la fuerza tendrá a su cargo el servicio de la Policía de Seguridad de la Navegación, Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, Policía de Seguridad y Protección Marítima y Policía Judicial, la Jurisdicción Administrativa de la Navegación.
Respecto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el decreto 456/2025 modificó la ley N° 26.102 respecto a las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria. Sus modificaciones fueron motivadas con la "finalidad de fortalecer un modelo policial proactivo sobre criterios de racionalidad y eficiencia", y para alcanzar la máxima gestión técnica.
El Servicio Penitenciario Federal tiene un nuevo estatuto oficializado por el decreto 455/2025 y publicado este martes en el Boletín. Allí se establece que "resulta necesario establecer una nueva estructura y régimen de personal que sustente sólidamente los valores y principios éticos institucionales".
En esta decisión se incluye el traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad ante la necesidad de coordinar estrategias frente al delito complejo. Los decretos llevan la firma del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.
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