- miércoles 29 de octubre del 2025
La Justicia Federal ratificó el criterio de la Corte por el cual se reconoce la responsabilidad de la fuerza policial o de seguridad basada en el derecho común, cuando se trata de lesiones originadas en daños accidentales no equiparables a una "acción bélicas" o "hecho de guerras"
Se trata de una causa donde también se encuentra imputada la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por emitir órdenes ilegales en una intervención en el Lof Campo Maripe en 2017.
Los magistrados coincidieron en afirmar que la ley que fijó el aporte inicial supera el test de constitucionalidad, pero descartaron la validez del DNU que aumentó su porcentaje.
Así lo dispuso el juez Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10. El magistrado consideró que la Fuerza de Seguridad había desplegado conductas estereotipadas y destacó que las decisiones de los órganos estatales deben basarse en una perspectiva de transversalidad de género.
La medida se toma con el objetivo de coordinar la estrategia y las funciones que llevan a cabo las fuerzas policiales y de seguridad en los municipios del conurbano bonaerense.
Para el Tribunal, que contó con los votos de Gemignani, Petrone y Borinsky, la falta de posesión de la cédula verde habilitó a la policía a requisar el auto donde luego se encontraron los estupefacientes.
Haciendo uso de las facultades delegadas por la Ley Bases, el Gobierno modificó las Leyes de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina mediante decreto, eliminando la relación obligatoria de los altos cargos con el Ejército y la Armada.
En el último día de las funciones delegadas, el Poder Ejecutivo oficializó una serie de reformas las cuales modifican las funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
