- miércoles 29 de abril del 2026
En el último día en ejercicio de facultades delegadas por la Ley Bases, el Gobierno disuelve y transforma distintas Agencias e Institutos Nacionales y centraliza las modificaciones de estructura organizativa bajo el Ministerio de Economía.
Un año atrás se publicaba la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N° 27.742) que declaraba la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y, junto con ello, delegó facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En ese marco, en el último día de facultades delegadas el gobierno nacional publica el Decreto N° 462/2025, que consta de 79 artículos donde disuelve y transforma diversos organismos nacionales.
En ejercicio de estas facultades el gobierno nacional emitió un mega decreto delegado que modificó una gran cantidad de leyes con el fin de transformar algunas instituciones -que eran entes autárquicos- en organismos desconcentrados dependientes del Ministerio de Economía y, otras, directamente disolverlas.
La norma puntualiza dentro de los justificativos la búsqueda de “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas” y de “asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”.
Entre las disoluciones encontramos la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), dejando como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio (en todo lo que tiene que ver con cáñamo industrial y semillas) y al ANMAT (en lo concerniente productos con destino medicinal derivados del cannabis). A su vez, se dispuso la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) dejando como autoridad de aplicación de la Ley de Agricultura Familiar al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por último, se decretó la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Comisión Nacional de Semillas, dejando como autoridad de aplicación también al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En cuanto a las transformaciones, se dispuso que cuatro Institutos que eran entes autárquicos pasen a ser organismos desconcentrados dependientes del Ministerio de Economía, a través de sus Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio. Estos cuatro Institutos son: el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Consecuentemente, con la disolución de algunas instituciones derivará en la transferencia, según dispone el decreto, de los bienes inmuebles y vehículos que les pertenecían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para ser dispuestos por el gobierno. En cuanto a las instituciones transformadas, su pérdida total de autonomía de las instituciones también derivará en la transferencia de bienes “identificados como sin uso o innecesarios” a la AABE, identificaciones que deberá llevar a cabo el mismo gobierno.
Por otro lado, el Decreto N° 462/2025 dispone que, hasta que se aprueben las estructuras organizativas correspondientes de las Secretarías dependientes del Ministerio de Economía (dada la total ampliación que sufrirá éste último) tanto en el INASE, en el INV, en el INTI, como en la ARICCAME se mantendrán transitoriamente vigentes las funciones preexistentes. Al tratarse de una enumeración taxativa, a partir de hoy todo lo dispuesto es operativo para el resto de instituciones disueltas o transformadas.
En conclusión, se produjo una centralización en el Ministerio de Economía con base en un informe que el mismo Ministerio elaboró sugiriendo estas modificaciones con la finalidad de que “los recursos del Estado se asignen de manera eficaz y eficiente para la consecución del interés público”. Para ello, el Decreto finaliza estableciendo que el Ministerio deberá elevar al PEN una propuesta de adecuación de su estructura organizativa “garantizándose la continuidad de sus funciones esenciales”.
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