- sábado 04 de abril del 2026
La decisión judicial consideró que el Banco no cumplió con su deber de control y prevención frente a operaciones sospechosas.
Los jueces de la Sala 3ra de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Roberto Loustaunau y Ricardo D. Monterisi, resolvieron confirmar la sentencia dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 12, en cuanto hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por Diagnóstico Veterinario ACLIVET S.A., ordenando al Banco Galicia el depósito en la cuenta corriente de la actora, la suma de $38.608.265,28, monto que había sido sustraído mediante una maniobra de phishing.
El hecho que motivó la pretensión resarcitoria radica en el delito cibernético sufrido por la parte actora, mediante la modalidad de estafa conocida como "phishing", lo cual tuvo como consecuencia el vaciamiento de su cuenta corriente bancaria y el rescate de los fondos invertidos en el fondo común de inversión denominado “FIMA PREMIUM CLASE A”.
En ese marco, el juez de primera instancia sostuvo que la entidad bancaria incumplió con su obligación de monitorear, identificar y notificar de manera oportuna a su cliente respecto de las transacciones inusuales o sospechosas efectuadas en su cuenta en la fecha en que tuvo lugar la maniobra fraudulenta.
Fundamentó su decisión en las disposiciones contenidas en las Comunicaciones “A 7724” y “A 7783” del Banco Central, y aplicó una presunción en contra de la parte demandada debido a su incumplimiento en la entrega de la información requerida mediante intimación judicial, referida a su accionar frente al desconocimiento de las operaciones por parte de su cliente.
Para decidir, la Cámara consideró que el perjuicio económico para el banco es menor en comparación con el daño que sufriría la empresa si no se le restituye el dinero de manera provisoria.
Señaló que el banco no presentó argumentos sólidos para rechazar la cautelar, limitándose a decir que el fraude fue responsabilidad de terceros o del propio cliente. Además, no explicó por qué las transacciones cuestionadas no fueron consideradas sospechosas ni detalló qué acciones concretas tomó frente al hecho, ni cómo cumplió con las normas del Banco Central aplicables al caso.
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