- Saturday 30 de May del 2026
A raíz de sus declaraciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata solicitó el juicio político del mandatario.
En el día de hoy el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) solicitó ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un pedido formal de juicio político contra el presidente Javier Milei por mal desempeño en sus funciones y por la presunta comisión de delitos en pleno ejercicio de sus funciones, en virtud de sus declaraciones del pasado 2 de abril, pronunciadas en el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.
El pedido impulsa el procedimiento establecido por el artículo 53 de la Constitución Nacional de juicio político por mal desempeño contra el Presidente de la Nación. A juicio de los firmantes, lo coloca también frente a la presunta comisión de delitos de acción pública en el ejercicio de su cargo.
Según el CECIM, la frase “anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies” implicó una aceptación del principio de autodeterminación de los isleños que fue impulsado históricamente por el Reino Unido a fin de perpetuar el colonialismo en el Atlántico Sur.
Los fundamentos expuestos en la solicitud se apoyan, por un lado, en la violación de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional que, en el marco de un proyecto histórico nacional, establece: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
En este sentido, la agrupación de veteranos afirmó que “esta disposición no constituye una fórmula decorativa ni una aspiración abstracta. Por el contrario, como lo sostuvo la Convención Nacional Constituyente en el debate del 18 de agosto de 1994, se trata de una declaración genuina y legítima del pueblo argentino que recoge una voluntad histórica, reafirma un derecho inalienable, y proyecta una política de Estado que trasciende los gobiernos de turno”.
El cuestionamiento, asimismo, hizo mella en el derecho internacional, toda vez que, la política exterior Argentina respecto de la cuestión Malvinas ha sido considerada una política de Estado, concebida como un eje vertebrador del consenso nacional y, en palabras de los firmantes, “no puede ser concebida como una potestad omnímoda del Poder Ejecutivo, mucho menos cuando se trata de materias sensibles que involucran integridad territorial, tratados internacionales, principios constitucionales y, sobre todo, el sentir del pueblo argentino”.
Además, a los fines de exponer personalmente estos fundamentos, el organismo solicitó una audiencia ante la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados.
El discurso del presidente Javier Milei no fue un exabrupto ni un arrebato ocasional, sino que se trató—tal como denunció el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata— una manifestación más del plan sistemático de entrega de soberanía que el gobierno nacional viene desplegando desde diciembre de 2023.
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