- lunes 24 de marzo del 2025
La decisión, firmada por la jueza Ángela Ledesma y el juez Juan Carlos Gemignani, hizo hincapié en la razonabilidad de los actos de gobierno, de progresividad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y su finalidad de reinserción social. La decisión ya fue recurrida por el fiscal Raúl Pleé.
La Cámara Federal de Casación Penal -Sala de feria-, hizo lugar a un recurso de interpuesto por la defensa de un condenado por el delito de tráfico de estupefacientes y anuló el fallo de primera instancia que había denegado su acceso a la libertad condicional.
La decisión tomó argumentos delineados por la Corte Suprema en los recientes fallos “Guerra” y “Soto” en cuanto expuso que “el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional, de modo que toda situación de privación de la libertad impone al juez o funcionario que la autorice el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos del detenido no afectados por la medida de que se trate”.
En este caso, Carlos Beati había sido condenado a seis años de prisión como coautor del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización. Al haber cumplido dos tercios de su condena, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional.
Sin embargo, el tribunal de primera instancia rechazó el pedido, argumentando que los condenados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes no tienen derecho a este beneficio, según los artículos 14, inciso 10, del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660. Frente a esta resolución, la defensa presentó un recurso de Casación, alegando que la decisión estaba basada en normas inconstitucionales.
El caso llegó a la Cámara de Casación Penal, que fue integrada en esta ocasión por Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. Los jueces Ledesma y Gemignani recogieron el planteo de inconstitucionalidad llevado por la defensa, basándose principalmente en la doctrina de los fallos recientes de la CSJN: “Guerra” y “Soto”.
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Corte Suprema, la Cámara de Casación consideró que las normas cuestionadas eran incompatibles con la Constitución Nacional (arts. 18, 75 inc. 22, 5.6, CADH, 10.3 PIDCyP) y con los principios de la Ley de Ejecución Penal (ley 24.660), que busca asegurar la resocialización de los condenados, en un marco de humanidad, proporcionalidad y racionalidad de las penas (artículos 6, 12, 7, 8, 14, 28 de la ley 24.660).
Además, la Cámara destacó que los artículos cuestionados violaban el principio de igualdad ante la ley, al discriminar a los condenados en función del tipo de delito por el que fueron sentenciados. En este sentido, Casación reafirmó que “la reinserción social es un derecho de los condenados y el Estado tiene la obligación de garantizarla a todos”, sin distinción.
Finalmente, con el voto mayoritario de los jueces Ledesma y Gemignani (y el voto disidente de Barroetaveña), la Cámara resolvió favorablemente el recurso interpuesto, anulando la decisión de primera instancia y remitiendo el caso al Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de San Martín para que dicte una nueva resolución conforme a derecho.
La decisión ya fue recurrida por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, que presentó un recurso de inaplicabilidad de ley.
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