- sábado 22 de marzo del 2025
Así lo estableció el Gobierno mediante la norma 1084/2024 con el argumento de que puede interpretarse como propaganda política: “Existe una práctica abusiva del uso de recursos públicos para la promoción personal de funcionarios con la pretensión de glorificarlas”, sostuvieron. También incluyeron la no imposición de ideas en el ámbito educativo.
Luego de haberle quitado el nombre al Centro Cultural Kirchner -ahora Palacio Libertad-, el Gobierno prohibió la colocación de imágenes, símbolos o referencias personales que puedan interpretarse como propaganda política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos y otros muebles e inmuebles del Estado Nacional.
La medida se oficializó este martes en el Boletín Oficial mediante el decreto 1084/2024; además del cambio de denominación del CCK, el oficialismo también impulsó el debate apuntando contra la imagen de Eva Perón del edificio de Obras Públicas, ubicado en la intersección de las Avenidas 9 de Julio y Belgrano, CABA.
“Prohíbese la denominación de los bienes mencionados en el artículo 1º de este decreto con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos 10 años desde su fallecimiento o desaparición física o desde los acontecimientos históricos que se pretenda honrar”, se lee en el artículo 2 del decreto 1084/2024. A partir de la norma, las personalidades honradas en los edificios públicos deberán haber fallecido antes del 2014 para poder ser aceptadas.
Algo a resaltar: tampoco se permiten denominaciones correspondientes a personas que perpetraron actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático para ejercer funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales.
Entre los considerandos se menciona la neutralidad en la administración pública como principio republicano vigente en nuestro país, implicando la “irrestricta separación jurídica y material” de bienes y actividades partidarias con empleados y/o funcionarios públicos. “Las normas antes citadas, existe una abusiva práctica en distintas áreas de la administración pública que consiste en el uso indebido de recursos públicos para la promoción personal de funcionarios, autoridades o bien de agrupaciones políticas partidarias con la arbitraria intención de pretender glorificarlas y perpetuarlas en el tiempo”, destaca el Gobierno.
Otro de los argumentos mencionados para sacar el decreto es respecto a la función de los recursos y bienes del Estado Nacional: “Deben estar al servicio de la comunidad en general y no de intereses particulares o partidarios que suponen una imposición forzada a la memoria colectiva”, insistieron. La medida lleva las firmas del Presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos.
En este mismo sentido el Gobierno incorporó a la Reglamentación de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes un párrafo apuntando a la no imposición de ideas en los ámbitos educativos.
“La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”, incluyó el oficialismo mediante el decreto 1086/2024 publicado en el Boletin Oficial este martes.
Entre los argumentos esgrimidos se afirma que los derechos de libertad de conciencia se vulneran cuando se pretende inculcar ideas políticas en niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. También apunta a no imponer una manera de pensar ya que afecta la libertad de pensamiento.
“A los fines de proteger adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, resulta necesario modificar la Reglamentación de la Ley N° 26.061, incorporando de forma expresa al adoctrinamiento político como hecho que transgrede sus derechos”, sostiene la norma firmada por el Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
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