Se trata de más de 400 inmuebles ubicados en diferentes provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión –argumenta el Decreto- busca “reducir costos y gastos” que ocasionan su mantenimiento.
Así lo estableció el Gobierno mediante la norma 1084/2024 con el argumento de que puede interpretarse como propaganda política: “Existe una práctica abusiva del uso de recursos públicos para la promoción personal de funcionarios con la pretensión de glorificarlas”, sostuvieron. También incluyeron la no imposición de ideas en el ámbito educativo.
La Justicia Provincial consideró que la ordenanza que habilitó por excepción la construcción de un edificio de casi 100 metros en el barrio Stella Maris (frente a playa Varese) no habría estado precedida de “una instancia de información y consulta pública, ni por un estudio de impacto ambiental”.