Lo dispuso el Poder Ejecutivo con las firmas de Milei, Caputo y Francos; ahora deberá pasar por el Congreso para analizar el rechazo o la aprobación a la iniciativa.
El Gobierno Nacional declaró a la empresa aeronáutica de bandera Aerolíneas Argentinas S.A. como “sujeta a privatización”, mediante el decreto 873/2024 publicado este miércoles. Según lo dispone la Ley 23.696 la decisión pasará al Congreso, debiéndo considerar la aprobación o el rechazo de la iniciativa.
La iniciativa cuenta con las firmas del Presidente Javier Milei, el Ministro de Economía Luis Caputo y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos. La empresa había sido excluida del listado sujeto a privatizarse de la Ley Bases y el Congreso decidirá si avala o lo rechaza, como lo estipula el artículo 9 de la Ley 23.696: “La declaración de "sujeta a privatización" será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza”.
La argumentación del decreto apunta a rebajar a la participación estatal en las empresas, puntualizando en el déficit ocasional y se apoya en el DNU 70/23, específicamente en la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, disponiendo de “un programa general de desregulación de la economía”.
El Gobierno realizó una comparación de todas las empresas con participación estatal, afirmando que actualmente el Estado argentino incluye más de 60 empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, otras organizaciones empresariales, y que de éstas en el 2023 solamente 7 obtuvieron ganancias y únicamente 4 no requirieron el aporte de fondos del tesoro.
Los trabajadores y trabajadoras de la empresa aeronáutica también se vieron atacados por la construcción argumental del Ejecutivo: “A pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descripta”. Específicamente destacan la cantidad de pilotos por avión, constituyendo un “número desproporcionado”.
Por último, el Gobierno reconoce los actuales índices de pobreza e indigencia, 52,9% y 18,1% respectivamente, pero lo atribuye a realizar “salvatajes” a las empresas de bandera, y que estas iniciativas son “populistas”. Cabe destacar que en poco más de seis meses de gestión libertaria, según los datos oficiales del INDEC, en el primer semestre del 2024 hubo 29,6 millones de personas bajo la línea de pobreza que no alcanzaron a cubrir la Canasta Básica Total de $709,318. En tanto el Gobierno incrementó la indigencia de 11,9% (2do semestre 2023), al 18,1%, lo que representa a 5,4 millones de personas imposibilitadas a alcanzar los $349.073.