Este martes el Gobierno publicó los decretos de la reorganización en el Sistema de Inteligencia Nacional; además designó a Sergio Neiffert al frente del organismo.
El Poder Ejecutivo disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para crear nuevamente la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tal como se denominaba anteriormente, e informó que estará compuesta por las siguientes áreas: Servicio de Inteligencia Argentino (SAI), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
La decisión se concretó mediante los decretos 614, 615 y 616/2024 publicados este martes en el Boletín Oficial. En los mencionados textos legales, además se lo designa a Sergio Neiffert al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Para lograr el pleno funcionamiento de la SIDE, el Gobierno transferirá a su órbita las competencias, el personal los bienes y el presupuesto para cumplir su rol, y crea los organismos descentralizados con especialidades para tener producción “más eficiente”. Con respecto a la Agencia Federal de Ciberseguridad, el decreto destaca que en esta era de la información se desarrollaron avances y a su vez se detectaron nuevas amenazas, exigiéndo “la modernización de la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional”.
El Gobierno espera del nuevo titular de la SIDE, Sergio Neiffert que en los próximos 3 meses reestructure la Escuela Nacional de Inteligencia, evalúe, modifique y apruebe un nuevo Estatuto para el personal, analice un nuevo régimen de fondos, y un nuevo Reglamento de Contrataciones. Además será el encargado de aprobar un nuevo Plan de Inteligencia Nacional, con previa conformidad del Poder Ejecutivo.
La SIDE, acorde al artículo 7 del decreto, no podrá: realizar tareas represivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación judicial, obtener información de personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o adhesión a organizaciones partidarias, sociales, sindicales y de otra índole.
Tampoco podrá influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos y en la opinión pública. Tampoco podrá revelar o divulgar información adquirida en ejercicio de sus funciones a cualquier habitante o a personas jurídicas.
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